Editorial Team
Publication Date
October 14, 2019
Ishbel Cora Rodríguez, GPJ Puerto Rico
Adriana Cabán Rosario, 20, sirviendo comida en el Comedor Social Universitario, una organización comunitaria ubicada en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Esta organización ofrece comida a cambio de trabajo voluntario o donaciones de alimentos o dinero. Cabán Rosario ha sido voluntaria en el comedor desde 2017 a cambio de cuatro comidas a la semana.
RÍO PIEDRAS, PUERTO RICO — Adriana Cabán Rosario, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, se levanta a las 5 a.m. para ir desde la casa de su familia en Carolina al campus de Río Piedras, situado en el noreste de la isla.
Su clase de métodos cuantitativos termina a las 9:50 a.m. Su próxima parada es en el Comedor Social Universitario, un programa basado en donaciones y voluntariado en donde ella pone las mesas, sirve comida, lava platos y saca la basura.
Cuatro horas de trabajo voluntario en el comedor le dan acceso a cuatro almuerzos por semana.
Cabán Rosario, que estudia Administración de Empresas en la universidad pública, señala que antes de ser voluntaria en el comedor, tenía que elegir entre comprar libros o alimentarse.
“Sin la ayuda del comedor, el dinero que uso para la universidad lo tendría que usar para comida”, dice.
El costo anual de las clases se duplicó antes del inicio del semestre en agosto de 2018. Y volvió a subir este año, por recomendación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, una junta que fue creada por el gobierno federal de los EE.UU. para reestructurar las finanzas de la isla – incluida una deuda de más de 70 mil millones de dólares.
La deuda misma ha sido un asunto que se viene disputando hace mucho tiempo en la isla.
Investigadores en derechos humanos y expertos jurídicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y del Instituto Caribeño para los Derechos Humanos señalaban en un estudio de 2016 que la deuda, que a menudo se atribuye solo a la mala gestión económica, se remonta a políticas tributarias de los EE.UU. que eliminaron los incentivos para establecer empresas en la isla y limitaron el crecimiento económico.
En medio de recortes presupuestarios en sectores como salud y seguridad, estudiantes de la universidad pública de Puerto Rico vieron cómo el costo de las clases subió de $57 a $124 por crédito en el año escolar 2019-2020. Y, de acuerdo a los planes fiscales de la Universidad de Puerto Rico, solo se espera que los costos sigan aumentando. Para 2023, estudiantes como Cabán Rosario deberán pagar $157 por crédito para matricularse a nivel subgraduado en cualquier recinto de la Universidad de Puerto Rico. La mayoría de los estudiantes toman 15 créditos por semestre.
Cabán Rosario depende de una beca del gobierno federal de EE.UU. llamada Beca Pell para cubrir el costo de sus estudios. La beca es selectiva y se otorga solo a ciudadanos estadounidenses que demuestran una necesidad financiera excepcional. Pero Cabán Rosario señala que el estipendio que recibió el semestre pasado, por un monto de $2,500, no cubrió el costo de sus clases y los pagos necesarios para el uso de instalaciones y tecnologías.
Debido a esto, Cabán Rosario, comenzó a ahorrar en otras áreas, tales como alimentos, que tienen un precio notoriamente alto en la isla. Una política de los EE.UU. denominada Jones Act es responsable de esto; la misma estipula que todo lo que se importa y exporta entre puertos estadounidenses, incluyendo a Puerto Rico, debe transportarse en buques de dicho país principalmente por tripulaciones estadounidenses.
Basado en un estudio reciente de Advantage Business Consulting, con el Jones Act en vigor, cuesta $3,027 en promedio enviar productos alimenticios en containers a Puerto Rico en una nave estadounidense. Un envío internacional similar costaría $1,206.
Belkis Moya, fundadora del Mesón de Amor, un proyecto comunitario que ofrece cenas gratis a estudiantes de recursos financieros limitados, dice que sirve comida a unos 100 estudiantes por día. Moya señala que los estudiantes que tienen dificultades financieras merecen una comida gratuita.
“Tienen que coger becas y préstamos para estudiar y luego tienen que vivir toda la vida pagando esos préstamos”, dice Moya.
