Mientras la ciudadanía le tiene miedo a la brutalidad policial, la policía teme represalias violentas

CHIHUAHUA, MÉXICO — El comandante Ricardo Flores y su compañero en turno llegaron a la casa del sospechoso y tocaron la puerta. Era 2019 y habían ido a arrestarlo por violación. Pensaron que podría ser un hombre peligroso.

Tenían razón.

El sospechoso gritó: “Los voy a matar. Ustedes están aquí porque son amigos de la víctima y la quieren proteger”, recuerda Flores, comandante de la policía municipal de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, estado del norte de México.

Después les disparó tres veces a los policías, quienes salieron ilesos. Pero el incidente marcó a Flores.

“Todos los días salimos a trabajar, pero no sabemos si vamos a regresar a casa”, señala Flores. Y añade: “Antes la policía se hacía respetar, era una figura que imponía respeto y autoridad”.

El lamento del comandante es un reflejo de los conflictos cada vez más profundos entre la policía y la ciudadanía mexicana en los últimos años. Conforme aumentan las investigaciones ante la presunta brutalidad y otras conductas indebidas por parte de la policía, también se fractura más la relación entre agentes policiales y la población. Esa desconfianza mutua ha provocado un ciclo de violencia y ha destruido el contrato social entre el orden público y las personas a las que deben proteger.

La policía agrede y asesina personas. La ciudadanía agrede y asesina policías. El resultado: ambos grupos están sumidos en la ira y el temor.

En octubre de 2019, en el estado occidental de Michoacán, un grupo armado emboscó y asesinó a más de una docena de policías. El año pasado, el jefe de policía de la Ciudad de México sobrevivió un intento de asesinato. En mayo, el jefe de policía del estado de Sinaloa, en el noroeste del país, fue asesinado. Y unos meses antes, un grupo armado atacó a una caravana de policías en el Estado de México y mató a 13 personas.

El año pasado, 524 policías fueron asesinados en México, cifra que superó los 452 de 2018. Muchas de las muertes estaban relacionadas con bandas y cárteles del narcotráfico.

“Hay un maltrato constante de las fuerzas policiales”, comenta Luis Carlos Sánchez Díaz, investigador de Causa en Común, agrupación de la sociedad civil que se enfoca en temas del orden público en México.

Al mismo tiempo, afirma, la violencia policial indigna a la ciudadanía. Amnistía Internacional, el movimiento global de derechos humanos con sede en Londres, dice que la violencia policial es una crisis a nivel mundial: desde Kenia y Jamaica hasta Irak, Brasil, los EE. UU. y México. Y en todo el mundo, destaca el informe realizado en 2021: “La impunidad de los asesinatos policiales a menudo ocasiona un ciclo de violencia mortal”.

Una docena de oficiales del estado fronterizo de Tamaulipas fueron culpados en febrero por la muerte de 19 personas, la mayoría personas migrantes guatemaltecas. Al encontrarse los cadáveres en enero, se descubrió que les habían disparado y quemado.

En otros casos, dice Sánchez Díaz, la tecnología ha revelado los abusos policiales que antes podían evadir la publicidad. Un ejemplo: la muerte de Victoria Esperanza Salazar.

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En marzo, en Tulum, Quintana Roo, estado del sureste de México, la policía vio que se comportaba de forma errática en una tienda de conveniencia. Cuatro agentes intentaron arrestarla. Uno le puso la rodilla sobre la espalda, copiando la maniobra que utilizó un oficial de policía de los EE. UU. para someter a George Floyd, cuya muerte provocó manifestaciones en todo el mundo en 2020.

A Salazar, de 36 años, le fracturaron dos vértebras, y murió. Procedente de El Salvador y madre de dos adolescentes, vivía en México con una visa humanitaria. Los presidentes de México y El Salvador deploraron el asesinato. Los grupos de derechos humanos expresaron su indignación. En Tulum y en la Ciudad de México, estallaron las protestas.

