SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MÉXICO — Bruno Avendaño era un apuesto oficial naval de quijada ancha, que fue de visita a su hogar en mayo de 2018. Pasó la semana en el estado de Oaxaca con su familia y su novia, y realizó algunos trabajos de construcción. Casi al final de sus vacaciones, el Día de las Madres, desapareció.
La familia no ha encontrado a Avendaño, quien entonces tenía 34 años de edad. Hasta hace poco, el primer día de cada mes, viajaban a Oaxaca de Juárez, la capital del estado de Oaxaca, y se manifestaban en el corredor turístico, buscándolo.
Pero la crisis del coronavirus interrumpió su ritual. A finales de marzo, el gobierno mexicano decretó medidas para contener la propagación del COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, lo que puso en pausa todas las actividades no esenciales. En muchos estados, lo “no esencial” incluyó la búsqueda de personas desaparecidas.
Las autoridades dicen que están protegiendo a la gente. Las familias de las personas desaparecidas dicen que están perdiendo tiempo valioso, lo que les pone ante una difícil decisión: dejar de buscar a sus seres queridos o desafiar al gobierno y exponerse a sí mismos y a los demás ante un virus potencialmente mortal.
“Si uno quiere respuestas, no puede darse el lujo de descansar porque, en la medida en que se siga perpetuando la desaparición, seguimos estando afectados emocionalmente, físicamente, familiarmente en esta mala experiencia de vivir la desaparición. Esta contingencia nos ha venido a amarrar de manos; estamos esperando que pase lo más pronto posible para generar los modos posibles”, explica el hermano de Avendaño, Lukas Avendaño.
En México, se estima que 73,218 personas que desaparecieron entre 2006 y 2019 siguen desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas. Los activistas de derechos humanos dicen que quienes desaparecen suelen ser víctimas, entre otras cosas, de la delincuencia organizada, la violencia política y la violencia de género.
Con los años se han creado docenas de grupos para buscar y abogar por las personas desaparecidas. Algunos grupos comenzaron con unas cuantas familias; otros incluyen muchas más.
Estos grupos no quieren poner en peligro a otras personas al ignorar las medidas de prevención del coronavirus, por lo que generalmente cumplen con las restricciones gubernamentales. Aun así, sienten una enorme inquietud mientras esperan que se levanten las disposiciones.
“Si no nos morimos de este dolor y sí nos morimos de COVID, pues no le hace, y yo quiero seguir buscando”, comenta María Guadalupe Aguilar.
El hijo de Aguilar, José Luis Arana Aguilar, tenía 34 años cuando desapareció el 17 de enero de 2011, en Tonalá, en el estado de Jalisco. Dice que el auto de su hijo apareció después en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. No había rastro de él.
María Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, una organización compuesta por familiares de personas desaparecidas, dice que, con las restricciones, pasa tres días a la semana junto con otras personas del grupo en la oficina de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Ayuda al personal a revisar los archivos de los familiares desaparecidos de los miembros del grupo, y también revisa los de su hijo.
La familia Avendaño, que vive en la ciudad de Tehuantepec, inició el Colectivo de Familiares de Desaparecidos del Estado de Oaxaca, y Lukas Avendaño señala que el grupo de 16 familias ha hecho, también, trabajo de oficina. Hacen llamadas telefónicas, realizan investigación por geolocalización y buscan pistas que ayuden a las autoridades a reelaborar un plan de búsqueda en evolución constante.
Lukas Avendaño señala: “Espero que [las autoridades] estén haciendo ese trabajo para que, cuando termine la contingencia, ya se haga el trabajo de campo”.
El 25 de septiembre, en Tehuantepec había 227 casos confirmados de COVID-19 y 35 muertes.
“Estamos en Tehuantepec y trasladarnos implica un riesgo, mi madre tiene 65 años y es de las personas más vulnerables. No la expondría a enfermarse o yo, para exponerla a ella”, dice Lukas Avendaño, refiriéndose a la naturaleza altamente infecciosa del coronavirus.
No obstante, el 10 de mayo, Día de las Madres, su familia no cumplió con parte de las restricciones gubernamentales y salieron de sus hogares para protestar. Utilizaron el transporte público para ir a la Fiscalía Pública y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en Tehuantepec. Lukas Avendaño dice que utilizaron mascarillas protectoras en su viaje.
Algunas comisiones estatales siguen trabajando, pero se protegen. Los 90 empleados de la Comisión Local de Búsqueda del Estado de México practican la sana distancia y usan guantes, mascarillas quirúrgicas y caretas.
“Tenemos que seguir saliendo, no puede ser todo búsqueda de gabinete”, explica la comisionada, María Sol Berenice Salgado Ambros.
Por otra parte, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas solo tiene cinco integrantes, pero también sigue trabajando.
“Estamos obligados a no suspender nuestras actividades y darle continuidad al trabajo”, dice Sandra García, la nueva directora general de la agrupación.
La pandemia le ha dificultado más las cosas a la familia Avendaño.
Lukas Avendaño dice que Bruno Avendaño, el menor de siete hijos, era una inspiración. Después de abandonar la escuela en tercer año porque la familia no podía pagar la colegiatura, aprendió los oficios de la construcción y de la agricultura, y a sembrar maíz, ajonjolí, claveles y plátanos.
Se unió al ejército en 2011 y decidió convertirse en oficial de la Armada. En 2017, un año antes de su desaparición, su sueño se volvió realidad. Para obtener su ascenso, tuvo que aprobar exámenes de diversos cursos, entre ellos uno que se llamaba Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Personas.
Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
Este artículo, originalmente publicado el 5 de julio de 2020, ha sido actualizado.