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Violencia digital: el frente de batalla más reciente del movimiento por los derechos de las mujeres

Por primera vez, México ha declarado ilegal compartir sin autorización imágenes íntimas. Por lo general, las mujeres son el objetivo de este tipo de delitos.

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Cyberviolence: The Latest Battlefront Over Women’s Rights

Illustration by Matt Haney, GPJ

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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MÉXICO — Viridiana solo estaba comprando un celular. La mujer de 24 años, madre de dos, esperó mientras el vendedor transfería el contenido a su nuevo dispositivo. No pensó mucho en eso.

Después, cuando volvió a su casa en San Cristóbal de Las Casas, a casi 900 kilómetros al sureste de la Ciudad de México en el estado de Chiapas, las notificaciones telefónicas le informaron que había “compartido satisfactoriamente” cuatro fotos, imágenes íntimas suyas.

Pensó: ¿Cómo fue posible? ¿Quién las compartió? ¿Con quién?

El vendedor y sus compañeros de trabajo confesaron, explica Viridiana, pero ella no supo qué hacer. Después de sobreponerse, contrató a una persona que la defendiera.

“Pensé que seguro se lo han hecho a más mujeres que no se han dado cuenta. Quiero que reciban un castigo para que sepan que, si lo vuelven a hacer, puede haber más consecuencias”, dice Viridiana, quien pidió no ser identificada plenamente para protegerse del estigma injustificado.

La violencia digital no es nueva en México. Lo que sí es nuevo es que mujeres como Viridiana están haciendo algo al respecto.

La violencia digital se ha convertido en el campo de batalla más reciente en la lucha por los derechos de las mujeres en México, conforme una oleada de activismo ha suscitado reformas legales que abordan lo que algunas personas expertas dicen es una crisis a la que la policía, jueces e incluso las mujeres han restado importancia durante mucho tiempo.

"Quiero que reciban un castigo para que sepan que, si lo vuelven a hacer, puede haber más consecuencias”.

En México, la violencia en contra de las mujeres llama cada vez más la atención pública. Desde 2015, los casos de feminicidios registrados, en los que niñas y mujeres son asesinadas a causa de su género, aumentaron más del doble, y llegaron a 940 el año pasado, según las estadísticas gubernamentales.

Entre 2019 y 2020, las llamadas de emergencia, tanto de mujeres como de hombres, relacionadas con el acecho o el acoso sexual, aumentaron un 12%, hasta 8,376. La violencia en contra de las mujeres detonó una serie de protestas, incluida la toma persistente del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Las protestantes convirtieron el lugar en un refugio para mujeres.

Los ataques hacia las mujeres se extendieron a internet. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor de 9.4 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2019. Un informe de 2020 de Luchadoras, una organización defensora de los derechos de las mujeres, descubrió que en los casos de imágenes íntimas que se comparten sin consentimiento, las mujeres son el blanco el 84% de las veces.

Otro informe de Luchadoras, que analizó 2,143 casos desde 2017, señala que las procuradurías suelen retrasar los casos, algunos hasta por más de tres años. Solo el 17% de los casos iniciados se resuelven por la vía judicial.

A la cabeza de la lucha por el cambio se encuentran mujeres como Olimpia Coral Melo Cruz, activista del estado de Puebla que inspiró la Ley Olimpia, un paquete de reformas diseñadas para reconocer, prevenir y sancionar la violencia digital. Veintiocho estados ya firmaron las reformas, entre ellos Chiapas, el estado más meridional de México.

Melo Cruz vivió en carne propia la violencia digital hace seis años, cuando quien entonces era su pareja publicó en internet un video sexual en el que ella aparecía.

El video se hizo viral. Melo Cruz se encerró en su casa durante varios meses e intentó suicidarse en tres ocasiones.

“La violencia digital daña”, dice Melo Cruz, ahora de 24 años, al dar una plática en una escuela secundaria.

“A lo mejor en este salón hay niñas exhibidas, que han pensado en suicidarse, que han compartido contenido. Conocen nuestras caras, nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no son para diversión en las redes sociales”.

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Marissa Revilla, GPJ México

En febrero de 2019, Olimpia Coral Melo Cruz habla en un foro sobre violencia digital y leyes, que se realizó en la legislatura estatal de Chiapas. Ella ha estado al frente de una campaña para reformar las leyes sobre la violencia digital en México.

En ese momento, la policía de Puebla, a casi 700 kilómetros al noroeste de Chiapas, no tenía una categoría para ese tipo de delitos, así que no pudieron acusar a su expareja.

Con el apoyo de mujeres sobrevivientes y de colectivos feministas, Melo Cruz abogó por cambios en la ley.

En noviembre, con una votación de 87 a 0, el Senado de México aprobó las enmiendas de la Ley Olimpia al Código Penal de la Federación y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las enmiendas exigen sanciones más rigurosas para el acoso virtual por parte del esposo, la pareja de hecho o “cualquier persona con la cual la víctima tiene o ha tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza”. Las condenas de prisión serán de tres a seis años.

La Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso, puede sentar precedentes este año. Y entonces la Ley Olimpia se convertirá en una ley a nivel federal.

En el último año, Puebla y otros estados también reformaron sus códigos penales para “reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales”, según un resumen del Orden Jurídico Nacional, un órgano gubernamental que compila y difunde las leyes y los reglamentos.

En marzo de 2019, la legislatura de Chiapas reconoció como delito “publicar, distribuir o compartir” contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento.

Compartir imágenes o videos sexuales no autorizados se tipificaba bajo otras categorías delictivas, dice Levi Francisco Pineda Rueda, inspector general de la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Convertirlo en un delito por sí mismo permite mayores sanciones legales, dice Pineda.

Pero algunas personas activistas dicen que las reformas se quedan cortas. Señalan, por ejemplo, que las leyes todavía no consideran como delito las amenazas por internet.

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En 2020, el Centro de Justicia para las Mujeres vio más casos relacionados con amenazas de publicar contenido íntimo sin consentimiento, dice su directora, Rocío García Cadenas, y añade que la ley debe atender tales amenazas con más seriedad.

Fabiola Gómez Domínguez, jefa del departamento jurídico del Centro de Justicia para las Mujeres, cuenta que el sistema de justicia minimiza la violencia cibernética y desanima a las mujeres a proseguir sus casos.

“Las sanciones son muy bajas, de tres a seis años. El proceso es bastante lento. Si la víctima no insiste, lo toman como falta de interés”, dice.

Viridiana dice que su propio caso la dejó paralizada. Su esposo no estaba en la ciudad. Se sintió asustada y confundida.

Los empleados en la tienda de celulares la exhortaron a que no hiciera nada. Le dijeron: “Solo son fotos”.

Su mamá la convenció. Le dijo a su hija: “No es un juego, no es una broma”.

Ahora Viridiana espera una audiencia.

Se dio cuenta de que “eso es violencia, que no está bien porque no di mi consentimiento. Y supe que tengo que decir lo que siento y ver la manera de que se haga justicia y no se quede así nomás”, declara.

Marissa Revilla es una reportera de Global Press Journal que vive en San Cristóbal de Las Casas, México. Marissa se especializa en historias sobre los derechos de la infancia y los conflictos de las comunidades indígenas en Chiapas.


NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN

Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.