Mayela Sánchez, GPJ México
La gente que vive cerca de explotaciones mineras muchas veces es la última en enterarse de esos proyectos. Así ocurrió en Tlamanca, un poblado en la región montañosa del estado de Puebla. Según cuenta Refugio Villegas García, de 63 años (centro), allí se otorgó concesión minera a una empresa antes de que los habitantes lo supieran. Villegas García dice que muchos residentes tienen miedo de cómo la minería puede afectar el suelo y el agua, que son dos bienes de primera necesidad para la agricultura en la zona.
TECOLTÉMIC, MÉXICO — Hace tres años, Nicéforo Lobato Martínez comenzó a ver camionetas pick up 4×4 color naranja circulando por los sinuosos caminos de grava y tierra que bordean el poblado de Tecoltémic, en el municipio de Ixtacamaxtitlán.
Este poblado está ubicado en la Sierra Norte, un conjunto montañoso que abarca 68 municipios del estado central de Puebla, México. La mayor parte del área es rural, y muchos pueblos indígenas la consideran su casa.
“Llegaban camionetas, pero no sabíamos ni qué onda, de qué se trataba”, dice Lobato Martínez, de 54 años. “Ellos nunca nos dijeron ‘Venimos a esto, venimos a lo otro’”.
Tiempo después se enteró de que las camionetas eran conducidas por empleados de la minera canadiense Almaden Minerals. La empresa tiene dos concesiones que le fueron otorgadas a su subsidiaria, Minera Gavilán, según información de la Secretaría de Economía, encargada del sector minero en el país. Las concesiones le permiten a Almaden Minerals explorar la tierra en búsqueda de depósitos de oro y plata.
Las concesiones por 50 años fueron otorgadas en 2003 y 2009 y, en conjunto, abarcan una extensión de 14.229,55 hectáreas, según datos de la secretaría.
La gente que vive en Tecoltémic nunca fue informada sobre el otorgamiento de esas concesiones, según explica Leoncio Lobato Martínez, de 67 años, habitante de esta comunidad y hermano de Nicéforo Lobato Martínez.
Aun así no fue del todo sorpresivo. Según cuenta, gente de otros pueblos vecinos venía hablando de la llegada de empleados mineros.
Leoncio Lobato Martínez relata que eso era más común. Pero, en realidad recibir notificación por parte de la empresa, “nunca ha habido nada de eso”, dice.
Tecoltémic no es un caso excepcional.
Muchas veces, las comunidades o grupos que viven en las inmediaciones de los proyectos mineros son los últimos en enterarse de éstos, señala un informe de 2013 de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDI), encargada de las políticas públicas para la población indígena en el país.
Además, rara vez se les informa sobre los procedimientos que se emplearán para extraer metales y cómo éstos pueden afectar su salud, sus actividades y sus bienes, según el informe.
En México, el proceso para otorgar concesiones mineras no exige informar sobre el proyecto u obtener consentimiento de quienes viven dentro o cerca del área concesionada. La posibilidad de hacer consultas públicas es acotada, si es que acaso se realizan, y el gobierno no está obligado a considerar la opinión de la población local. El único escenario en el que la población local debe ser consultada es cuando la concesión minera tiene lugar en áreas propiedad de grupos indígenas o tribales, según lo establecido en 1989 en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo.
Cualquier persona puede hacer observaciones sobre el impacto ambiental de un proyecto, pero esas observaciones sólo derivan en reuniones públicas de información cuando la actividad en cuestión puede generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, según lo establece la ley mexicana.
Aun así, las observaciones que hagan las personas no impactan en la posible aprobación de un proyecto, según explica Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, una red de organizaciones y comunidades preocupadas por el impacto de la minería en el país.
En 2015, América Latina atrajo el 28 por ciento del gasto mundial en minería y exploración vinculada a dicho rubro, según un reporte de SNL Metal & Mining.
México es uno de los principales destinos de las empresas mineras.
Entre 1993, cuando comenzaron las negociaciones para la apertura comercial de México, y finales de 2012, se otorgaron 43.675 concesiones mineras, que en conjunto abarcan más de 95 millones de hectáreas, según el informe de la CDI.
Eso equivale al 48,8 por ciento del territorio de México.
En Puebla, hay al menos 774 concesiones mineras, de las cuales 263 están activas, según Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una organización de investigación sin fines de lucro cuya misión es mejorar la transparencia y la responsabilidad corporativa en la región.
La organización obtuvo los datos en agosto de 2016 a través de una solicitud de información pública. La información sobre concesiones está disponible al público, pero puede ser difícil de compilar y analizar.
En conjunto, esas concesiones cubren más de 1,3 millones de hectáreas, según información provista por la organización. Esto representa aproximadamente un 38 por ciento del estado de Puebla.
