RÍO GRANDE, PUERTO RICO — Francisco Castro camina entre la parcha, papaya, los tomates y las habichuelas que crecen en su finca ecológica y que rinden tributo a la combinación perfecta del suelo y clima de Puerto Rico.
“Puerto Rico está bendito”, dice Castro.
Puerto Rico depende de los alimentos que se importan de los Estados Unidos contiguos, lo cual lo hace vulnerable cuando se retrasan las entregas durante huracanes, desastres naturales o pandemias globales como el nuevo coronavirus. Castro es uno de docenas de agricultores y habitantes de ciudades que intentan cambiar esto al promover la agricultura ecológica de pequeña escala, a pesar del plan del gobierno para impulsar la agricultura industrial.
Un letrero rústico de madera da la bienvenida a los visitantes que llegan a la finca Neo Jibairo, en donde Castro, de 30 años de edad, ha trabajado durante los últimos cuatro años. Pequeñas matas de guineos separan los cultivos de un camino de pasto y de un gran invernadero. La finca está situada en Río Grande, un pueblo en la costa este de Puerto Rico. Castro ayuda a cosechar los productos, para luego empacarlos y distribuirlos a seis supermercados orgánicos, así como a restaurantes y hoteles ubicados en zonas metropolitanas.
Este modelo fomenta el consumo de productos de las fincas de Puerto Rico, dice Castro, en lugar de los supermercados que tienden a ofrecer productos importados.
Pese al clima ideal de la región, en 2017, el 89% del alimento de Puerto Rico se importaba, según datos provistos por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico.
Esto hace a Puerto Rico susceptible a escasez de comida según el coronavirus se propaga, dice Nelson Alvarez Febles, autor y experto en agricultura ecológica y política pública sostenible. Las interrupciones en transportación y posibles impactos en la producción de comida de California a Texas podrían tener un impacto directo en Puerto Rico, dice, tan pronto como en unas semanas.
“Dada esta situación, es bien importante que se tomen medidas rápidas y eficientes para aumentar la producción de comida en Puerto Rico”, dice.
Pero los agricultores que tratan de hacer esto encaran numerosos obstáculos. Políticas pasadas y un historial de poco apoyo gubernamental a la agricultura frenan a los agricultores, dice Alvarez Febles.
Antes de la década de 1940, Puerto Rico producía dos terceras partes de sus alimentos. Eso cambió cuando el gobierno implementó la Operación Manos a la Obra, una política de industrialización que incentivó la reubicación de los productores agrícolas a ciudades y trabajos en fábricas, señala Alvarez Febles. Fue entonces que Puerto Rico comenzó a importar más alimentos.
Una ley de los Estados Unidos, denominada Ley Jones, complica aún más la situación. Dicha legislación exige que toda la mercancía que llega a Puerto Rico sea transportada por barcos estadounidenses, lo cual aumenta el precio de los productos para los puertorriqueños. El envío de productos en contenedor a Puerto Rico cuesta alrededor de $3,027 en un barco estadounidense, mientras que el costo de embarques similares en naves de otros países sería de $1,206, según un informe publicado en 2019 por Advantage Business Consulting, una empresa consultora económica de Puerto Rico.
La Ley Jones también significa que cuando los huracanes azotan el Caribe y se cierran los puertos, se demora la importación de alimentos. Esto ocurrió en 2017, con el huracán María, uno de los peores desastres naturales que ha sufrido la región.
“Después del huracán María, se produjo una gran crisis alimentaria – no había comida”, señala el agricultor Castro. Los puertos se cerraron poco antes de la llegada del huracán y durante días posteriores. Esto, combinado con la falta de refrigeración debido a la destrucción de la red de electricidad y las carreteras obstruidas, hizo que los puertorriqueños encararan una escasez de alimentos.
El gobierno de Puerto Rico argumenta que las pequeñas fincas ecológicas no resolverían este problema. En cambio, este tiene planes de duplicar la producción agrícola, con base en un modelo que el Secretario de Agricultura Carlos Flores Ortega denomina “agricultura empresarial”.
