Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Norma Gilardi dice que muchas veces fue arrestada por ser travesti y bajo falsos cargos de prostitución. Gilardi y otras militantes apoyan un proyecto de ley que requeriría que el gobierno les ofrezca reparaciones a ella y a otras que han sido maltratadas por la policía. Su letrero dice, “#ReconocerEsReparar”.
BUENOS AIRES, ARGENTINA — Ya no cabe un alfiler en la sala del Congreso, pero sigue llegando gente y se amontona en los pasillos. Hay mucho ruido ya que está por presentarse un nuevo proyecto de ley.
El acto arranca con la proyección de una entrevista. En la pantalla, Marlene Wayar, militante travesti, recuerda cuando escuchó que los policías le gritaban una obscenidad a una compañera travesti que se resistía a decir su nombre.
La policía insistía en pedirle su nombre legal, Wayar recuerda en el video, pero la mujer solo respondió, “Sandra, Sandra Saravia”.
Eso duró 20 minutos, dice Wayar, añadiendo que le pareció oír a alguien recibiendo golpes.
“La trajeron, cansados ellos de golpearla. Pero nunca cansada ella de decir que era Sandra Saravia”, dice.
Los ojos de las personas en la sala se llenan de lágrimas. Las personas transgénero y travesti allí dicen que la historia es familiar. Algunas han vivido situaciones similares en carne propia.
“En ese entonces, la policía te detenía, te fabricaba antecedentes, te metía droga en la cartera, te hacía una causa y si no la firmabas, te hacía picana”, dice Norma Gilardi, refiriéndose a fines de la década del 90.
Gilardi, quien en la actualidad es secretaria y cofundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, una organización militante, dice que muchas veces fue arrestada desde que tenía 16 años, tanto por prostitución como por ser travesti, independientemente de dónde la encontrara la policía o lo que estuviera haciendo.
Hasta 1996 rigieron en Argentina los edictos policiales, una reglamentación interna de la policía que le permitía detener sin orden judicial a personas que se vistieran con ropa del sexo opuesto, ejercieran la prostitución o fueran homosexuales. Ahora, organizaciones que abogan por las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, entre otras minorías sexuales, luchan por que se reglamente un proyecto de ley que le pide al estado ofrecerles reparaciones a aquellas personas que sufrieron violencia a manos de agentes policiales.
La presentación del proyecto de ley ante el Congreso se produjo el 7 de octubre. Los legisladores tienen hasta noviembre de 2017 para considerarlo, dice Emiliano Litardo, uno de los abogados que redactó el proyecto.
“Los edictos policiales eran reglamentos que se daba la propia policía para mantener el orden ciudadano, evitando la contaminación del espacio público de personas que se consideraban inmorales o enfermas”, dice Litardo.
Bajo la ley propuesta, el estado les pagaría pensiones a aquellas personas que hayan sufrido por motivo de esas prácticas. El pago sería de alrededor de 8,000 pesos argentinos ($504.20) al mes, lo que es el equivalente actual de un mes de salario mínimo de un trabajador de gobierno en Argentina, aunque esta cantidad podría cambiar si la ley entra en vigor, dice Litardo. En situaciones en las que se determine que la persona sufrió lesiones muy graves u ofensas contra su integridad sexual, la cantidad de la reparación aumentaría en un 30 por ciento.
Muchas personas que han sufrido tal violencia actualmente sufren secuelas, dice Ana Paula Fagioli, médico del Centro de Atención a la Diversidad del Hospital Dr. Alexander Fleming. Además explica que frecuentemente ve muestras de esta violencia ocurrida en el pasado contra sus pacientes transgénero y travesti.
“Están casi todas en situación de calle”, dice. “Violencias, las sufren todas. A las que ejercen la prostitución las [muele] a palos”.
Global Press Journal intentó incluir un comentario de la Policía Federal Argentina, pero no recibió respuesta hasta la fecha de publicación.
Ana Carla Carrizo, una diputada que no está involucrada con la propuesta, dice que la opinión pública probablemente determinará la decisión final con respecto al proyecto.
“El Congreso tendrá que asumir los costos y generar el cambio. No podemos conformarnos con el statu quo, que si la opinión pública no lo quiere [entonces el Congreso dirá que] no hay necesidad de hacerlo”.