Toda tierra disponible que no se encuentre dentro de un área natural protegida, zona marítima, sitio arqueológico o asignación petrolera es susceptible de exploración minera, según la Secretaría de Economía.
Una vez que la empresa ubica el área de interés, presenta una solicitud de concesión minera. La opinión de las comunidades que viven en la zona concesionada no es tomada en cuenta.
Pero las concesiones sólo otorgan el derecho a explotar los minerales localizados en el subsuelo. Eso significa que el concesionario tiene que negociar el acceso a la superficie con el propietario del terreno debajo del cual está la concesión.
“En automático tú ya tienes una disputa, de alguna manera, entre la propiedad y quien tiene la concesión. Ahí hay problemas de origen. Es ilógico, pero así es”, dice Mijangos Leal.
El no consultar a la comunidad impactada por un proyecto minero implica discriminación, señala por su parte Edmundo del Pozo Martínez, investigador de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Esta organización ha trabajado con comunidades de la Sierra Norte en sus esfuerzos por defender las tierras contra la minería.
“Antes de dar cualquier tipo de permiso, justamente se debe incluir y considerar la visión que tienen las comunidades sobre su territorio, sus formas de desarrollo propio y cómo ellas consideran que van a ser impactadas por este proyecto”, dice del Pozo Martínez.
Rosario Uzcanga Vergara, directora de responsabilidad social y atención comunitaria en Almaden Minerals, afirma que la empresa se adhiere a las leyes sobre minería de México. Y asegura que la gente tiene derecho a pedir información, en cuyo caso la compañía cumplirá con los requisitos legales.
Asimismo, señala que Almaden Minerals ha organizado reuniones informativas en 27 comunidades, para que la gente se familiarice con la empresa y aprenda sobre la industria de la minería, y que la compañía no está obligada a hacer esto, sino que lo hace por considerar que es un acto de responsabilidad necesario.
“Nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de informar. Y la responsabilidad de los ciudadanos, pues, es informarse”, dice.
Para los campesinos, la tierra es muchas veces su posesión más preciada.
Diana Hernández Baltazar, de 22 años, es habitante de Tlamanca, un poblado del municipio de Zautla, donde hay una concesión minera en funciones desde 2002 para la extracción de oro, plata y cobre sobre un área de 100 hectáreas.
Ella dice que sus padres, ambos campesinos, le inculcaron el apego a la tierra.
“Más allá de tener dinero o más allá de tener riquezas, lo principal es lo que tenemos, que son nuestros recursos naturales y nuestra tierra. Nuestra tierra es lo que más se valora dentro de una comunidad”, dice.
Hernández Baltazar cuenta que entre 2011 y 2012, empleados de la empresa minera JDC Minerals, que tiene la concesión en Tlamanca, realizaban reuniones para informar a la gente sobre su proyecto. Pero asegura que sólo hablaban de los beneficios que la empresa llevaría a la comunidad.
Inconforme con el resultado de esos encuentros, María de los Ángeles Álvarez Reyes, de 31 años y también residente de Tlamanca, dice que comenzó a realizar sus propias reuniones para compartir información con sus vecinos sobre el proyecto minero.
Ella recuerda que en noviembre de 2012, los opositores a la minera convocaron a una asamblea en la que participaron personas de 32 comunidades del municipio. La gente decidió que no quería el proyecto minero y obligó a los empleados de la mina a retirarse de la comunidad en un plazo de 24 horas.
No hubo violencia durante el retiro, pero había mucha tensión porque algunos vecinos querían linchar a los empleados. La empresa minera, al notar la tensión, se retiró por voluntad propia.
La comunidad de Tecoltémic ha seguido otro camino. En 2015, presentó un amparo contra las autoridades que habían otorgado la concesión, según Iztel Silva, abogada en el caso y miembro de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación. La comunidad consiguió una suspensión temporal para evitar que la empresa realizara actividades en la zona, mientras sigue el juicio de amparo.
En el amparo se argumentó que se estaban violando los derechos a la tierra, el territorio y a la consulta de la comunidad, según explica Silva.
Álvarez Reyes asegura que la gente no dejará de combatir a las empresas mineras.
“Es importante porque nosotros somos los que vivimos aquí”, dice. “Por ejemplo, si se acaba el agua, somos nosotros los que vamos a ser afectados; si se secan los árboles, nosotros vamos a ser los afectados. Siento que si somos nosotros los que vivimos aquí es nuestro derecho decidir, o que el gobierno tiene la obligación de escuchar nuestra voz”.
Mar García, GPJ México, colaboró en el reporteo.
Ivonne Jeannot Laens, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
