BUENOS AIRES, ARGENTINA — Por lo menos dos veces en los últimos 15 meses, los científicos aquí se han transformado en activistas y han participado en una de las formas más tradicionales de protesta: la toma.
Sucedió en diciembre de 2016 y de nuevo en septiembre de 2017. La protesta más reciente de estas duró ocho días. Colchones, mantas, mochilas, botellas de agua y cajas de comida fueron apiladas en el vestíbulo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Afuera, sentados en un círculo sobre una acera, decenas de científicos de diferentes partes del país esperaban a que el gobierno acordara negociar con ellos. Las protestas han continuado, en enero todavía había científicos protestando en espacios públicos.
Estaban luchando por mantener sus trabajos, pero también por algo más: el futuro de una investigación que podría curar una enfermedad grave que afecta a la mitad de las mujeres embarazadas de la provincia de Buenos Aires y al 30 por ciento de la población mundial, si no más, de acuerdo a ciertos cálculos.
La toxoplasmosis generalmente pasa desapercibida, pero cuando aparecen sus síntomas pueden ser severos, pues la enfermedad puede causar problemas en los ojos, daño cerebral o insuficiencia orgánica. Estudios recientes han demostrado que la toxoplasmosis, causada por un parásito, está vinculada a condiciones que incluyen la esquizofrenia y el alzheimer. Se contrae a través del contacto con alimentos mal lavados, o carne mal cocinada y a través del contacto con la materia fecal de gatos infectados.
Los científicos argentinos, que han estado intentando detener la enfermedad, no solo por el bien de sus compatriotas, sino también por el bienestar de las personas de todo el mundo, han desarrollado una prometedora vacuna que reduce la carga parasitaria promedio en ratones en un 50 por ciento.
Esperan poder llegar a un 90 por ciento de eficiencia, pero buena parte de esa investigación está estancada debido a los recortes de presupuesto.
La vacuna, además de prevenir la toxoplasmosis, podría frenar el daño neurológico en los pacientes que tengan el parásito, dicen los investigadores.
“Focalizan todos los recursos en la etapa aguda”, dice Ana Lis López García, una neurocirujana que trabaja con niños con toxoplasmosis. “No conozco otro grupo de investigación que esté haciendo esto y estaría bueno que lo investiguemos por la alta incidencia que tenemos. A nosotros como país nos debería interesar esto”.
El número de investigadores y científicos que han sido contratados por el consejo científico del estado se ha reducido a menos de la mitad en años recientes, bajando desde 930 nuevos investigadores contratados en 2015, a 455 nuevos investigadores contratados en 2017.
Antes de eso, el número de investigadores que comenzaban carreras con el estado había crecido desde 2004, cuando 400 personas fueron contratadas, según datos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el consejo científico nacional conocido como Conicet. Esa agencia promueve y realiza investigación científica. En comparación, en 1997 tan solo 125 investigadores comenzaron nuevos empleos públicos con el consejo. Desde entonces, el gobierno constantemente le ha dado prioridad a la investigación científica, creando un ambiente estable en el que los expertos pudieron desarrollar la vacuna.
Una revisión del presupuesto de Conicet muestra que estos recortes se veían venir. Según un informe publicado por Fernando D. Stefani, subdirector de un centro de investigación de Conicet, el presupuesto de Conicet disminuyó ligeramente en 2015. En 2016, el presupuesto había bajado hasta el nivel de 2012. El presupuesto actual estará por debajo del nivel de 2011.
El gobierno, Stefani y otros estiman que unos 500 investigadores que fueron seleccionados para comenzar su carrera con Conicet no podrán trabajar con la agencia con el presupuesto actual.
Es la primera vez desde el final de la década de 1990, un período de crisis económica grave, que investigadores seleccionados para obtener trabajos con el estado no comenzaron sus carreras en el Conicet, según dice Guadalupe Maradei, quien es miembro de la Red Federal de Afectadxs del Conicet, una red que representa a los científicos despedidos del Consejo.
En la década de 1990, muchos científicos e investigadores dejaron Argentina y fueron a países con más fondos para la investigación científica, aunque varios ya se habían ido antes para escapar de la dictadura del país. Desde entonces, el gobierno ha creado programas para atraer de vuelta a esos científicos (lea nuestra historia aquí), pero a Maradei le preocupa que la reducción del presupuesto de ciencia produzca otra fuga de cerebros.
La organización de Maradei negoció con el gobierno para encontrar puestos para los expertos, incluyendo a 47 de ellos que encontraron empleos con Conicet gracias a ese proceso de negociación. Casi 400 encontraron trabajo en universidades, dice. El resto encontró otro tipo de trabajos, pero algunos dejaron el país, justo el resultado que el gobierno dice que espera evitar.
Global Press Journal intentó comunicarse con funcionarios de Conicet por vía telefónica y correo electrónico más de 30 veces, pero la agencia no respondió a estos requerimientos.
Vanesa Sánchez, una investigadora de biotecnología y biología molecular que se enfoca en la vacuna contra la toxoplasmosis, es una de las científicas que esperaba trabajar para el gobierno. Tenía una doble recomendación para llegar a un puesto de Conicet y estaba segura de que obtendría un empleo allí, dice.
Pero descubrió, a principios de 2017, que los recortes de presupuesto habían eliminado ese puesto.
Ahora, Sánchez trabaja tiempo completo en la Universidad Nacional de San Martín, donde antes trabajaba medio tiempo. Está agradecida por el trabajo, pero dice que gana el 30 por ciento menos de lo que habría ganado en Conicet y dice que debe pasar el 50 por ciento de su tiempo enseñando.
Tampoco cuenta con los subsidios de Conicet, ni con otras fuentes que financian la investigación, dice, así que no puede garantizar que podrá sacar adelante sus avances científicos.
“Estamos tratando de brindar servicios externos para conseguir dinero para las investigaciones. Es una traba constante para la investigación. Vamos a avanzar muy lentamente en relación con lo que habríamos podido avanzar con el apoyo del Conicet”, dice.
Valentina Martín trabaja junto a Sánchez en un laboratorio investigando sobre toxoplasmosis. Perder a un investigador tiene consecuencias graves, dice.
“Las consecuencias para el laboratorio serían, no solo dejar esta línea de investigación trunca sino también perder el aporte de un profesional especializado en el tema”, dice Martín.
Una vacuna exitosa podría cambiar la vida de los argentinos drásticamente.
La pequeña hija de Gabriela Yael Albarenque, Catalina, tiene hidrocefalia, es decir que su cerebro retiene líquidos, como el resultado de una toxoplasmosis congénita. La bebé ha tenido cinco cirugías en su cabeza, en parte porque su cerebro es más pequeño de lo que debería ser, dice Yael Albarenque. Catalina tiene parálisis parcial en sus brazos y piernas, entre otros síntomas.
Una vacuna contra la toxoplasmosis podría haber evitado todos estos problemas. E, incluso ahora que Catalina padece la enfermedad, una vacuna podría reducir el daño neurológico que el parásito produce en el largo plazo, dice Sánchez.
“Lo que sufren las criaturas y toda su familia es terrible”, dice Yael Albarenque.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.