En 2017, el Comedor Social Universitario servía alrededor de 70 almuerzos por día. Actualmente, esa cifra casi se ha duplicado a 120, lo que representa un aumento de 71%, señala Paola Aponte Cotto, que coordina la Cocina Rebelde en donde se prepara el arroz, el pollo, la pasta y las verduras que se sirven en el comedor social.
“Cada vez más estudiantes sufren hambre” manifiesta Aponte Cotto.
Tanto el Comedor Social Universitario como la Cocina Rebelde son proyectos del Centro de Desarrollo Político, Educativo y Cultural, una organización sin fines de lucro en Puerto Rico. Las ventas de la Cocina Rebelde apoyan a los Comedores Sociales de Puerto Rico, incluido el del recinto de Río Piedras.
“El nacimiento del comedor se debe a que la mayoría de nosotros somos estudiantes o ex alumnos, y que muchos de nosotros sufrimos la falta de acceso a alimentos de calidad” señala Aponte Cotto.
Si bien se sugiere una donación de $5 por comida en el Comedor Social Universitario, la donación promedio es de $1.80 y muchos de los estudiantes se ofrecen como voluntarios a cambio de una comida gratis.
“Es obvio que la gente no tiene dinero para comer” dice Paola Ortiz Castro, que es voluntaria en el comedor. Castro comenzó a trabajar como voluntaria en 2017, cuando comenzó a tener problemas para costearse la comida en el campus.
Una estudiante graduada que desea mantener el anonimato señala que antes de conocer el Mesón de Amor, acostumbraba saltar comidas para ahorrar dinero. Pero ahora, no se preocupa tanto al respecto.
“Como está el Mesón de Amor sé que, aunque no almuerce, voy a cenar”, dice.
María Cristina Santos, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
Puerto Rico es una isla en el Caribe. Es un territorio no incorporado de los Estados Unidos con estatus de autogobierno, lo que quiere decir que los Estados Unidos controlan Puerto Rico pero la gente de Puerto Rico elige a su propio Gobernador, su propia Asamblea y su propio Senado.
Los puertorriqueños tienen ciudadanía de los Estados Unidos y pueden moverse libremente entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Los Puertorriqueños que residen en los Estados Unidos tienen el derecho de votar por el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, los puertorriqueños que viven en la isla de Puerto Rico no pueden votar por el presidente de los Estados Unidos.
Puerto Rico es el hogar de 3,2 millones de personas. Pero el número de personas que vive en Puerto Rico ha disminuido drásticamente desde 2004. Puerto Rico tuvo el descenso más significativo de su población en 2017, después de que el huracán María devastara a Puerto Rico. 5,1 millones de personas que viven en los Estados Unidos se consideran de origen puertorriqueño. Cerca de un tercio de esas personas nacieron en Puerto Rico.
Puerto Rico tiene una deuda de 73.000 millones de dólares con los Estados Unidos. Pero, al ser un territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico no puede declarar bancarrota como sí lo pueden hacer los estados estadounidenses. En 2016, el presidente Barack Obama y el Congreso aprobaron la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) para supervisar el plan fiscal de Puerto Rico y resolver la deuda de Puerto Rico con los Estados Unidos. Siete miembros, nombrados por el presidente de los Estados Unidos, son parte de la junta de Promesa. El gobernador de Puerto Rico nombra un miembro adicional ex officio.
La compleja relación financiera entre los Estados Unidos y Puerto Rico se remonta al Decreto de Mercantes Marinos de 1920, comúnmente conocido como el Decreto Jones. El Decreto Jones exige que todos los bienes que son enviados a Puerto Rico sean despachados por una embarcación estadounidense con tripulación principalmente estadounidense. Según un estudio realizado por Advantage Business Consulting, el Decreto Jones aumenta drásticamente el costo de artículos de uso diario, como los alimentos. Enviar contenedores a Puerto Rico cuesta 3.027 dólares, mientras que un envío internacional similar, que no esté sujeto al Decreto Jones, costaría 1.206 dólares.
La política en Puerto Rico es dominada por la pregunta sobre la relación actual de Puerto Rico con los estados Unidos. El Partido Popular Democrático apoya el estatus actual de Puerto Rico, mientras que el Partido Nuevo Progresista espera que Puerto Rico se convierta en el estado 51 del país. Un tercer partido más pequeño, el Partido Independentista Puertorriqueño, busca que Puerto Rico se convierta en un país independiente.
