Editorial Team
Publication Date
February 19, 2018
Mayela Sánchez, GPJ México
Las tareas sencillas son un reto para Silvia Santiago, quien no tiene agua corriente en su casa. Santiago almacena el agua en cubetas y usa jabón y cloro para lavar platos. Luego recicla esa agua para usar en su sanitario o para limpiar su patio.
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — La lluvia es un regalo del cielo para Silvia Santiago. Ella pone sus baldes y cubetas afuera para que se llenen, ahorrándole la necesidad de ir a buscar agua en el pozo de un vecino.
La casa de Santiago, una estructura de un solo piso cubierta por una hoja de cartón, está en la falda de una colina en la Ciudad de México. Este centro urbano es el hogar de algunas de las personas más ricas del mundo y es la capital de México, la segunda economía más grande de América Latina.
La casa no cuenta con servicio de agua. Es un problema común aquí, donde incluso algunos edificios de escuelas públicas tienen grifos que no funcionan. Cerca de un millón de personas en una ciudad de nueve millones viven sin cañerías funcionales. (La población del área metropolitana de la ciudad es más del doble).
El gobierno ha intentado arreglar el problema, pero por el momento ha sido difícil lograr una administración eficiente de servicios de agua básicos.
La situación de Santiago es particularmente complicada pues hay pocas probabilidades de que cambie. Su hogar está ubicado en un asentamiento irregular que fue construido sin el permiso de las autoridades locales. Es más, su barrio está sobre suelo de conservación, que fue protegido, irónicamente, para asegurar que se llene un acuífero clave que provee entre el 60 y el 70 por ciento del agua de la ciudad.
La ley sobre el agua en la Ciudad de México prohíbe a los habitantes de asentamientos establecidos sobre suelo de conservación recibir el servicio de agua potable, drenaje, cañería, o sistemas de tratamiento de aguas.
Y, mientras que la ley busca proteger el suelo de conservación, cuya área cubre más de la mitad del suelo de la ciudad, activistas de los derechos de vivienda critican al gobierno por no proveerles servicios de agua a las personas que viven allí ilegalmente.
“Esto es contundente en relación a no poder abandonar a ese tipo de población”, dice María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina de Coordinación Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat.
La ONU reconoce que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano. En directrices publicadas en 2002, la ONU dice que a nadie se le debería negar el acceso al agua debido al estatus de su vivienda o del suelo en el que está. Según esas directrices, incluso los asentamientos irregulares deberían tener acceso a “servicios de suministro de agua en buen estado de conservación”.
La falta de agua en los asentamientos irregulares de la Ciudad de México es tan severa que Léo Heller, el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, visitó la ciudad en mayo de 2017 y reconoció el problema. En un informe publicado en agosto de ese año, Heller apuntó que el gobierno debería eliminar las restricciones relacionadas con los servicios de agua y de saneamiento en esos lugares.
Pero Heller no mencionó el problema de que los asentamientos existan sobre suelo de conservación.
De la misma manera, la constitución mexicana fue modificada en 2012 para declarar que el acceso al agua es un derecho humano, pero esa enmienda no hizo referencia alguna a los asentamientos irregulares.
Más de la mitad (el 59 por ciento) de las 148.178 hectáreas (366.157 acres) de la ciudad son oficialmente suelo de conservación y hay 867 asentamientos irregulares sobre ese suelo, ocupando aproximadamente 2800 hectáreas (unos 7000 acres). Los precios de la vivienda se han disparado en años recientes y las normas de zonificación, que les dan prioridad a las áreas naturales protegidas, no les ofrecen muchas opciones a las personas que no son acaudaladas. (Lea más de nuestra cobertura sobre los asentamientos irregulares en la Ciudad de México aquí).
No es solo en los asentamientos irregulares en los que las personas no pueden acceder al agua que necesitan. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi un tercio de todos los hogares del país no reciben agua corriente diariamente.
Además, el 21 por ciento de las 206.155 escuelas públicas de México reciben su agua de pozos o camiones cisterna y no de grifos, mientras que 6489 escuelas no tienen acceso a agua, según el informe final del relator especial Heller.
Esos datos difieren de los estimados del gobierno que apuntan que 55.626 de las casi 180.000 escuelas públicas del país no tienen acceso a agua corriente.
Emanuelli dice que la falta de infraestructura en asentamientos irregulares no debería hacer que una comunidad se quede sin agua. El agua puede llegar a través de camiones cisterna o tomas de agua públicas en vez de un sistema de alcantarillado completo, pero debería ser accesible en cualquier parte donde estén las personas, dice.
Sin embargo, los asentamientos construidos en suelo de conservación dañan los depósitos de agua que suministran a toda el área. El suelo está protegido no solo porque preserva la fauna y la flora, sino también porque absorbe la radiación solar y permite que el acuífero se reabastezca.
Cuando se construyen viviendas sobre suelo de conservación, hay pérdida de biodiversidad y captura de carbono, según dice Enrique Pérez-Campuzano, investigador asociado del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al mismo tiempo, el agua se contamina porque, en comunidades sin sistema de cañerías, las aguas residuales son vertidas directamente en el suelo.
Pero ante estas consecuencias tan graves, dice Pérez-Campuzano, la ciudad también tiene parte de la culpa.
