Editorial Team
Publication Date
August 14, 2023
Coraly Cruz Mejías, GPJ Puerto Rico
Ramonita Méndez mira en su celular una foto del mar cercano a su hogar, en el sector Tablonal, una zona afectada por inundaciones provocadas por desbordes del río Culebrinas.
AGUADA, PUERTO RICO — En los alrededores de lo que fue una pujante central azucarera crecieron generaciones de familias mediadas por un río y el amplio mar. Aquellos tiempos siguen vívidos en la memoria de Nicolás Acevedo Torres, de 80 años. “Iba a recoger los almuerzos casa por casa para llevarlos a [la central azucarera] Coloso y ponerlos en una esquinita y volver a la escuela”, dice con rostro alegre mientras muestra el huerto de su casa.
Desde la llegada de la temporada de huracanes en junio, aumentan las lluvias, y esa alegría se desvanece. La ansiedad y el desasosiego en los residentes del área se acrecientan, en especial, por el recuerdo del brutal impacto del huracán María, que en 2017 destruyó la región, convirtiéndose en el ciclón más devastador de su historia. El acecho de las posibles inundaciones que traen los huracanes y el actual resurgimiento de un proyecto de mitigación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE, por sus siglas en inglés) para evitarlas, preocupa a los vecinos que creen hará un daño irreversible en el ecosistema.
“Cada vez que entran estos tiempos malos [por las lluvias] está todo el mundo con los nervios de punta. Espero inundaciones”, dice Acevedo Torres.
El río Culebrinas baja desde los cerros y recorre 37 millas (60 kilómetros) hasta desembocar como un parteaguas entre los municipios de Aguada y Aguadilla, en la costa oeste de Puerto Rico. Hasta diciembre, las lluvias dominan el clima y el río crece, habiendo inundado en el pasado más de 1,500 acres (607 hectáreas) de terreno, comunidades con más de mil habitantes, caminos principales y carreteras de la zona.
Los vecinos aprendieron a vivir con estas inundaciones centenarias, pero el cambio climático ha generado una alerta, sobre todo tras el devastador impacto del huracán María.
“Estoy traumatizado”, dice el agrimensor Julio César Cajigas, quien perdió sus pertenencias cuando el agua alcanzó su casa en 2017. “Uno quiere sacárselo de la mente pero todo el mundo se siente afectado”.
El Congreso federal autorizó en 2022 una asignación de casi 26.5 millones de doláres estadounidenses para que USACE reactivase un proyecto de mitigación para el control de inundaciones del río Culebrinas, que se había aprobado en 2000 pero estuvo dormido hasta ahora.
En aquel momento, “la gente estaba de acuerdo con que se hiciera el proyecto”, dice Olga Vega, maestra del barrio Espinar, en mayor riesgo por su cercanía al mar. A más de dos décadas desde la primera propuesta, los vecinos exigen estudios de impacto ambiental actualizados y que el proyecto garantice “justicia ambiental”. Para ellos, la propuesta actual “es un monstruo”, dice Vega.
El proyecto de USACE construirá dos diques con canales de drenaje de unas 2.05 millas (3.3 kilómetros) de extensión y casi 23 pies (7 metros) de ancho, en medio de una reserva natural conocida como Caño Madre Vieja, un canal de humedales con ciclos naturales para descarga de agua de río y retención de agua de mar, que incluirá tres carriles pavimentados. La finalidad es evitar inundaciones en unas 800 residencias, 100 negocios y 24 edificios públicos, incluida una iglesia fundada en 1525.
Pero este proyecto solo atenderá a una porción de los afectados por las inundaciones. Tablonal, donde viven Acevedo Torres y Cajigas, quedará a expensas de un futuro incierto. Aunque sufre inundaciones tres o cuatro veces al año, Tablonal quedó — por falta de fondos — fuera del proyecto de mitigación. Sin embargo, USACE dice que planea extraer parte de la arena para el proyecto en el barrio Espinar de los areneros de Tablonal, pero allí no hay areneros.
Global Press Journal contactó a USACE para pedirle una entrevista y aclarar de dónde saldrá la arena, entre otros puntos, pero no fue concedida. El Cuerpo de Ingenieros se limitó a responder sobre los areneros en una misiva, diciendo: “Aunque este informe es uno de los últimos completados para el proyecto antes de que entrara en pausa en 2020, actualmente nos encontramos en fase de estudio”. A los vecinos les preocupa que la arena provenga de las playas, como ha ocurrido con otras construcciones en Puerto Rico en el pasado. Por eso, esta comunidad teme que solucionar las inundaciones de sus vecinos de Espinar termine agravando las suyas propias.
