Editorial Team
Publication Date
June 26, 2022
BAYAMÓN, PUERTO RICO — La Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, que permitió que obtener y portar legalmente un arma de fuego fuera mucho más fácil que antes, ya tiene más de dos años — y las personas puertorriqueñas están comprando armas como nunca antes. En 2020 y 2021, se emitieron casi 100,000 licencias de portación de armas en total, en comparación con unas 1,200 en 2017.
Si bien la ley puede haber puesto las regulaciones de armas de Puerto Rico en consonancia con la Constitución de Estados Unidos, otros factores impulsaron el esfuerzo: la percepción de que la delincuencia va en aumento, que la policía es impotente para hacerle frente y que llevar un arma es una medida efectiva para defenderse.
Sin embargo, los datos policiacos de los últimos 50 años demuestran que esas percepciones no son cónsonas con la realidad. Los crímenes violentos han ido disminuyendo en Puerto Rico durante dos décadas y la cantidad de policías per cápita es mayor que el promedio nacional de EE. UU.
Es cierto que las leyes de armas anteriores nunca detuvieron el flujo de armas ilegales hacia Puerto Rico. Los niveles de delincuencia relacionada con armas en la región son más altos que en la mayoría de los estados de Estados Unidos, donde están en aumento las demandas a favor de más restricciones de armas tras el tiroteo en una escuela primaria de Texas y un ataque con motivación racista en Buffalo, Nueva York (dos de 281 tiroteos masivos en el país solo en 2022).
Aunque en Puerto Rico rara vez se producen tiroteos masivos en lugares públicos, algunos temen que la ley de armas actualizada solo avivará las llamas en una región que lleva mucho tiempo con problemas de violencia armada.
La Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 sustituyó una ley anterior que los legisladores consideraron incompatible con la Constitución de Estados Unidos. La nueva ley fue presentada en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista, que aboga por la estadidad.
Entre los cambios que incluye la ley están la exclusión del requisito de que los dueños de armas estén registrados en un campo de tiro; la eliminación del requisito de presentar una declaración de tres personas que acrediten el carácter del solicitante del permiso; y la limitación del plazo para que la policía conceda una licencia de armas de 120 a 30 días.
“Me motivé [a comprar un arma] por la seguridad mía, la de mi negocio y la de mi familia”, dice Raonel Marrero Lebrón, de 36 años y dueño de un restaurante en Mayagüez, un pueblo de la costa oeste de Puerto Rico, quien obtuvo su permiso de portación el año pasado. Su restaurante está en el centro del pueblo, un área que a menudo está oscura y solitaria fuera de horas laborables. “Al pasar del tiempo del huracán María y la pandemia pues las cosas se pusieron muy graves”, dice. “En el pueblo de Mayagüez empezaron a haber muchos robos, muchos asaltos”.
Marrero Lebrón dice que la reducción de los costos fue un factor que lo impulsó a solicitar el permiso para la portación de armas. “Al principio había que sacar la de tiro al blanco, después la de posesión que era un proceso más complicado, más difícil”, dice. “Y pues ahora hacerlo todo en uno se hizo la cosa más fácil”.
Roberto Otero Ortega, abogado especializado en armas y miembro de la Puerto Rico Gun Law Association, afirma que todo el proceso de solicitud ahora cuesta unos $400, frente a los $2,000 de la ley anterior. “El estado no es el garantizador de la seguridad del ciudadano”, dice Otero Ortega. “Las cosas se ponen cada vez peor. Ya hay mucha gente que se está dando cuenta y ellos mismos se están ocupando [de su propia seguridad]”.
Sin embargo, según una investigación realizada por Nicolás Ramos Gandía, profesor de matemáticas en el Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la delincuencia ha disminuido constantemente en Puerto Rico durante las dos últimas décadas. Analizando las estadísticas oficiales de criminalidad en Puerto Rico desde 1960 hasta 2021, su estudio muestra que, desde 1992, la tasa de criminalidad violenta — definida por el número de homicidios, asaltos, casos de esclavitud, robos y asaltos agravados por cada 100,000 personas — ha disminuido constantemente, alcanzando su punto más bajo de la historia en 2020.
Aunque la tasa de crímenes violentos esté más baja que nunca, algunas personas en Puerto Rico se sienten más seguras con un arma. “Mientras más personas hay armadas, personas de ley, básicamente la persona que va a cometer el delito tiene que pensarlo un poco más”, dice Yomara Adrovet, de 47 años y dueña de una armería y campo de tiro en Bayamón.
Desde que entró en vigor la nueva ley, Adrovet dice que su clientela ha aumentado considerablemente, y se ha diversificado. “Cuando yo empecé casi ninguna mujer entraba a la armería, una tal vez, una vez a la semana”, dice. “Ahora es todo el tiempo vienen damas. … Casi todos los días vienen familias”.
María Elena Ortiz Collazo, directora del Departamento de Justicia Criminal y Seguridad Pública de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo, dice que la propia familia es la que corre más riesgo cuando hay un arma en el hogar. “En presencia de armas de fuego aumentan las fatalidades, hay más suicidio y más delitos contra mujeres”, dice. “Está probado y está estudiado”.
Con 30 años de experiencia como abogada criminalista y jueza, Ortiz Collazo cita estudios que demuestran que estar armada hace que una persona sea más y no menos susceptible de sufrir daños. “Tener un arma de fuego no aumenta posibilidades de autodefensa en caso de ser atacado”, dice. “El uso de arma en un hogar aumenta las probabilidades de… [robos] porque el arma de fuego tiende a ser un atractivo para que te lo roben”.
Pero en la tienda de Adrovet, la clientela está cada vez más interesada en aprender sobre defensa personal. “No podemos tener un policía todo el tiempo”, dice. Sin embargo, resulta que la Policía de Puerto Rico, el PPR, está entre los departamentos más grandes de Estados Unidos. Con 3.9 empleados de seguridad pública por cada 1,000 residentes a partir de 2020, el número de agentes per cápita de la PPR está por encima de la media nacional de Estados Unidos para las jurisdicciones con más de 250,000 habitantes.
Aun así, en 2020, la asamblea legislativa aprobó un presupuesto de $940 millones para la policía, es decir, unos $286 per cápita, mientras que la mayoría de los estados de Estados Unidos gastaron una media de $375 per cápita en la policía.
Adrovet no cree que las personas de Puerto Rico tengan motivos para temer los tiroteos masivos a pesar del aumento en la posesión de armas por parte de los civiles. La población de Puerto Rico tiene una cultura diferente, dice, y la violencia aquí está más relacionada con la delincuencia y las drogas.
Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, dice que el gobierno está entrenando a los agentes de policía para responder a tiroteos masivos, en caso de ser necesario. “Nosotros hemos entrado en unos acuerdos de colaboración con Louisiana State University donde nos están dando adiestramientos para certificar instructores del Negociado de la Policía de Puerto Rico”, dice.
A pesar de los riesgos, Marrero Lebrón cree que un arma de fuego protegerá su negocio y su familia. “Porque si no fuera así”, dice, “créeme que no la tuviera”.
Coraly Cruz Mejías es reportera de Global Press Journal, establecida en Puerto Rico.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
María Cristina Santos, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
