Editorial Team
Publication Date
February 5, 2018
Marissa Revilla, GPJ México
Margarita Gómez López está de pie con su hijo, quien era un bebé cuando ella y su esposo fueron enviados a la cárcel. El bebé y sus seis hermanos mayores se quedaron solos. Sus defensores dicen que el gobierno falló en seguir sus propios protocolos para garantizar que los niños recibieran la atención que necesitaban.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MÉXICO — Margarita Gómez López estaba parada junto a la tumba de su cuñado cuando la policía llegó a arrestarla.
El bebé de seis meses que llevaba en sus brazos comenzó a hacer un escándalo. La policía le gritó a Gómez López, exigiéndole que callara a su bebé. La llevaron a la oficina local de gobierno, donde Gómez López, ahora de 36 años, se encontró con su esposo, David Hernández Gómez, quien había sido arrestado cuando había ido a organizar el funeral de su hermano.
Su hermano había sido asesinado de un golpe en la cabeza (su familia dice que nadie sabe quién lo hizo o por qué) y su cuerpo fue abandonado en la calle.
Margarita Gómez López y su esposo también dicen que no saben por qué la policía los arrestó o por qué tuvieron que sufrir todo lo que sucedió después.
David Hernández, un campesino delgado, fue golpeado. Margarita Gómez López recibió amenazas de violación. Eventualmente, dice la pareja, fueron obligados a firmar papeles en los que confesaban el asesinato del hermano de David. Ninguno leyó los papeles, pues ambos son analfabetas.
Dos días después, fueron llevados a la cárcel. No hubo audiencia en la corte, ni un veredicto que los declarara culpables. Activistas de derechos humanos dicen que la policía estaba buscando un chivo expiatorio para culparlo del asesinato y encontró a Margarita Gómez López y a David Hernández Gómez, una pareja indígena y pobre, sin los recursos para poder defenderse.
Sus siete hijas e hijos, incluyendo el bebé, que todavía estaba lactando, fueron dejados solos en la humilde casa de concreto de la familia. Eso fue en 2014.
Las hijas mayores, que ahora tienen 18 y 19 años, les ayudaron a sus hermanos a empacar algunos artículos necesarios y el grupo salió a buscar un lugar para vivir. Primero fue en la casa de una prima. Luego vivieron en la casa de una tía y luego con otros parientes, amigos y hasta con una profesora.
Una de las hijas dice que buscó trabajos esporádicos como lavar ropa, lavar platos o hacer aseo. Pero dice que se sentía vulnerable y que fue maltratada y abusada.
“Estaban en cualquier casa, pasaban en otra casa, de ahí pasaban en otra casa, [es] lo que me decía la gente”, dice Margarita Gómez López.
La policía sabía de las y los niños pero no hizo nada para asegurarse de que recibieran cuidados, dice Rocío García Cadenas, una abogada de derechos humanos de Mujeres Libres COLEM, la organización que representó a las y los niños en una demanda en contra del estado que terminó a finales de 2017.
Las y los siete niños, incluyendo a un bebé vulnerable, no recibieron asistencia de las autoridades, dice García Cadenas.
“Fueron negligentes”, dice.
García Cadenas dice que el objetivo de la demanda era forzar al estado a responsabilizarse públicamente de lo que había sucedido y asegurarse de que se creara un nuevo protocolo para que las y los hijos de las personas en prisión no vuelvan a ser abandonados.
Hay leyes que garantizan que las y los niños cuyos padres o guardianes han sido encarcelados reciban asistencia, pero no hay directrices de cómo hacer que esto suceda. Como resultado, dicen los activistas, esas niñas y niños suelen ser abandonados en situaciones vulnerables.
Puesto que sus padres están en la cárcel, hay unos 450.000 niños y niñas en México que viven con personas con las que no tienen parentesco, según dice Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Red por los Derechos de la Infancia en México, una organización que vela por los derechos de los niños.
Hay una alarmante falta de información sobre el bienestar de esos niños, dice Pérez García.
“No sabemos con exactitud cuáles son sus condiciones, qué tanto les representa una ventaja, una oportunidad, o [si] están siendo víctimas de esta transmisión cultural negativa de abusos físicos en trabajo doméstico, o abusos sexuales”.
El caso de los niños Gómez López resalta la debilidad del sistema, dice Jennifer Haza Gutiérrez, la directora de la organización Melel Xojobal. La Procuraduría no hizo nada para garantizar que los niños pudieran vivir seguramente y juntos como una familia, dice.
El sistema debería funcionar automáticamente, dice Pérez García, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Los niños que están en la escuela y, por lo tanto, el estado tiene documentados, deberían desatar una alarma cuando alguien en su casa es arrestado, dice. Esos niños deberían ser reportados automáticamente a la agencia local de protección de la infancia, para que así las autoridades puedan examinar las opciones y asegurarse de que los niños reciban la atención que necesitan.
El objetivo no es encerrar a los niños en alguna institución, sino poder manejar su situación de tal manera de que no se queden solos.
Los niños de hasta seis años tienen el derecho de vivir en la cárcel con su madre, padre, o algún pariente, dice Haza Gutiérrez.
Si un padre o guardián que esté en la cárcel no puede cuidar de un niño, o si el niño es mayor de seis años, entonces tanto las leyes estatales como las federales obligan a las autoridades a buscar parientes que cuiden del niño. Si esa opción no funciona, se considera poner al niño en cuidado adoptivo.
Las autoridades están obligadas a considerar la cultura, dice Haza Gutiérrez. Los niños deben ser puestos en una situación que sea culturalmente reconocible, dice.
En el caso de las y los niños Gómez López, dice Gutiérrez, el estado fue negligente “en haber delegado casi casi por completo la responsabilidad de la atención, del cuidado, de la crianza de estas niñas, niños, a los centros de asistencia social”.
David Hernández Gómez y Margarita Gómez López fueron liberados en octubre de 2016 y sus sentencias fueron suspendidas. Todavía son considerados culpables, pero su tiempo en prisión acabó. Y tendrán que vivir con pasados criminales.
Encontraron a sus hijos viviendo en la casa de una de sus profesoras.
El caso de los y las niñas contra el estado se fue a juicio en abril de 2017. En noviembre la corte ya había identificado una serie de directrices estatales, federales e internacionales que las autoridades locales no habían seguido. Pero no es claro si el caso tendrá algún impacto en el futuro. No hubo cambios locales de inmediato. Según lo que sabe la familia, ningún oficial ha sido siquiera sancionado.
La experiencia dejó un saldo permanente.
“Hay mucho dolor en la familia”, dice García Cadenas.
Margarita Gómez López, ya reunida con su bebé, que ahora tiene tres años, lamenta el tiempo que no pudo pasar junto a él. Sus hermanas mayores lo cuidaron mientras que Margarita estaba en la cárcel. En su opinión, la separación pudo haber sido fatal, pues él sólo se había alimentado de leche materna.
“Lo que me da harto coraje esos años que fui a perder, [fue] que no estuve con mis niños, que no estuve [con] ese bebé que, gracias a mi señor, no murió”, dice.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
