Editorial Team
Publication Date
September 7, 2019
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MÉXICO — Maricarmen Escobar López, de 16 años, dejó su casa en Pijijiapan, una zona rural en la costa pacífica de Chiapas, el estado más al sur de México, el lunes 28 de marzo de 2016. Se iba a encontrar con sus amistades.
Nunca regresó.
Su madre, Cristina López Villa, dice que sabía que algo andaba mal cuando Maricarmen no contestó su teléfono. López Villa dice que reportó la desaparición de su hija más tarde ese mismo día, pero las autoridades le dijeron que tenían que esperar 72 horas antes de activar una Alerta Amber. Estas alertas, usadas en más de 30 países alrededor del mundo, notifican a la ciudadanía y a los medios sobre niñas y niños desaparecidos.
Más de 48 horas después, en la tarde del miércoles, una búsqueda grupal organizada por la comunidad persuadió a las autoridades de activar la alerta.
El 31 de marzo, Maricarmen fue encontrada estrangulada en un rancho cercano.
Si las autoridades no hubieran esperado para activar la alerta, López Villa dice, su hija podría haber sido encontrada con vida.
“Las tres primeras horas son claves después de la denuncia. Si se inicia la búsqueda inmediata se puede encontrar con vida”, dice Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim.
López Villa dice que estaba furiosa cuando se enteró más tarde que el Artículo 22 de la ley que creó y regula el Sistema de Alerta Amber de México no requiere para nada esperar 72 horas. Cuando las autoridades reciben una denuncia relacionada a la abducción o desaparición de un niño, niña o adolescente, “la activación [de la alerta] será de manera inmediata, sin dilación alguna”, dice el texto de la ley.
Hugo Alberto Flores Velasco, funcionario de la fiscalía local, confirmó que no hay un período de espera de 72 horas para las Alertas Amber.
“Tenemos instrucciones del Fiscal de Distrito de que la atención sea de manera inmediata”, dice. “No está fundado ni motivado el argumento de que tienen que pasar 72 horas”.
Usualmente, dice, las Alertas Amber no resultan en homicidios, como en el caso de Maricarmen.
“Hay menores que se fueron por primera vez, así que beben alcohol o son arrestados”, Velasco dice. “Como autoridad, los buscamos en buena fe. Lo registramos y luego devolvemos al niño”.
Las Alertas Amber también tienen otro propósito. Pueden ayudar a registrar y estandarizar datos específicos sobre la ubicación y el resultado de los casos de menores que han desaparecido. Pero esto no sucedió en el caso de Maricarmen. Luego, la investigación sobre su muerte generó frustraciones adicionales y expuso otras debilidades de la manera en la que el estado guarda datos relacionados con crímenes que involucran mujeres.
La policía no selló la escena del crimen y muchas personas caminaron por allí y miraron la escena, dice López Villa, la madre de Maricarmen. No está claro si hubo evidencia desplazada, o cuánta. La policía local de Pijijiapan no cuenta con profesionales forenses para realizar una autopsia de manera apropiada y las autoridades no llevaron el cuerpo a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.
El hombre acusado del asesinato de Maricarmen, Felipe de Jesús Chamlati Albores, fue sentenciado a 37 años de prisión por el crimen, pero luego solicitó exitosamente ser liberado, debido a esas irregularidades.
Chamlati Albores fue arrestado y acusado de feminicidio, que en el código penal mexicano se define como el asesinato de una mujer o niña debido a su género. Pero luego fue condenado por homicidio, no feminicidio. No está claro si la muerte de Maricarmen fue registrada como un feminicidio, o ni siquiera si su muerte fue registrada en las estadísticas locales, estatales o nacionales.
Marissa Revilla
Marissa Revilla es una reportera de Global Press Journal que vive en San Cristóbal de Las Casas, México. Participó en la clase inaugural de reporteras de Global Press en Chiapas en 2006. Marissa se especializa en historias sobre los derechos de la infancia y los conflictos de las comunidades indígenas en Chiapas.
Haga clic aquí para leer más historias redactadas por MarissaLas organizaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes aquí, incluida Redim, dicen que las discrepancias en los datos de crímenes son un gran problema en Chiapas. El grupo ha estado abogando por mejores sistemas policíacos desde 2017, cuando comenzaron a documentar un aumento en los asesinatos y desapariciones de niñas, niños y adolescentes en todo México. Los malos registros de la policía, las investigaciones confusas y la ausencia de un sistema integrado para registrar datos de crímenes hacen que sea imposible entender con certeza el número total de niñas, niños y adolescentes que han desaparecido o han sido víctimas de asesinato.
No hay escasez de datos de crímenes para México en general. Pero en Chiapas los números de mujeres, niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de asesinato o desaparecido varían significativamente entre datos recopilados por los departamentos de policía, las entidades estatales, las bases de datos nacionales y las organizaciones locales de sociedad civil.
El Centro de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 23 casos de feminicidio en Chiapas entre enero y noviembre de 2018. Seis de los 23 casos fueron de niñas. La fiscalía del estado también registró 23 feminicidios, incluyendo seis casos de niñas, en 2018. Pero las organizaciones de la sociedad civil dicen que han recopilado números bastante diferentes.
El Colectivo Mujeres Libres, Colem, una organización local de derechos de las mujeres, registró 12 feminicidios entre enero y octubre de 2018. Melel Xojobal, una organización local que registra casos de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de asesinato o desaparecido, registró ocho casos en 2018.
Hasta septiembre de 2019, Melel Xojobal ha registrado cinco casos de feminicidios, mientras que la fiscalía del estado ha registrado tres.
Alejandra Rovelo Cruz, la coordinadora de la Alerta de Violencia de Género del estado de Chiapas, dice que sabe que hay trabajo por hacer.
“Falta mucha capacitación, mucho compromiso social de las y los servidores públicos” para limpiar los datos de crímenes, ella dice. Pero ellos necesitan “más personal, mejores horarios, más peritos, todo lo que tiene que ver con una buena investigación que sabemos en la realidad es muy pobre”.
José Encinos Gómez, quien está a cargo de la comunicación e incidencia en Melel Xojobal, cree que el estado tiene motivos para mantener bajas las estadísticas criminales para así mantener su imagen pública.
“No encuentras cifras confiables. Su pretexto es que los familiares no le dan seguimiento, o que aparecieron y no lo reportaron”, dice y añade que no cree que las cosas vayan a cambiar pronto. “El estado no va a hacer nada. Le interesa callar voces”.
Rovelo Cruz no está de acuerdo, pero concede que las discrepancias en los datos pueden llevar a la desconfianza. Dice que está trabajando para crear un sistema interdisciplinario.
“La fiscalía tiene unos datos, el poder judicial tiene otros y cuando cruzas los datos esto genera desconfianza y te das cuenta que nadie tiene datos reales”, dice.
Las autoridades están trabajando para mejorar la coordinación y la colaboración. En marzo, el fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció que Chiapas establecerá una comisión para personas desaparecidas. También se comprometió a fortalecer la capacidad forense del estado.
Marissa Revilla es una reportera de Global Press Journal que vive en San Cristóbal de Las Casas, México. Marissa se especializa en historias sobre los derechos de la infancia y los conflictos de las comunidades indígenas en Chiapas.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestro proceso de traducción.
