Argentina

Recortes al presupuesto amenazan el acceso a la educación virtual

La pandemia ha hecho que el acceso digital sea sumamente importante, pero un programa que ofrece computadoras a estudiantes es cada vez menos capaz de satisfacer las necesidades.

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Budget Cuts Threaten Access to Virtual Education

Lucila Pellettieri, GPJ Argentina

Michele Sabrina Hinojosa, de 16 años, usa una computadora que el sistema escolar le dio a su hermana menor hace cinco años. La computadora no funcionó bien durante gran parte del año escolar 2020.

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BUENOS AIRES, ARGENTINA — Romina Cejas, una ama de casa y niñera desempleada, tuvo que tomar una difícil decisión el año pasado: comprar datos de internet para que sus hijos pudieran tomar clases virtuales, o alimentar a su familia.

“Tuvimos que empezar a ir a un comedor porque no nos alcanzaba para comprar internet y seguir comprando la comida”, dice Cejas, de 39 años.

En marzo de 2020, después de que la pandemia de coronavirus forzó a Argentina a recurrir a las clases virtuales en todo el país, el hijo de Cejas, Axel Pedernera, y sus dos hermanos mayores se turnaron para usar los dos teléfonos celulares de la familia.

No tienen computadora ni señal de wifi en casa, y comprar datos es costoso. Desde abril de 2020, Cejas solicita la ayuda del programa del Ministerio de Educación de Buenos Aires que apoya a estudiantes con computadoras y servicio de internet. Dice que no recibió respuesta.

“Yo estaba esperando que me den la compu para hacer los trabajos. Fue como medio decepción. Ahora ya no creo que pase”, señala Axel, de 15 años.

El programa, Plan [email protected] BA, fue diseñado para ampliar el acceso digital de docentes y estudiantes, pero este año, el gobierno de Buenos Aires disminuyó los fondos para esta iniciativa.

Al regresar las clases en marzo en una modalidad que alterna el aprendizaje presencial y virtual, a docentes, padres y madres les preocupa que la reducción del presupuesto profundice la brecha digital entre el alumnado más privilegiado de la ciudad y el más pobre.

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Lucila Pellettieri, GPJ Argentina

Michele Sabrina Hinojosa y su hermana, Rocío Romero, usaron un teléfono celular para hacer sus tareas escolares durante parte del año escolar 2020.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de defensa de los derechos humanos, asegura que el presupuesto para el Plan [email protected] BA se ha reducido en 48% desde 2019, teniendo en cuenta la inflación.

La ACIJ dice que, a finales de 2020, 372 millones de pesos argentinos se transfirieron del presupuesto del Plan [email protected] BA al de la educación privada, situación que el gobierno niega.

“Es muy negativo el recorte del Plan [email protected], al revés, deberían destinarle más fondos. Debería existir un programa masivo de distribución de dispositivos. Los que se quedaron afuera fueron los estudiantes más pobres”, declara Amanda Martín, secretaria sindical de la Asociación Docente Ademys.

Creado en 2011, en un principio el Plan [email protected] BA le entregaba una computadora a cada estudiante y docente de las escuelas públicas. Podían llevarse las computadoras a casa y tenían acceso a ellas durante las vacaciones escolares.

Esto cambió en 2018, cuando los y las estudiantes dejaron de recibir una computadora propia. Solo podían usar las computadoras en grupos en la escuela.

En mayo de 2020, la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad permitió que las escuelas prestaran el equipo del Plan [email protected] BA a estudiantes en situación socioeconómica vulnerable que no tenían otros dispositivos.

Según el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el alumnado recibió un total de 31,298 computadoras en 2020. Pero la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia dice que en un sistema compuesto por 712,640 estudiantes, más de 68,000 aún no tienen acceso a una computadora.

Por otro lado están estudiantes como Michele Sabrina Hinojosa, que tiene asma y se contagió de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, en 2020. Asistir a clases presenciales sería un gran riesgo para su salud.