La comunidad transgénero y travesti sigue sufriendo abusos y violaciones de derechos por parte de la policía, según un informe de El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
No es casualidad que la mayoría de las mujeres transgénero o travesti sean trabajadoras sexuales, dice Alba Rueda, militante de Mujeres Trans Argentina.
“La prostitución sigue siendo la única opción cuando la familia y los amigos te dan la espalda”, dice Rueda. “La escuela es profundamente expulsiva, la familia también y no queda otra que prostituirse. Nadie quiere emplear a una persona trans”.
El 79 por ciento de las personas travesti o transgénero de las áreas de Buenos Aires, Mar del Plata y el Conurbano Bonaerense recurren a la prostitución como medio de vida, a pesar de que la gran mayoría de ellas elegirían otro modo para ganarse la vida si pudieran, según un estudio de 2005 citado por la Organización Internacional del Trabajo.
Rueda dice que siempre sintió esa discriminación. Tuvo que pausar sus estudios universitarios luego de que un profesor la echó del aula por su identidad de género. Por ser travesti, dice, la gente erróneamente pensaba que su único destino es la prostitución.
“Tenía mucho enojo”, dice. “Parecía que realmente iba a tener que pararme en una esquina y que eso era lo que iba a estar bien”.
Gilardi dice que su familia la echó de la casa a los 9 años porque se identificó como mujer. Luego vivió en la calle y en las comisarías durante gran parte de su niñez y adolescencia. Se siente afortunada de estar viva.
“Debo de ser una de las pocas sobrevivientes de esa generación”, dice. “A mis 63 años, no sé si hay alguna compañera de ese entonces que esté viva. Tenemos dificultades para conseguir un trabajo por el solo hecho de ser trans. No sé qué miedo nos tienen. No entiendo”.
La diputada Myriam Bregman dice que el proyecto de ley es un paso hacia combatir todas las formas de discriminación. Su partido político, el Partido de los Trabajadores Socialistas, apoya el proyecto, dice.
“Es necesario que esta propuesta se analice y se apruebe, y deje en claro lo que significaban los edictos policiales, que siguieron gobernando hasta no hace mucho”, dice.
Claudio Bernardo Avruj, secretario de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la máxima autoridad de derechos humanos dentro del gobierno argentino, reconoce que las minorías sexuales son vulnerables al abuso.
“Creo que estamos todavía a mitad de camino y que hay mucho todavía para conquistar”, dice.
La lucha es más crucial al interior del país, donde la sociedad es más conservadora y donde no hay tanto acceso a la justicia, dice. Ahí, el estado tiene que utilizar todos sus recursos para asegurarse de que las minorías sexuales no vivan marginadas. Una de las propuestas de Avruj es ayudar a esas personas a recibir capacitaciones para tener igualdad de oportunidades laborales.
“Su situación en la calle y en la vida dista mucho de ser ideal”, dice.
Avruj reconoce que el trabajo más complicado que tienen por delante es instruir a la policía.
“La policía local, [ese] es el punto más fuerte para trabajar, fundamentalmente por la falta de respeto que muchas veces se da en la vía pública y durante las detenciones”, dice.
Avruj ve la ley como un paso adelante en la jurisprudencia argentina y alaga que sea catalogado como reparación histórica. Un subsidio, dijo, podría verse como una limosna del gobierno. Pero, independientemente de cómo se le llame, no se siente optimista de que vaya a aprobarse.
“El proyecto de ley va a requerir un debate profundo, porque también ahí hay que hacer mucha educación, mucha docencia”, dice. “Yo ambicionaba que por lo menos se dé el debate”.
Rueda dice que ella y otras militantes deben luchar por las generaciones pasadas y por las futuras.
“Hay que reconocer y ofrecerles indemnización a todas las supervivientes”, dice Rueda. “Que el estado se haga cargo de haber torturado, prostituido y matado a nuestras compañeras”.
Gilardi considera que la propuesta de ley brinda la oportunidad de darles un mejor futuro a los niños y niñas trans, así como también una vejez tranquila a las mujeres trans que ya están mayores como para pararse en una esquina.
“A ellos les diría que no abandonen el sueño de que el día de mañana tendrán un mundo mejor”, dice. “Hay personas que están luchando para lograrlo”.
Terry Aguayo, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
