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Víctimas de trata que logran salir de talleres textiles carecen de ayuda para sobreponerse

Bajo la promesa de un trabajo en Argentina, las víctimas de trata muchas veces no entienden lo que está pasando hasta que cruzan la frontera y es ya muy tarde para volver. Suelen ser forzadas a trabajar en talleres textiles, de los que no pueden escapar y donde son constantemente vigiladas. La creciente concientización acerca del problema ayuda a que algunas salgan, pero muchas veces éstas no conocen a nadie en el país y reciben poca asistencia por parte del gobierno argentino.

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Traumatized in Sweatshops, Trafficked People Find Little Help After Rescue or Escape

Lucila Pellettieri, GPJ Argentina

Ariel Quisbert García, de 22 años, trabaja en la Cooperativa “20 de diciembre”, creada por la Fundación Alameda para dar trabajo a quienes escapan de talleres textiles clandestinos.

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BUENOS AIRES, ARGENTINA – Un rayo de sol se escurre por una pequeña abertura rectangular cerca del techo. Las partículas de polvo flotan en el aire, y el olor rancio de la cocina y el baño se mezcla con el olor del sudor humano.

Taca tac, taca tac, taca tac: el sonido de las máquinas de coser es continuo. Suena desde las primeras horas del día hasta bien entrada la noche, sin detenerse un segundo, y tan fuerte que tapa todo lo demás.

Así es como Ariel Quisbert García, de 22 años, describe el taller de costura donde fue retenido contra su voluntad y forzado a trabajar durante cinco meses.

Como muchas otras personas que cruzan la frontera ilegalmente, Quisbert García llegó a Argentina bajo la promesa de un buen trabajo. Partió de Bolivia tras contactarse por un anuncio con un hombre que le ofreció 500 dólares por mes por trabajar en una fábrica de ropa. Quisbert García tenía planes de ir a la universidad y pensó que así iba a poder financiar sus estudios.

Pero supo que algo andaba mal cuando el autobús cruzó la frontera en diciembre de 2014 y él no tuvo que completar ningún trámite de migración.

Para ese entonces, era ya muy tarde. Quisbert García había caído en manos de una red de trata en la que han quedado atrapadas unas 21 millones de personas en todo el mundo, todas ellas víctimas de trabajo forzado o explotación, según la Organización Internacional del Trabajo. Estas actividades generan ganancias ilegales por 150.000 millones de dólares anuales.

Las denuncias sobre tráfico han ido en aumento en Argentina en comparación con años anteriores, a medida que allanamientos en talleres clandestinos y otros incidentes han despertado el interés público en el tema. Las autoridades locales dicen que planean realizar más redadas para rescatar a más personas del trato inhumano e ilegal.

En Bolivia pasamos necesidad, pero nunca habíamos vivido lo que vivimos acá.

Pero organizaciones que trabajan con víctimas dicen que las personas rescatadas de la trata laboral son susceptibles de caer nuevamente en situaciones de explotación, porque el sistema que debería contenerlos con posterioridad es inadecuado.

Existe una ley de 2008 que regula el derecho de las víctimas y las sanciones para la trata, pero eso no ha puesto fin al flujo de sudamericanos que llegan a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, los dos principales puntos del país donde se da la explotación, según un informe de 2014 de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, conocida por sus siglas PROTEX.

El 54 por ciento de las víctimas de tráfico en Argentina entre abril de 2008 y agosto de 2015 eran extranjeros, según datos oficiales de 2015. Entre el 1 de enero y 31 de agosto, 57 por ciento de ellos provenía de Bolivia, 23 por ciento de Paraguay y 9 por ciento de República Dominicana.

De abril de 2008 a agosto de 2015, fueron rescatadas más de 9.000 víctimas de trata en Argentina, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El 49 por ciento de los rescatados había sido traficado para explotación laboral.

Hay señales de que la gente está más consciente del tráfico que antes y que tiende a denunciar cada vez más. Este año, hubo hasta septiembre 1.764 denuncias a la línea que el gobierno creó en 2012 para atender el tema. La cifra prácticamente duplica las 956 denuncias registradas en el mismo período en 2014.

Desde que fue creada la línea de emergencia, el gobierno recibió más de 5.000 denuncias de tráfico, según el ministerio.

La muerte de dos niños por un incendio el 27 de abril en una casa que funcionaba como fábrica textil movilizó a los argentinos. Supuestamente se trataba de un taller clandestino. PROTEX espera poder usar ese caso para incentivar a la gente a que detecte más talleres ilegales, dice Marcelo Colombo, coordinador de PROTEX.

En su opinión, los argentinos son ahora más conscientes de la trata laboral. Históricamente, la oficina que coordina y organizaciones del sector han recibido más denuncias de tráfico sexual que de tráfico laboral, a pesar de que la cantidad de víctimas rescatadas es pareja en ambos casos.

