Editorial Team
Publication Date
April 26, 2022
Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Los cables cruzan una calle del Barrio 20, un barrio popular de Buenos Aires, donde la organización sin fines de lucro Atalaya Sur ofrece internet de calidad a bajo costo y capacitación para instalar infraestructura de fibra óptica.
BUENOS AIRES, ARGENTINA — Durante seis años, María Belén Schmal contactó constantemente a las empresas de comunicaciones para solicitar el servicio de internet en su domicilio, sin éxito.
Luego, con la pandemia y el aislamiento obligatorio, la vida de la madre y administradora de redes sociales se virtualizó, tal como ocurrió con la mayoría de las 45.4 millones de personas que habitan el país.
Sin acceso a un servicio de internet de bajo costo y confiable, Schmal eventualmente perdió su empleo y tuvo que pausar sus estudios en administración. Su calle, en el vecindario de Parque Patricios, está cerca de dos barrios populares, que suelen ser zonas superpobladas donde faltan servicios básicos como el agua potable y la electricidad, y más de la mitad de las personas que allí residen no tienen título de propiedad de la tierra en la que viven.
El problema de Schmal destaca la brecha digital en Argentina, donde quienes viven en ciertas calles, a menudo en barrios populares o cerca de ellos, no tienen acceso a un servicio de internet rápido y de bajo costo. El motivo, señalan residentes y personas expertas, es que las empresas de internet consideran esas zonas demasiado peligrosas o poco rentables. Ninguna de las compañías a las que Schmal contactó le explicó por qué ella no podía tener acceso a sus servicios de internet.
Cuando comenzó a trabajar desde casa, Schmal volvió a solicitar el servicio a Movistar, una de las principales empresas de telecomunicaciones, pero sus representantes le dijeron que la compañía no trabajaba en su calle. No tuvo manera de pagar los datos móviles necesarios para tener acceso a internet.
Para Schmal, la relación entre no tener internet y el estigma social que envuelve a su zona quedó de manifiesto cuando, después de perder su trabajo, vio a empresas de comunicaciones instalando conexiones en un nuevo complejo de departamentos frente a su casa. Sus nuevos vecinos podían elegir entre tres servicios de telefonía fija ilimitada.
Aunque se encuentra en el vecindario de Schmal, el complejo de departamentos está un poco más alejado de los barrios populares, y se debe ganar entre cuatro y ocho veces el salario mínimo mensual del país para poder adquirir un departamento. En mayo de 2021, cuando los departamentos estuvieron disponibles, Schmal no tenía empleo. En su nuevo trabajo como gestora de trámites de nacionalidad gana menos del doble del salario mínimo actual de 38 940 pesos argentinos ($339), ajustado en abril de 2022.
“Era cruzar una calle y [las empresas] no lo hicieron por considerarnos zona peligrosa. Era plena pandemia; se necesitaba y no hubo respuestas”, señala Schmal.
A pesar de considerarse un servicio público esencial, la prestación de internet está en manos de empresas privadas que pueden elegir dónde operar. Suelen dejar de lado los barrios populares y las zonas que consideran “peligrosas” o poco rentables, explica Lucía Bianchi, directora de la Universidad Popular Barrios de Pie, una organización fundada en 2019 para señalar los problemas que enfrentan los barrios más vulnerables del país.
La organización llevó a cabo una investigación sobre el acceso a internet en los barrios populares, que reveló que el 44% de las y los residentes que participaron en la encuesta dependían de los datos móviles para tener conectividad.
“Las empresas grandes [de internet] no entran acá. Para mí, realmente es una discriminación”, dice Gladis Quintana, vecina del Barrio 20, un barrio popular de la Ciudad de Buenos Aires. “Al no tener internet no tenemos acceso a nada”.
Gustavo Fernando López, vicepresidente del organismo regulador Ente Nacional de Comunicaciones, explica que, aunque el organismo no puede obligar a las empresas privadas a ofrecer internet en ciertas áreas, ha establecido un fondo para subsidiar a proveedores de servicios de internet con menos de 2000 personas abonadas para ayudarlos a extender sus redes a los barrios donde nadie opera.
“Hasta ahora, con todos los programas en el 2021, alrededor de 500 000 personas se beneficiaron con estos planes y se conectaron. Yo creo que vamos a llegar al 2023 con 2 millones de personas nuevas conectadas”, dice López.
Uno de esos programas, Atalaya Sur, provee internet de calidad a bajo costo a 630 familias, y el vecindario de Quintana, Barrio 20, es uno de los beneficiados. El fondo del Gobierno apoya la transición del programa de un sistema de internet por radiofrecuencia a otro de fibra óptica que conectará a mil hogares, dice Manuela González Ursi, una de las coordinadoras del proyecto.
Esteban Genaizir no vive en un barrio popular ni cerca de ninguno, pero también se quedó sin conectividad cuando Movistar le suspendió el servicio en enero, luego de que se robaran los cables de cobre necesarios para proveer de internet a su vecindario en Mar del Plata, una ciudad costera de la provincia de Buenos Aires.
Genaizir, técnico de la industria textil con clientes en todo el mundo, cree que Movistar podría solucionar el problema si instalaran cables de fibra óptica, pero que la empresa no quiere invertir en su zona y ha descartado su vecindario por ser poco rentable. Movistar no respondió a las solicitudes de entrevista para este artículo.
“Si a la compañía los números no le cierran, lo que hacen es darle de baja; no hay ninguna compañía que me pueda dar una solución a largo plazo”, dice Genaizir.
Mientras tanto, Schmal encontró un nuevo trabajo y sus problemas de conexión a internet están, de cierta forma, resueltos. Un vecino le prestó su dirección para programar la instalación y luego convenció al técnico para que conectara un cable a su casa. No es una solución perfecta: cada problema técnico y factura están a nombre de su vecino, pero Schmal no vio otra opción para reanudar sus estudios y trabajar de nuevo.
“Es otra libertad económica y mental, aunque la situación dista de ser ideal”, dice Schmal.
Lucila Pellettieri es reportera de Global Press Journal, radicada en Buenos Aires, Argentina.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
