Los ataques a los pueblos indígenas de Chiapas continúan

Actualización, 28 de diciembre: El 21 de diciembre de 2018, el mismo día en el que este artículo fue publicado, nueve campamentos improvisados para personas tzotziles desplazadas fueron destruidos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) de Chiapas, culpó a un político local por la violencia en un comunicado del 23 de diciembre.

Ahora, durante el invierno en las montañas de Chiapas, más de 1000 personas, por segunda vez en poco más de un año, se han quedado sin un lugar para vivir, según estimados de Frayba.

Los nueve campamentos estaban esparcidos entre comunidades que enfrentaron ataques de grupos armados en octubre de 2017 (vean el mapa más abajo), incluyendo el campo Xiximtontic, el cual visitó una reportera de Global Press Journal este año (Lee la historia aquí).

La violencia, endémica en el centro de Chiapas, el montañoso estado en la frontera sur de México, pareció haber llegado a su punto máximo en octubre de 2017, cuando grupos armados obligaron a 5000 personas del pueblo tzotzil a dejar sus pueblos e ir a un campamento improvisado llamado Xiximtontic. (Lee nuestra historia aquí).

Pero, en vez de amainar, la violencia ha continuado. Durante 2018, los ataques a pueblos tzotzil siguieron, aumentando el número de personas expulsadas de sus casas.

Casi 333.000 personas fueron desplazadas forzosamente en México entre 2006 y 2017, según un estimado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Más de 20.000 personas de ese total fueron desplazadas en 2017 y el 30 por ciento de esas personas estaban en Chiapas. Miles más han sido desplazados en Chiapas en 2018.

Los ataques que causan estos desplazamientos, que por décadas han ocurrido, al parecer, aleatoriamente, son perpetrados por grupos armados que, según creen varios investigadores, son paramilitares apoyados por el Estado. Esta es la parte de México en la que los zapatistas, un grupo armado compuesto principalmente por indígenas, le declaró la guerra el gobierno mexicano en 1994. Cientos de personas murieron en el alzamiento inicial, pero la violencia continuó incluso después de que se llegara a una frágil paz en 1996. Muchos creen que el gobierno mexicano ha armado, o arma (o por lo menos se hace el de la vista gorda) a grupos paramilitares que atacan a comunidades tzotzil en la región, como una manera de erradicar los vestigios del movimiento zapatista. La dinámica se complica más por el hecho de que los atacantes muchas veces parecen ser tzotziles, según entrevistas realizadas por Global Press Journal a personas que han sido desplazadas.

Recientemente los ataques han sucedido con mayor frecuencia, según informes recopilados por Global Press Journal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una organización sin ánimo de lucro basada en Chiapas que monitorea las violaciones a los derechos humanos, y de la ONU y otras fuentes locales.

El 27 de febrero, un grupo armado de Manuel Utrilla Santa Martha, en el municipio de Chenalhó en Chiapas, atacó a nueve comunidades a lo largo del disputado lecho del río en el municipio vecino de Aldama. Algunas de estas mismas comunidades fueron atacadas de nuevo el 19 de octubre.

El 7 de noviembre hubo un ataque en Chabajebal, en el municipio de El Bosque, que causó el desplazamiento de 1764 personas. Ese pueblo está a 4 millas (6,4 kilómetros) del campamento de desplazados de Xiximtontic.

El mismo día, a unas 6 millas (9,7 kilómetros) al sur de Chabajebal, un grupo armado atacó a la comunidad de Xuxch’en en el municipio de Aldama. El grupo armado les disparó a personas que iban de camino a recoger café. Una docena de familias escapó hacia las montañas.

Los ataques recuerdan una tragedia que ocurrió hace más de 20 años, pero que sigue siendo parte de las conversaciones cotidianas aquí. En 1997, 45 personas desarmadas fueron asesinadas en el pueblo de Acteal por un grupo armado, apoyado por agentes del gobierno local, que algunos locales e investigadores creen que era un grupo paramilitar patrocinado por el Estado, encargado de matar a quienes sospecharan que apoyaran a los zapatistas y a otros grupos.

Los reportes de los medios tienden a centrarse en la presencia zapatista en la región y enlazan la violencia a ese conflicto, pero las personas que viven allí dicen que ese no siempre es el caso. A veces, la violencia ocurre a causa de disputas territoriales locales. En uno de los ataques, los pistoleros afirmaron tener títulos de tierras desde la década de 1940.

Los proyectos de desarrollo del gobierno ya han llevado a disputas territoriales mortales en otras ocasiones. Ahora, los locales se preocupan pues creen que el prometido Tren Maya, un ferrocarril de 1500 kilómetros (932 millas) de largo planeado para conectar antiguas ciudades mayas y llevar turistas de día, y mercancía de noche, podría generar más violencia.

La construcción del proyecto del Tren Maya estaba programado para comenzar en la segunda mitad de diciembre de 2018.

En la seguidilla de ataques en la región de Aldama, una de las principales causas es la distribución de tierras hecha por el gobierno en la década de 1970. Una decisión particularmente polémica les dio a los indígenas de Chenalhó 60 hectáreas (o unos 148 acres) de tierra a lo largo del cauce del río. Esta era tierra de la que antes eran propietarias 115 personas de Aldama.

Muchos de los ataques ocurren durante la temporada de cosecha del café, cuando hay muchos disparos hacia campesinos que caminan hacia sus campos. Al hacer que trabajar en esos campos (el sustento de muchos de los desplazados) sea peligroso, los grupos armados se aseguran de que haya menos probabilidades de que esas personas vuelvan a sus casas.

La tensión en la región podría seguir después del final del año y continuar a principios de 2019, cuando en enero se conmemore el vigésimo quinto aniversario del levantamiento zapatista. Una de por lo menos dos celebraciones de conmemoración de este aniversario está programada para los últimos días de este año en el pueblo de Guadalupe Tepeyac, a 24 millas (38,6 kilómetros) del campamento de Xiximtontic, donde todavía viven unas 100 personas.