A modo de ejemplo, dice que en agosto PROTEX recibió 195 denuncias de trata y explotación de personas, de las cuales 39 fueron por explotación laboral.

Si bien las haciendas, los talleres textiles y las fábricas de ladrillos utilizan más comúnmente el trabajo esclavo que los prostíbulos, la gente se siente más afectada por estos últimos, según Colombo.

“La trata sexual escandaliza más a la sociedad, es más visible y más molesta, y por eso hay más denuncias”, dice.

Ezequiel Conde, militante de la Fundación Alameda -una organización no gubernamental que lucha contra el tráfico y la explotación laboral-, destaca además que no siempre es fácil detectar un taller textil clandestino.

“Por afuera son casas normales”, dice. “Te podés dar cuenta por la cantidad de cables o por el consumo de la luz, pero al taller clandestino si no lo querés ver no lo ves, tiene que ver con tu sensibilidad a la temática”.

Dentro de los talleres clandestinos, las condiciones son generalmente inhumanas.

Quisbert García, el hombre que vino de Bolivia a trabajar en una fábrica textil, dice que empezó a sospechar cuando su contacto le sugirió que dijera a la gente que estaba visitando familiares, no que estaba trabajando en una fábrica. Después, cuando vio que había niños trabajando en el taller, supo que había sido engañado.

Cuenta además que las puertas del taller permanecían cerradas durante la semana y que los encargados sólo los dejaban salir los domingos, bajo supervisión, con la excusa de que era para protegerlos.

En lugar de 500 dólares mensuales, dice que ganaba 3.000 pesos (315 dólares) por mes, trabajando 80 horas, seis días a la semana. Eso arroja menos de 1 dólar la hora. Tenía 30 minutos de descanso por día.

El salario mínimo en Argentina a comienzos de 2015, cuando él trabajaba en el taller, era de 4.716 pesos (495 dólares).

Quisbert García relata que fue forzado a pagar el supuesto boleto de viaje. Sus jefes le dijeron que, si se negaba, sería arrestado por haber cruzado la frontera sin papeles.

“Yo quería irme, pero no tenía plata. Incluso les debía la plata del pasaje”, dice. “No conocía a nadie”.

“¿Qué iba a hacer sólo en Argentina? Tenía que agachar la cabeza o quedaría en la calle”.

Guisbert García se escapó el 29 de mayo.

“Esperé a que los dueños se estuvieran bañando y me escapé saltando una pared”, dice.

Y añade que fue directamente a hacer la denuncia ante la policía.

Quisbert García tuvo suerte de salir apenas después de unos meses. Otras víctimas de trata viven en condiciones deplorables durante años.

Olga Cruz Ortiz, boliviana, de 39 años y madre de dos niños, trabajó en un taller textil hace más de 15 años, luego de aceptar una oferta de trabajo como costurera en una fábrica de ropa. Dice que sabía que el día a día iba a ser extenuante, pero que quería darles un mejor pasar a sus hijos.

“En Bolivia pasamos necesidad, pero nunca habíamos vivido lo que vivimos acá”, dice. “En el taller estaba con mis dos hijos encerrados en un cuarto mientras yo trabajaba. Ni salir al patio les dejaban para que no hicieran ruido”.

Cruz Ortiz cuenta que, como estaba indocumentada, los encargados del taller la amenazaban con hacerla arrestar y deportarla si ella contaba las condiciones en las que estaba. Siguió trabajando por miedo.

Dice que, como muchos otros trabajadores de talleres textiles, ella no conocía sus derechos, lo cual facilitaba que los traficantes se aprovecharan de la situación.

“Ellos (los traficantes) piensan que son dueños de las personas”, afirma.

Lucila Pellettieri, GPJ Argentina

Olga Cruz Ortiz, 39, escapó de un taller textil clandestino antes de unirse a la Cooperativa “20 de diciembre”, que se fundó en 2005.

La Fundación Alameda, que ayuda a víctimas de trata en talleres textiles y las asiste en la reconstrucción de sus vidas, alberga también una cocina comunitaria.

Posters en la Cooperativa “20 de diciembre” exhiben premisas contra la trata y el trabajo esclavo. - See more at: http://globalpressjournal.com/es/americas/argentina/v%C3%ADctimas-de-trata-que-logran-salir-de-talleres-textiles-carecen-de-ayuda-para#article-slideshow

Marcelo Colombo, coordinador de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, muestra fotos sacadas durante un allanamiento en una plantación de yerba mate que se aprovecha del trabajo esclavo.

Según Colombo, la gente que desconoce cuáles deberían ser las condiciones aceptables de trabajo no tienden a denunciar tráfico.

