Las mujeres indígenas que se dedican a la política desafían las probabilidades, y la tradición

IXTLÁN DE JUÁREZ, MÉXICO — Cuando Ana Ramírez asumió el cargo de regidora de su municipio en 2016, pensaba que no debía hablar.

“Eran los hombres del cabildo quienes conversarían y tomarían las decisiones”, señala Ramírez, quien supervisó los asuntos de salud y educación en el cabildo de Santa María Yavesía, distrito de Ixtlán, en el estado de Oaxaca, hasta finales de 2019. “Nadie en el cabildo me ayudó a entender qué era lo que yo debía hacer”.

Integrante del pueblo indígena zapoteca, Ramírez no era la única en esa lucha.

“En el 2016 encontramos algunas de las mujeres electas en el cabildo sentadas afuera de la oficina del ayuntamiento mientras las reuniones del cabildo ocurrían adentro”, explica Blanca Castañón Canals, fundadora de Espiral por la Vida, una organización civil que en alianza con la Universidad de la Sierra Juárez ha capacitado a mujeres zapotecas electas para cargos políticos.

En las comunidades indígenas, muchas mujeres que desempeñan cargos públicos se ven limitadas por la falta de conocimientos jurídicos, la poca preparación y la discriminación de género. Sin embargo, a través de la capacitación y la perseverancia, las mujeres zapotecas en la región de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, en el sur de México, superaron esos obstáculos. Aprendieron a ejercer sus cargos, e incluso reconfiguraron poco a poco las actitudes de los hombres que han controlado el poder durante mucho tiempo en las regiones indígenas.

Su camino comenzó en 2014, cuando una reforma a la Constitución Mexicana forzó a los municipios a nombrar o elegir por lo menos a una mujer para un cargo público. En Oaxaca, la ley se promulgó en 2016.

Ena Aguilar Peláez, GPJ México

Susana Torres, a la derecha, y otras políticas aprenden a ejecutar proyectos y crear su red en una capacitación en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en enero de 2020.

Este fue un cambio drástico para las comunidades indígenas oaxaqueñas, donde las leyes de usos y costumbres siguen en pie. En este sistema, el hombre es cabeza de familia y la mujer depende de él, dice Esmeralda Bolaños, profesora investigadora y responsable del proyecto de género de la Universidad de la Sierra Juárez. Los hombres heredan la tierra y las mujeres, cuando se casan, se mudan a vivir con la familia de sus esposos.

Ese sistema permitió que los hombres dominaran las asambleas comunitarias, los poderosos consejos rectores de los municipios. Mientras tanto, las mujeres eran dirigidas a roles comunitarios menores, como encargarse de los comités escolares u organizar las fiestas patronales del pueblo cada año.

En aproximadamente el 51% de los 152 municipios que se rigen bajo el sistema de partidos políticos en Oaxaca en 2016, una o más mujeres llegaron a ser alcaldesas, síndicas o regidoras. En los 418 municipios que nombran sus autoridades mediante el sistema de usos y costumbres, solo aproximadamente el 12% tenían una o más mujeres en esos mismos cargos.

La región montañosa de Sierra Norte incluye el distrito septentrional de Ixtlán, conocido por sus bosques abundantes en agua, de gran biodiversidad y clima fresco. Los 26 municipios de Ixtlán, que se rigen por usos y costumbres, tienen una población de 36,084 personas. Antes de 2016, las mujeres acudían a las asambleas comunitarias, por lo general como observadoras.

A partir de 2016, todos los municipios de Oaxaca tenían que elegir por lo menos a una mujer para ocupar un puesto de gobierno. No todos los municipios cumplieron. Pero entre los que sí lo hicieron, surgió un problema importante, destaca Ramírez: “No recibimos preparación para cumplir un cargo en el cabildo”.

Espiral por la Vida llegó a cubrir ese vacío. En los cursos de dos meses y las sesiones de seguimiento por internet, el grupo enseña a las mujeres con cargos políticos a analizar presupuestos, impulsar alianzas con los hombres, crear redes entre sí, ejecutar proyectos del electorado, y más.

