Editorial Team
Publication Date
January 9, 2019
Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Lucía Romina Escobar, una de las preceptoras del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, en Buenos Aires, revisa datos de sus estudiantes en su computador. Este es el primer trabajo formal de Escobar.
BUENOS AIRES, ARGENTINA — Lucía Romina Escobar dejó de ir a la escuela y se fue de su casa cuando era una adolescente. Su padre no comprendía su identidad de género y los dos solían pelear, dice ella. Él le recordaba constantemente que su decisión de identificarse como una mujer tendría consecuencias graves.
“Te van a matar, hijo”, le solía decir su padre.
Escobar, que es trans, dice que las preocupaciones de su padre eran válidas. A pesar del historial del país de aprobar leyes y políticas progresivas de derechos sociales, es común que los argentinos trans sufran por la discriminación.
Sin una educación de escuela secundaria, Escobar consiguió un trabajo en una discoteca, donde lavaba platos y realizaba otras tareas de aseo para ganar dinero para su renta y su comida. A veces, realizaba trabajos sexuales, dice.
“No me gustaba”, dice con ojos llorosos.
Pensó volver a la escuela varias veces, pero su trabajo nocturno hacía que eso fuera imposible. La mayoría de clases para adultos se daban por la noche, cuando ella estaba trabajando.
Hace cuatro años, una amiga le contó a Escobar de una escuela secundaria para personas trans que había abierto hace poco en Buenos Aires, la capital argentina. La escuela tenía una vacante abierta. Escobar se postuló al trabajo y completó su educación secundaria poco después.
“Empecé a vivir de día, salir a la luz me humanizó un poco más”, dice.
En 2015, un año después de que Escobar consiguiera su primer trabajo formal, los legisladores de la Provincia de Buenos Aires aprobaron una ley que requería que por lo menos el 1 por ciento de los empleados públicos fueran trans, transexuales o travestis. La Provincia de Buenos Aires es la más grande y la más poblada de las 23 provincias argentinas.
Pero la ley nunca fue implementada del todo. Algunos municipios han implementado algunos aspectos de la ley, pero otros no.
Las organizaciones locales que promueven la diversidad de género dicen que el empleo formal no es una opción para la mayoría de personas trans del país, pero están determinadas a cambiar esta situación. Les están pidiendo a los legisladores que creen un nuevo cupo a nivel nacional para crear una fuerza laboral más inclusiva.
Según Glaad, una organización norteamericana, el término “trans” se usa para describir a personas cuya identidad de género es diferente al sexo que les fue asignado al nacer.
En Estados Unidos, más de una de cada cuatro personas trans han perdido un trabajo debido a la discriminación contra ellas, según el Centro Nacional para la Igualdad Trans. Las personas trans y otras minorías sexuales en Argentina enfrentan retos similares, según una encuesta de 2017 publicada por el Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Buenos Aires.
Solo el 9 por ciento de las 169 mujeres trans y travestis que fueron encuestadas están empleadas en el mercado laboral formal, mientras que el 70 por ciento ganan ingresos a través de trabajos sexuales. Los activistas de derechos humanos locales culpan al estigma alrededor de los asuntos trans por estos problemas de empleo.
En 2012, el gobierno de Argentina implementó una ley que les permite a los ciudadanos cambiar el sexo que les fue asignado al nacer en documentos oficiales. Aunque esta ley se llevó a la práctica poco después de ser aprobada, la ley de contratación de 2015 aún no se ha implementado por completo.
Varios meses después de que se aprobara la ley, un nuevo gobierno asumió el poder en la Provincia de Buenos Aires. Los activistas trans y algunos políticos de la oposición dicen que creen que la ley no ha sido puesta en marcha debido a la falta de interés del nuevo gobierno provincial.
Después de que la ley fuera aprobada en 2015, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, la recibió para firmarla a principios de 2016, según dice Karina Nazábal, la secretaria de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.
“Hacen casi dos años que la gobernadora tiene la reglamentación a su disposición para que la firme y no lo hace”, dice Nazábal, una simpatizante de la legislación propuesta.
“Nunca dijo por qué no firmó la legislación. Creemos que tiene que ver con su posición política”, añade Nazábal.
La oficina de la gobernadora no respondió a las preguntas de Global Press Journal.
Sin leyes y políticas laborales inclusivas, a las personas trans se les seguirá dificultando encontrar trabajos, dice Alba Rueda, miembro de Mujeres Trans Argentina.
“Del 2015 a la fecha, no crearon políticas que permitan sacar a las compañeras trans de la exclusión”, dice Rueda.
Ella sufrió discriminación a la hora de buscar trabajo.
“Cuando llegaba a las entrevistas no importaba si tenía estudios universitarios”, explica. “Me miraban y me decían que no”.
Algunas personas dicen que aunque la ley no ha entrado en efecto, la esperanza no se ha perdido.
Cuando la ley fue aprobada, universidades y municipios comenzaron a contratar algunas personas trans, según dice Say Sacayán, líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Sacayán también es hermano de Diana Sacayán, una activista trans que fue asesinada en 2015.
“Hay municipios que adhieren [a la ley] y, si bien no cumplen con el 1 por ciento, nos habilitan tres puestos de trabajo que, si bien es poco, para las compañeras que se siguen prostituyendo en la calle es muy importante”, dice Sacayán.
Algunas compañías privadas también están contratando a empleados trans.
Francisco Quiñones, director del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, la escuela en la que trabaja Escobar, dice que seis personas trans trabajan en la institución y muchas más van a clases diariamente. La escuela tiene un programa de empleo que les permite a sus estudiantes conseguir trabajos con compañías de la zona. Quiñones dice que ha visto cada vez más ofertas de trabajo de diferentes compañías para sus estudiantes trans.
Pero hay un problema.
“Los sueldos que ofrecen son muy bajos y cada vez más”, dice. “Muchas compañeras consiguen el trabajo pero se tienen que seguir prostituyendo para llegar a fin de mes”.
Otras personas aceptan estos trabajos mal pagados por el acceso a la salud. Quiñones dice que a veces las personas trans pueden recibir tratamientos hormonales u operaciones de cambio de sexo en hospitales privados, gracias al seguro médico que reciben con estos trabajos. Aunque hay leyes que hacen posible que las personas trans accedan a los mismos tratamientos en hospitales públicos, muchas tienen que esperar para ser tratadas, dice Quiñones. La burocracia y la discriminación pueden hacer que la espera dure hasta cinco años.
Antes de que el gobierno pueda solucionar las desigualdades de pago, debe haber suficientes trabajos para los miembros de la comunidad trans, dice Rueda.
“Es por la falta de oportunidades laborales que necesitamos que el acceso al empleo sea una política nacional”, dice.
Su organización y unas 20 otras escribieron el borrador de un proyecto de ley de cupo laboral trans y lo enviaron en agosto a la Cámara de Diputados. Esta ley se aplicaría a nivel nacional, dice Rueda. El proyecto dice que las personas trans deben ocupar por lo menos el 1,5 por ciento de los cargos del sector público. También dice que los argentinos trans deben recibir capacitaciones para ayudarles a abrir sus propios negocios.
Las autoridades todavía no han comentado la propuesta.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