“El problema del asentamiento humano irregular no es un problema de agua, es un problema de planificación urbana”, dice. “Si no tuviéramos un déficit de vivienda no tendríamos por qué asentarnos ahí”.
Héctor Manuel Reyes Martínez, el director de Agua Potable y Potabilización[CQ_LINK] del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dice que no es posible proveerles agua a los asentamientos irregulares, pues esas áreas no cuentan con infraestructura. Pero la otra razón, dice Reyes Martínez, es que el gobierno de la ciudad y sus dependencias tienen la obligación de asegurarse de que se conserven las áreas verdes.
“La verdad nosotros no podríamos ser cómplices de ese tipo de cosas”, dice.
De todas maneras, la gente sigue construyendo en suelo de conservación sin la promesa de servicios y, cada vez más, descubren soluciones alternativas.
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) es un organismo público que trabaja para proteger los derechos territoriales y de vivienda de los ciudadanos. En un estudio de 2010, el organismo descubrió que el 30 por ciento de los asentamientos irregulares de la ciudad sobre suelo de conservación (en 2009 había 835 en total) tenían sistemas de suministro de agua entubada y cañerías. El estudio no especifica quién proveía esos servicios.
En algunos casos, hay sistemas de agua irregulares que han funcionado por décadas.
Rosa Pérez Gómez, de 67 años, llegó a vivir en el asentamiento de Tierra Colorada en la delegación de La Magdalena Contreras hace unos 25 años. Cinco años después, sus vecinos conectaron mangueras a un pozo en la cima de una colina. Las mangueras bajan por la colina y se conectan a las casas en el camino. Unas dos veces al mes, Pérez Gómez se conecta a la manguera de un vecino y llena baldes, jarras y un gran tanque de agua.
Pérez Gómez llegó a Tierra Colorada desde Puebla, un estado al este de la Ciudad de México. Rentó lugares para vivir por años, pero los dueños le hacían la vida difícil.
Ella dice que cuando compró su terreno (150 metros cuadrados, o 1.615 pies cuadrados, por 50.000 pesos, o unos 2777 dólares) no sabía que el asentamiento era ilegal o que estaba construido sobre suelo de conservación.
“Yo venía cuando estaba muy feo aquí”, dice.
Ahora, su casa de dos habitaciones está construida con láminas de cartón aseguradas a una sola pared de cemento.
El barrio de Santiago se llama Surco de Encinos. Está también en la delegación de La Magdalena Contreras en la zona suroeste de la ciudad, un área que incluye un poco menos del 6 por ciento del suelo de conservación de la ciudad. Ella llegó aquí en mayo de 2016 con su esposo y dos de sus hijos. Más de 1500 familias viven en los 12 barrios irregulares de la zona. Una pequeña porción de las casi 50.000 casas construidas ilegalmente que existen en la ciudad están sobre suelo de conservación, según estimaciones de 2009 del gobierno local.
El acceso a la casa de Santiago es unacamino empinado, pavimentado en algunas partes y de tierra en otras. El barrio está abarrotado, es una mezcla de casas hechas de cemento y cartón y de otras hechas de mejores materiales. Entre las familias hay campesinos que cultivan maíz en sus parcelas bajo directrices especiales que permiten cultivos limitados en suelos de conservación. Hay tiendas de abarrotes, pero poco de otros servicios.
Después de rentar durante más de 20 años, Santiago pensó que la oportunidad de comprar 100 metros cuadrados (1076 pies cuadrados) de tierra era una propuesta atractiva. Paga 3000 pesos (unos 166 dólares) al mes y espera poder pagar toda la deuda en marzo de 2018.
Dice que sabía desde antes de mudarse que no había tuberías llevando agua a las casas de Surco de Encinos, pero no se imaginaba que la vida sería así de difícil. Calienta agua en una estufa para bañarse. Usa agua embotellada para cocinar.
La delegación de La Magdalena Contreras les suministra agua potable a sus habitantes a través de camiones cisterna una vez a la semana, dice Vicente Rodolfo Hernández Bautista, quien dirige la división local de la delegación que se encarga de los asentamientos irregulares. Esa provisión no es una muestra de apoyo a la construcción sobre el suelo de conservación, sino un reconocimiento práctico de que la ciudad no puede negar el derecho al agua.
Pero Santiago dice que el camión solo viene una vez al mes, lo que no es para nada suficiente. En cambio, ella depende del agua de campesinos locales con pozos, quienes acceden a dejarla llevar agua dos veces al mes, por lo que da un pequeño pago a cambio. Cada receptáculo que posee es usado, dice.
“Llenar lo que más puedas y [ah]ora sí que reciclar, reciclar, reciclar toda”, dice Santiago.
Santiago usa el agua que recolecta de la lluvia para el baño y para trapear y limpiar el patio, dice. El agua que usan para bañarse es luego usada en el sanitario.
Santiago sabe que enfrenta estas dificultades porque vive en una zona irregular. Su esperanza, dice, es que algún día su tierra y la de sus vecinos se regularice.
“Yo tengo la confianza en dios, la esperanza en dios de que no nos lleguen a sacar y que algún día se regularice. Eso es lo que espero”, dice.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