Susana Torres, regidora del municipio de Santa Catarina Ixtepeji, en Ixtlán, se encarga de las cuestiones de hacienda desde 2019.

Ena Aguilar Peláez, GPJ México

En una capacitación en el estado de Oaxaca en enero de 2020, Concepción Felipe, en el extremo izquierdo, les platica a otras mujeres políticas sobre los retos de trabajar y cuidar a la familia al mismo tiempo.

“Mis compañeros en el cabildo se han quejado porque les pido cuentas claras y minuciosas, me dicen que las mujeres somos muy complicadas”, cuenta Torres, quien finalizó la capacitación en enero de 2020.

En la capacitación aprendió que la violencia doméstica es un delito: “Antes las mujeres llegaban a la oficina del ayuntamiento, y algunas autoridades podían llegar a decirles que se regresaran a sus casas para resolver el problema con sus maridos, o incluso les preguntaban: ‘¿pues qué hiciste para que tu esposo se molestara?’”, señala.

“Ahora, en cuanto llega una mujer violentada al ayuntamiento, le pido a la policía municipal que vaya a buscar al agresor para que sea procesado”, puntualiza.

Mayra Ramírez (sin parentesco con Ana Ramírez), quien se encarga de la cartera de obras públicas como regidora en Santa Catarina Lachatao en Ixtlán, ayudó a reparar una red de agua potable y a instalar lámparas solares en zonas sin alumbrado público.

“Ha sido complicado cumplir mi cargo”, dice Mayra Ramírez, quien participó en la capacitación en enero de 2020. En la comunidad “les cuesta que una mujer les pida qué hacer. Para resolver eso, muchas veces ya no les insisto y mejor busco a una persona que pueda cumplir con esa encomienda, como nos enseñaron en las capacitaciones”.

Después de que comenzó la pandemia de coronavirus, Concepción Felipe, regidora de salud y educación en San Juan Chicomezúchil en Ixtlán, organizó un filtro para restringir el acceso a su municipio. Durante cuatro meses lo hizo ella sola, antes de dejarlo en manos de las familias, que se turnan para la vigilancia.

Ena Aguilar Peláez, GPJ México

Mujeres que desempeñan cargos públicos por primera vez en el estado de Oaxaca se reunieron en enero de 2020 para una capacitación en la que adquirieron diversas habilidades, desde elaborar presupuestos hasta el cuidado personal.

Pero a José Guadalupe Santiago, síndico – uno de los funcionarios de mayor rango – en Santa Catarina Lachatao, le preocupa que ciertas actividades del cabildo sobrepasen a las mujeres. A veces, por ejemplo, las integrantes del cabildo deben cavar zanjas, cuidar los terrenos y hacer otras tareas físicas en las comunidades.

“No estoy en desacuerdo que las mujeres tengan cargos políticos, pero tampoco me siento tranquilo porque hay veces que debemos cuidar nuestros terrenos, y a mí no me gustaría que mi esposa se exponga a enfrentar a vecinos violentos”, declara.

En 2019, los 570 municipios de Oaxaca tenían por lo menos a una mujer en sus cabildos. Rodolfo Hernández, un síndico de San Juan Chicomezúchil, pensaba que era difícil que las mujeres trabajaran en el cabildo, pero cambió de opinión.

“Ahora tengo una compañera en el cabildo y me doy cuenta, al igual que nosotros, ella puede también organizar acciones y llevarlas a cabo”, dice.

Para las próximas elecciones municipales, programadas para 2022, el 50% de los cargos públicos deberán ser ocupados por mujeres.

Castañón Canals afirma que un mayor número de mujeres en cargos electos mejorará el gobierno en parte al obligar a la colaboración entre géneros.

“Mientras los hombres construyen carreteras para el transporte”, dice, “las mujeres buscan la manera de iluminar las calles oscuras por las que caminan”.