En Puerto Rico las mujeres señalan que la policía no hace lo suficiente para combatir el acoso

SAN JUAN, PUERTO RICO – Yerimar Rivera se sienta en una cafetería en Río Piedras, un barrio de San Juan, la capital de Puerto Rico.

La cafetería queda a unas cuadras de su apartamento. Es el tercer apartamento en el que ha vivido desde que llegó a Río Piedras, en el 2013, a estudiar en la Universidad de Puerto Rico. En cada uno de ellos ha sentido insegura.

Hay hombres que la siguen hasta su casa, diciéndole obscenidades. Frecuentemente, siente que la están observando.

Una noche, en 2015, Rivera se quedó dormida en su apartamento con las luces encendidas. Cuando despertó, vio que una persona la filmaba con su teléfono celular a través de las barras de la ventana de su dormitorio.

Al día siguiente, Rivera se dirigió al cuartel de la policía de Río Piedras y denunció lo que había ocurrido. El oficial de turno le dijo que no se podía hacer una denuncia formal puesto que ella no podía describir en detalle a la persona que vio.

“Ese proceso fue horrible y me trataron súper mal”, dice Rivera, “Me empezaron a preguntar si duermo desnuda y un montón de cosas súper incómodas, así que decidí irme”.

En otro incidente que ocurrió posteriormente, Rivera sorprendió a una persona huyendo de la puerta de su apartamento. Pero esta vez, decidió no acudir a la policía.

“No creo que la policía vaya a hacer algo” dice.

Ishbel Cora Rodríguez, GPJ Puerto Rico

María Cristina Muñoz, de 23 años de edad, camina por la calle Aguada para llegar a su apartamento. Hace dos años, dos hombres corrieron hacia ella cuando caminaba hacia su hogar. En ese momento, ella cruzó la calle y llamó a una amiga, desde una pizzería, para que la recogiera. Ahora, camina con sus llaves en la mano por precaución.

El número de denuncias de incidentes de acecho y acoso ha disminuido en los últimos años, según datos suministrados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, un organismo del gobierno que se encarga del cumplimiento de las leyes de protección a la mujer en Puerto Rico.

Pero las mujeres que viven en Río Piedras señalan que siguen sufriendo comentarios indeseados, amenazas y acoso como resultado de la poca presencia y las acciones limitadas de la policía en la ciudad. Y cada vez son menos las mujeres que optan por denunciar estos casos.

Aura Jirau, estudiante doctoral en la Universidad de Pittsburgh, vivió en Río Piedras desde junio de 2017 hasta diciembre de 2018 mientras trabajaba en su tesis doctoral en la Universidad de Puerto Rico. Ella señala que, frecuentemente, los hombres le hacían comentarios obscenos acerca de su apariencia física cuando caminaba por Río Piedras.

Si bien había un cuartel de la policía cerca, Jirau dice que rara vez vio oficiales patrullando la zona.

A Jirau la limitada presencia policial la obligó a tomar cartas en el asunto. Para sentirse más segura, cambió su forma de vestir, caminaba con audífonos puestos y no miraba a nadie directo a los ojos.

Un miembro de la policía, que solicitó mantener el anonimato por temor a ser suspendido, dice que ha habido una carencia de policías activos desde que el huracán María pasó por Puerto Rico en 2017. Este señala que algunos policías decidieron retirarse después del huracán y que otros se fueron a vivir a Estados Unidos.

Pero Jorge Quiñones, comandante regional de la policía en Río Piedras, indica que el acecho no se encuentra entre los delitos de mayor incidencia en este lugar.

“Los planes se hacen a base de la incidencia”, dice. “Los recursos que tenemos los enfocamos donde mayor está el problema”, añade.

En septiembre, la Colectiva Feminista en Construcción, una organización activista de Puerto Rico, y otras organizaciones de mujeres presentaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced una lista de propuestas para abordar el tema de violencia de género en la isla, la cual incluía: una campaña gubernamental de concienciación sobre equidad de género y violencia; un programa de estudios enfocado en perspectiva de género para las escuelas y organismos gubernamentales; sensibilización de la fuerza policial y la fiscalía; y cambios en las políticas públicas para garantizar que el Departamento de Seguridad Pública responda con prontitud a las denuncias de acoso, agresión y desaparición de mujeres.

Estos grupos le solicitaron a Vázquez Garced que declare un estado de emergencia.

Al contrario, la gobernadora simplemente emitió una alerta nacional.

“La alerta nacional terminó siendo un comunicado. O sea, no tiene ningún tipo de carácter de obligatoriedad ni de ley” dice Zoán Dávila, abogada y portavoz de la colectiva. “Luego de emitirse ese comunicado, que fue el 4 de septiembre, aquí no ha pasado absolutamente nada”.

Dávila dice que la colectiva continuará exigiendo que la gobernadora dicte el estado de emergencia en Puerto Rico y promulgue una orden ejecutiva con un plan integral.

“Las mujeres y las feministas, en particular, estamos dispuestas a trabajar para erradicar la violencia de género” dice Dávila. “Aquí, la voluntad que falta, la voluntad necesaria – y la que ha brillado por su ausencia – es la voluntad del Estado”, añade.

María Cristina Muñoz, de 23 años, dice que acostumbra a caminar con las llaves de su apartamento, entre sus manos, mientras camina por Río Piedras. No sabe si las llaves la protegerán de un ataque, pero tiene la esperanza de usarlas de arma y que esto le dé tiempo suficiente para escapar.

“No he dejado de hacer mis cosas, porque soy una persona muy independiente” señala Muñoz.

Para ella, la negativa de Vázquez Garced a declarar estado de emergencia no solo refleja una falta de respeto a las mujeres, sino una falta de respeto a las personas que sufren acoso a diario y que han perdido la vida debido a esto.

“Decretar alerta nacional y no estado de emergencia fue un juego de palabras para no darle la seriedad que el asunto merece” dice Muñoz.

Este mes, la colectiva feminista está trabajando con CPTSPR, una organización profesional de trabajadores sociales de Puerto Rico, en una campaña de 16 días de duración contra la violencia de género con el fin de que la gobernadora declare estado de emergencia.

Mientras tanto, Rivera tiene previsto irse de la ciudad.

“No es que no me guste el lugar” dice. “Me encanta el lugar. Siento que es mi hogar. Pero ya estoy contando los días para irme porque no me siento segura”.

María Cristina Santos, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.