Las familias no tienen tiempo para cocinar, dice Flores, de modo que el gobierno apoya la producción y distribución de frutas y vegetales picados y empacados, de fácil uso. También, se quiere utilizar nuevas tecnologías y técnicas, tales como ambientes controlados y cultivo hidropónico.
“Tenemos que procesar muchos de nuestros productos, de modo que las familias puedan comprarlos y usarlos”, indica Flores. “Si no hacemos eso, terminarán usando productos procesados que no fueron elaborados aquí”.
Los pequeños productores no pueden cubrir todas las necesidades alimentarias de Puerto Rico, dice Flores, puesto que los puertorriqueños prefieren una dieta más inclinada hacia la carne, y la región no cuenta con suficientes tierras. La producción ganadera requiere mucho más terreno que los vegetales, dice, señalando que la población de Puerto Rico es demasiado numerosa para la cantidad de carne que puede producirse. La producción de carne necesita seis veces más superficie de tierras que los guisantes, por ejemplo, de acuerdo a trabajos de investigación publicados en la revista Science, en 2018.
Alvarez Febles, el escritor, no cree en este argumento. El gobierno no está promoviendo la agroindustria por el bien de la seguridad alimentaria del ciudadano, dice, sino por los intereses de las grandes empresas.
Una cantidad creciente de agricultores y jóvenes se oponen al plan del gobierno mediante el apoyo a productos locales y la distribución de alimentos en áreas urbanas.
Yamaira Hickey Morales, de 24 años de edad, y Miguel García González, de 27, pasan los fines de semana en las fincas de sus familias, en Florida, en el centro-norte de Puerto Rico, o Morovis, un pueblo cercano. Allá limpian el terreno, desyerban, cosechan cultivos y siembran semillas, dice Hickey Morales.
Los productos agrícolas se transportan a San Juan, la capital, en donde estos agricultores venden sus productos desde su camioneta a precios menores a los de los supermercados. Le han dado el nombre de cosecha móvil a su proyecto.
Hasta ahora, han cultivado aguacate, guineos, papaya, calabaza, plátanos, toronja, guayaba y mandarina. Ahora están cultivando sus primeras producciones de yuca, pana y gandules.
La gente que vive en la zona, va desde sus hogares en la avenida Universidad de Río Piedras, un barrio de San Juan, a comprarle aguacates a García González. Mientras los pesa, señala que más personas están comprando este tipo de productos porque son más saludables ya que no se usan plaguicidas en su cultivo y cuestan menos que en los supermercados.
Un solo aguacate de supermercado cuesta $3, mientras que productores locales como Hickey Morales y García González los venden a $1 o $2. Un ramo de cilantro, generalmente, cuesta $1 en el mercado de productores, mientras que en los supermercados cuesta $1.89.
Cristina González trabaja con Castro en la finca Neo Jibairo. Su sombrero de paja la protege de los rayos del sol. Ellos consideran que fincas como esta constituyen el futuro y están creando un proyecto de turismo para incentivar la educación agrícola.
El proyecto, enfocado en turistas nacionales y extranjeros, incluirá una visita a la finca en donde podrán ver el vivero, los cultivos hidropónicos, los campos de tabaco, la producción de composta y un mariposario. En las visitas, se educará sobre la agro-ecología – nombre que da la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura al desarrollo sostenible que apoya las necesidades sociales, ambientales y económicas.
Cristina González quiere que los puertorriqueños aprendan cómo los agricultores trabajan, mejoran los suelos y gestionan los recursos naturales.
“La gente quiere aprender”, dice González, “y están dispuestas a pagar”.
Hickey Morales y García González iniciaron su proyecto de distribución de alimentos dos semanas después de que el huracán María paralizara la zona. García González dice que tiene la esperanza de que este nuevo comienzo rinda frutos.