“La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida de la víctima”, informó la Fiscalía General del estado de Quintana Roo en un comunicado de prensa.

En México, las corporaciones policiales estatales y municipales, así como la Guardia Nacional (que sustituyó a la policía federal), están a cargo de la seguridad pública. En los últimos años, el Congreso de México ha recortado el presupuesto para el orden público, dice Sánchez Díaz. Además de la falta de recursos, el Proyecto de Justicia Mundial, organización independiente e internacional que trabaja por los derechos humanos y se centra en cuestiones de Estado de Derecho, detectó que otros problemas, como las malas condiciones laborales y la falta de capacitación, han deteriorado la seguridad pública en todo el país. La presunta corrupción policial hace más grande la crisis.

Una policía de la Guardia Nacional, en servicio desde hace tres años, teme por su vida. Dice que entiende el enojo público: “Después de todo lo que ha sucedido, estamos en el ojo del huracán. La gente nos pone más atención; si el proceder [de la policía] se llevó a cabo adecuadamente, si un agente comete abuso de autoridad. Los civiles se fijan mucho en todos esos detalles. Le ponen atención a todo”.

Quizá no sea una sorpresa que la confianza pública en la policía se haya debilitado. El Proyecto de Justicia Mundial México reveló que apenas el 54 % de la población mexicana confía en la policía estatal y solo el 51 % piensa que es eficaz.

Con frecuencia, esa furia se muestra en videos en las redes sociales, que continuamente muestran a “personas peleando con agentes policiales”, expresa Sánchez Díaz. En un video reciente, recuerda, un tránsito de la Ciudad de México estaba usando una “araña”, artefacto para inmovilizar autos, cuando una persona comenzó a golpearlo.

Ciudadanas como Justina Zamarripa sienten poca simpatía por la policía.

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El 8 de septiembre de 2020, su hija, Jessica Estrella Silva Zamarripa, y el esposo de Silva, Jaime Torres Esquivel, regresaban a su hogar en el poblado de Lázaro Cárdenas en Chihuahua después de haber participado en la manifestación y toma de la presa de La Boquilla, 119 kilómetros al sur.

Al pasar por la ciudad de Delicias, 33 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, les dispararon en una gasolinería. Los balazos dejaron al esposo de Silva herido de gravedad. Silva murió en el lugar.

Ninguno portaba armas. Cuando les dispararon, estaban en el interior de su vehículo y tenían puesto el cinturón de seguridad.

Las personas que presenciaron los hechos señalaron a integrantes de la Guardia Nacional como responsables de haber disparado. Después de varios días en terapia intensiva, Torres se recuperó y corroboró los datos.

Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, declaró en una conferencia de prensa que el personal de la Guardia estaba en un convoy cuando se escucharon disparos. No sabían de dónde provenían. Mientras respondían a los balazos, Silva y Torres pasaron, explicó el comandante.

“Fue un terrible, desafortunado accidente”, afirmó.

Fernando Antonio Soto Cortés, vocero de la Guardia Nacional, asegura que una capacitación más efectiva puede evitar este tipo de situaciones.

“Tanto en la formación inicial como en la continua, se capacita al personal en los diferentes protocolos de actuación policial, con especial énfasis en el uso correcto de la fuerza, lo que evita casos lamentables como lo ocurrido en el Estado de Chihuahua”, dice Soto.

Eso no es un consuelo para Justina Zamarripa, quien lloró durante toda la entrevista.

En octubre pasado, la Guardia Nacional anunció la detención de seis de sus integrantes que participaron en el tiroteo. Les culparon por homicidio e intento de homicidio.

“Vamos a voltear la moneda. Si yo hubiera sido la que hubiera asesinado a uno de la Guardia Nacional, ¿dónde estaría yo? Es más, ya me habrían yo creo hasta matado”, expresa Zamarripa.