Hinojosa, de 16 años, puede usar la computadora de su hermana menor, que la familia recibió por medio del Plan [email protected] BA hace cinco años. Su madre, Patricia Romero, trabaja en un comedor comunitario y como empleada de mantenimiento en el Barrio 20, un barrio de Buenos Aires. La familia alquila una habitación que tiene una pequeña ventana y una mesa que sirve como encimera, mesa para comer y escritorio.

“Yo estaba esperando que me den la compu para hacer los trabajos. Fue como medio decepción. Ahora ya no creo que pase".

El hogar donde alquilan la habitación casi no tiene señal de celular. Romero tiene que comprar datos de internet que apenas puede costear.

“Teníamos que cargar 300 o 400 pesos por día para poder tener las clases. Todos mis ahorros me gasté entre fotocopias e internet”, explica Romero.

Bernardo Pérez Etchegoyen, docente de la escuela media donde estudia Axel, cuenta que el alumnado sin conectividad o acceso a una computadora pierde al menos 10 horas de clases por semana.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ha demandado al gobierno de Buenos Aires, con la esperanza de obligar al gobierno a proporcionar servicio de internet y dispositivos para estudiantes, como Hinojosa, que no pueden asistir a las clases en persona.

Pérez Etchegoyen cuenta que, por ejemplo, solo el 10% de los y las estudiantes de su escuela eligió asistir a clases presenciales.

Las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se negaron a dar una entrevista. El Ministerio de Hacienda y Finanzas informó en respuesta a un pedido de información pública realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que la pandemia redujo drásticamente la recaudación de impuestos de la ciudad, y que el gobierno federal también disminuyó la asignación de fondos federales para la capital, lo que obligó a recortar el presupuesto.

En una carta enviada a la organización en marzo, el ministerio también dijo que “fueron reasignados 372 millones [de pesos] pertenecientes al Plan Sarmiento hacia otra partida presupuestaria del Ministerio de Educación, correspondientes al pago salarial docente”.

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Lucila Pellettieri, GPJ Argentina

Michele Sabrina Hinojosa, a la izquierda, revisa la tarea que hizo su hermana, Rocío Romero, de 13 años, en la computadora de Rocío.

A principios de mayo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció un plan nacional, conocido como Juana Manso, para entregar este año ordenadores a 633,000 estudiantes de secundaria que han perdido el contacto con sus escuelas. Argentina también ampliará sus redes de fibra óptica para mejorar el acceso a internet en todo el país, dijo Fernández.

“Si bien el Plan Federal Juana Manso es un grandísimo avance, es evidente que esta política educativa y de conectividad, tiene que mantenerse en el tiempo y buscar alcanzar a todas las niñas y niños”, dice Francisco Rodríguez, integrante del programa niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

La familia de Axel vive en un apartamento en el sureste del animado barrio porteño de La Boca, una comunidad aficionada al fútbol, famosa por sus edificios coloridos, el tango y un alto nivel de delincuencia. Los proveedores de servicios de internet evitan la zona debido a la inseguridad, destaca Cejas.

Axel y sus dos hermanos, de 19 y 17 años, se las tuvieron que arreglar con los dos celulares. Axel dice que para él era difícil escribir las actividades más largas con un celular, así que por las noches iba a casa de su abuela, cuando ella no estaba usando la computadora para trabajar.

Dice que le dejaban cinco o seis tareas a la semana, y se tardaba hasta tres horas en cada una. Su hermano, Santiago Pedernera, tenía tareas de la escuela técnica que requerían todavía más tiempo.

Cejas espera que en algún momento sus hijos puedan recibir al menos una de las computadoras del plan Juana Manso. “Ojalá que les llegue pronto porque mis chicos trabajan con celular y se complica”, dice Cejas.

Lucila Pellettieri es reportera de Global Press Journal, radicada en Buenos Aires, Argentina.


NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN

Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.