“Las personas explotadas vienen de condiciones de exclusión muy fuertes, de mucha marginalidad”, dice. “Les cuesta tener un registro de que tienen derechos laborales, posibilidad de exigir una reparación económica. Quienes están en mayores condiciones de exigir eso son las víctimas que tienen inscripta en su consciencia una memoria de haber pasado por una condición laboral mejor”.

Cruz Ortiz logró escapar del taller seis meses después.

Pero los expertos advierten que los problemas de las víctimas no terminan cuando son liberadas. No hay una contención adecuada por parte del Estado, según opina Carlos Beizuhn, abogado miembro de la Alameda.

“No hay apoyo psicológico, ni legal apropiado”, dice. “Tampoco se les ofrece una opción de reinserción laboral legítima, por lo que muchos vuelven a caer en talleres clandestinos y así las víctimas se van reciclando”.

Según Beizuhn, no está claro cuántas víctimas de tráfico vuelven a situaciones de explotación.

Además de la ley nacional de 2008, el gobierno argentino firmó los protocolos de Palermo, una serie de acuerdos internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en 2000 y 2001 para combatir el crimen organizado, incluyendo el tráfico de personas y de armas.

Agustín Aráoz, abogado especializado en trata, señala que las víctimas reciben ayuda cuando se están preparando para declarar ante la justicia, pero que el gobierno no siempre cumple con sus promesas de continuar apoyando a estas personas con posterioridad.

Según el experto, no hay un plan gubernamental a largo plazo para asistir a las víctimas mediante la reinserción social y laboral.

Luego de que declaran, el gobierno les ofrece a las víctimas ayuda para quedarse en Argentina si éstas así lo desean, añade.

“En los casos en que se quieren quedar, la asistencia que se le da a la víctima puede ser regular, buena o mala, porque no todas las provincias tienen un sistema de contención bien armado. Este es el aspecto por el que recibimos más críticas”, dice.

Algunas de las víctimas podrían no tener mucho en sus países de origen que justifique volver. Por lo general provienen de contextos de pobreza y vulnerabilidad, según señala Celeste Perosino, antropóloga especialista en trata y fundadora de la organización no gubernamental Acciones Coordinadas Contra la Trata de Personas. Agrega que las víctimas necesitan ayuda casi a diario tras salir de la situación de explotación.

“Cuando vas a hacer el apoyo psicológico, te das cuenta de que en realidad en la mayoría de los casos la trata no fue lo peor por lo que pasó la víctima”, dice. “Por eso hay que profundizar políticas de inclusión social”.

Es muy difícil que personas que tienen acceso a la educación, a una vivienda y a un trabajo caigan en redes de trata, dice. Pero la gente más vulnerable termina siendo presa de las mismas trampas. Perosino dice que en más de una ocasión ha ayudado a una misma persona varias veces. En su opinión, esto suele ocurrir porque estas personas se encontraban en situaciones de vulnerabilidad tanto en sus países de origen como en Argentina.

No hay consenso acerca de cómo prevenir el tráfico laboral.

Representantes del Colectivo Simbiosis Cultural, una organización de costureros bolivianos en Argentina, sostienen que con los allanamientos de los talleres textiles sólo se logra que los trabajadores se queden sin un lugar para vivir.

Para Juan Vásquez, miembro del grupo, los talleres clandestinos deberían ser habilitados como lugares legítimos de trabajo.

Pero Beizuhn argumenta que eso sólo un blanqueo del problema. Él cree, en cambio, que el gobierno debería condenar a los dueños de las empresas que usan trabajo esclavo.

En mayo, el gobierno cerró el taller donde trabajaba Quisbert García.

Desde mediados de julio, Quisbert García ha estado cosiendo y estampando camisetas en la Cooperativa “20 de diciembre”, un taller fundado en 2005, propiedad de la Alameda. Cruz Ortiz es una de las fundadoras de la cooperativa y trabaja ahí como costurera. La cooperativa fabrica ropa, géneros, colchas, sábanas y bolsas de tela, entre otros productos que pueden ser comprados en el lugar y en un mercado en Buenos Aires.

Quisbert García, quien elige ahora cuántas horas quiere trabajar, cumple entre cuatro y siete por día. Dice que gana alrededor de 6.000 pesos (631 dólares) al mes.

Cuenta que el aire en el taller es limpio, que las ventanas son grandes y que el ambiente es relajado.

Quisbert García dice que quiere quedarse en Argentina para declarar contra los traficantes y hacer que las personas que lo engañaron vayan a la cárcel.

También quiere seguir estudiando. Cuando logre juntar el dinero, empezará diseño gráfico.

Ivonne Jeannot Laens, GPJ, adaptó este artículo de la versión publicada en inglés.

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