Para el planificador urbano Pedro Cardona Roig, es necesario evaluar los impactos en todas direcciones “porque puedes estar resolviendo la inundación por el río y exacerbando la inundación por marejada al eliminar elementos de barrera costanera” como la arena necesaria para el proyecto.
Este aspecto también preocupa a Ana Navarro Rodríguez, especialista en ecosistemas costeros del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, quien lleva dos décadas asesorando a la comunidad y considera al proyecto agresivo y causante de daños irreparables.
Los materiales de construcción trastocarán los humedales y el mangle del Caño Madre Vieja y los diques podrían dispersar el agua acumulada hacia los valles habitados, dice Navarro.
“Al colocar dos diques va a entrar constante agua de mar. Eso no ocurre en esta época del año. Entra agua de mar, pero es una entrada balanceada porque el Caño [Madre Vieja] cierra y abre por distintas áreas y se mantiene siempre el balance [entre el agua dulce y la de mar]. Al dejar este canal abierto, la salinidad será bien alta en el estuario. Va a cambiar completamente el ecosistema. Lo van a destruir”, dice Navarro.
Los estudios ambientales de USACE databan de 2004. Tras reclamos de los vecinos, se actualizaron en 2020. En ellos, USACE reconoce que 10 acres (4 hectáreas) de humedales se verán inevitablemente impactados en los antiguos campos de caña de azúcar, pero asegura que serán reemplazados con otros 12 acres (casi 5 hectáreas) de humedales. USACE también dijo por escrito a Global Press Journal que realizará estudios hidrológicos e hidráulicos. “Estos nuevos datos de campo nos ayudarán a validar y perfeccionar el diseño del proyecto, así como los distintos aspectos relacionados con los humedales, la adquisición de bienes inmuebles y las iniciativas de ingeniería con la naturaleza”.
A Ramonita Méndez, vecina de Tablonal, le tiembla la voz al hablar sobre las posibles consecuencias del proyecto de mitigación en su barrio, donde hay más de 300 hogares. “Es un atropello total para la comunidad. No nos protegen en nada”, dice.
Aunque hasta ahora han quedado fuera del control de inundaciones, en Tablonal temen ser expropiados por el auspiciador local del proyecto, el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Pero aún es una etapa temprana para conocer dónde se expropiarán las viviendas. Esa misma falta de información llena de angustia a estos residentes.
Lo que se sabe por un informe de USACE es que entre 2027 y 2030, el Departamento de Transportación y Obras Públicas deberá reubicar “instalaciones y servicios públicos”. Además, identificó, utilizando solo Google Earth, al menos nueve casas y dos negocios a ser relocalizados. Pero una evaluación presencial podría demostrar que hay más estructuras a ser reubicadas, según admite ese informe.
“Nos sentimos abandonados y también traicionados porque nadie asume una postura sobre esta situación”, dice Gloria Aquino, de 62 años, sobre la posibilidad de perder su casa en Tablonal como ocurrió en 2017. “[Siento] un poquito de temor, pero no pienso mucho en eso, porque se enferma uno”, dice. Con cada alerta de inundación, se refugia en casa de su hija. “Aunque tengo a dónde ir, no es fácil. Quizás al regresar todo esté dañado”.
Los residentes reconocen que viven en un entorno de riesgos. Las construcciones sobre el valle, los desperdicios que bajan por el río, las marejadas y la erosión costera pintan un panorama cada vez más complicado. El ecosistema no es el mismo que cuando se mudaron hace décadas y piden soluciones que lo consideren.
USACE sostiene que tuvo en cuenta otras opciones, como mantenimiento de canales o muros de contención, pero sus estudios indican que los diques brindarán la protección más efectiva a largo plazo. Mientras tanto, los vecinos intentan no hundirse en el desasosiego y demandan alternativas que les permitan conservar sus hogares y la naturaleza que los rodea. “Vale la pena vivir aquí”, dice Vega. “Vivimos en un paraíso”.
Coraly Cruz Mejías es reportera de Global Press Journal, establecida en Puerto Rico.
