Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Los manifestantes tomaron las calles el 16 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, capital del país, para repudiar las decenas de miles de despidos de trabajadores estatales que tuvieron lugar desde la asunción del nuevo gobierno, en diciembre.
BUENOS AIRES, ARGENTINA – Habían pasado solo unos meses desde la asunción del presidente Mauricio Macri cuando se quedó sin trabajo, según recuerda María Florencia Alcaraz.
Alcaraz era parte del equipo editorial de Infojus Noticias, una agencia estatal de noticias judiciales. Cuenta que todo cambió el día en que unos desconocidos entraron a la redacción.
“Se sentaron en nuestras computadoras y empezaron a ver lo que subíamos y hacíamos”, dice. “Nosotros les cedimos las contraseñas y les explicamos cómo se subían las notas”.
A Alcaraz la transición le resultó repentina y hostil. Dice que desde ese momento se le indicó que ya no podría cubrir temas de violencia de género, su área de especialización.
“Después me censuraron una entrevista y, finalmente, borraron nuestro trabajo de la página”, dice.
La nueva directora editorial les prometió que no iba a haber despidos. Pero Alcaraz cuenta que recibió el telegrama de despido el 26 de febrero.
En los meses posteriores a la asunción de Macri, unos 30.000 trabajadores estatales perdieron su trabajo en todo el país, según datos de la Asociación Trabajadores del Estado, el sindicato de trabajadores estatales de Argentina. De esas personas, 9.000 trabajaban para el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, según confirma el sindicato. El resto trabajaba para dependencias provinciales o municipales.
Muchos de esos trabajadores dicen que fueron despedidos a causa de su ideología política, es decir por no estar a favor del nuevo gobierno.
Representantes del Ministerio de Modernización, el organismo gubernamental a cargo de la revisión y confirmación de los contratos de trabajadores estatales, no respondió a las solicitudes de entrevista de Global Press Journal.
Daniel Catalano, secretario general del consejo ejecutivo del sindicato para la ciudad de Buenos Aires, sostiene que esta serie de despidos es de dimensiones históricas, a raíz de lo que él califica como una clara intención discriminatoria contra los trabajadores y por el breve lapso en que se han concretado los despidos.
“Han despedido primero a los trabajadores que tienen participación militante”, dice. “Después de haber terminado con esta limpieza, empezaron los despidos propios del achicamiento del estado. Ahí empezaron a caer los trabajadores que habían confiado en este gobierno, que habían creído las promesas de campaña de pobreza cero”.
Una de las promesas de campaña de Macri fue la denominada “Pobreza Cero”, que apuntaba a combatir la pobreza y generar empleos, según el sitio oficial de la campaña electoral.
Ésta no es la primera vez que Argentina sufre despidos masivos.
Tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón por un golpe militar en 1955, la administración posterior hizo una purga al despedir a trabajadores estatales que se mantenían fieles al ex presidente.
También hubo despidos masivos tras la elección presidencial de Carlos Saúl Menem en 1989.
”¿Al final qué hizo (Menem)? Hizo lo que se está haciendo ahora. Despidos masivos de trabajadores del estado, retiro por adelantado, jubilaciones forzosas”, dice en entrevista telefónica Fernando Protto, profesor y autor de una columna radial sobre historia y política.
Protto dice que la gente que está siendo despedida ahora era partidaria de la administración anterior.
La administración de Macri es más conservadora que su antecesora, la de Cristina Fernández de Kirchner, y su esposo, Néstor, según explica Protto.
La nueva administración –según añade- no da importancia a los servicios de asistencia social y desarrollo de la población en general, lo que se evidencia en el tipo de trabajadores y servicios que están siendo recortados, tales como salud y educación.
Esta opinión es ampliamente compartida.
Según una de las despedidas, Noelia López, los despidos son la prueba de una guerra ideológica.
López cuenta que se quedó sin trabajo el 26 de febrero. Trabajaba para un programa de salud del gobierno que dependía del ministerio de salud nacional. Ella prefiere no dar a conocer el nombre del programa por temor a que otros compañeros que aún trabajan allí resulten despedidos a causa de sus declaraciones a la prensa.
López cree que fue despedida por su militancia en una organización llamada “La Cámpora”, que es abiertamente opositora al actual gobierno.
“Tenía 10 compañeros de trabajo que militaban en La Cámpora”, dice. “Cuando empezaron los despidos, ellos empezaron a cambiar sus nombres en Facebook y bloquear sus cuentas de Twitter. Es muy triste que tengan que ocultar su ideología política por miedo a que los echen”.
López destaca que lo más alarmante de estos despidos en los programas de salud es que están teniendo lugar en medio de informes sobre un aumento en los casos de dengue.
Débora Topol, bibliotecaria en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, dice por su parte que también la cultura del país se está viendo afectada.
“Cerraron muchos talleres que eran gratuitos, sin dar justificación alguna”, dice Topol, quien trabaja en la biblioteca desde hace 20 años. “Los trabajadores de la biblioteca que daban esos cursos siguen yendo a trabajar, pero no tienen nada que hacer. Tienen miedo de que los despidan a ellos también”.
Topol dice que no cree que vaya a ser despedida, pero sí dice que está preocupada por el país.
También hay implicaciones económicas, tanto para las personas como para el país en su conjunto.
Melina Gondar fue despedida el 24 de febrero de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, organismo a cargo de la implementación de leyes que garantizan la salud y seguridad de los trabajadores. Dice que no sabe cómo va a sobrevivir.
“Yo vivo sola, mi mamá es jubilada y a partir del primero de abril ya no voy a poder pagar el alquiler”, dice. “Y con miles de despedidos, me va a resultar muy difícil conseguir otro trabajo”.
Distintas agrupaciones locales, incluyendo el mencionado sindicato, están buscando soluciones, según señala el secretario general Catalano.
Una de las estrategias es la ocupación pacífica, dice Catalano. El sindicato está organizando a las personas que han sido despedidas recientemente para que vuelvan a ocupar sus lugares físicos de trabajo o incluso los edificios enteros. A fines de marzo, las ocupaciones aún no han empezado, según confirma.
“Vamos a seguir luchando para que se reincorpore a los trabajadores despedidos”, dice.
Ivonne Jeannot Laens, GPJ, adpató este artículo de la versión en inglés.
