Argentina necesita medidas más fuertes para enfrentar la trata de personas

BUENOS AIRES, ARGENTINA — Las formas de reclutamiento varían. Para algunas, es la promesa de trabajo hecha por un falso empleador. Para otras, es un guardia en la puerta de un prostíbulo que agarra y arrastra a los transeúntes hacia adentro. Y otras son vendidas al mejor postor por un novio que parecía confiable.

Pero el resultado es el mismo: son forzadas a realizar labores sexuales (aquí en la capital argentina y en el resto del país) mientras que sus tratantes se lucran de esta práctica ilegal.

Las niñas y mujeres jóvenes son blanco de la explotación sexual en Argentina y en los vecinos países de Bolivia y Paraguay. El pago promedio que recibe quien vende a una niña menor de 13 años a la red de trata de personas es de 10.000 pesos argentinos (588 dólares), mientras que una persona mayor de 15 años puede significar hasta 8000 pesos (470 dólares), según Margarita Meira, fundadora de Madres Víctimas de Trata, una organización que les ayuda a las familias de las víctimas de la trata sexual.

Algunas mujeres y niñas logran escapar de sus captores y tratantes, pero otras son quemadas, violadas y drogadas si son atrapadas tras un intento de escape, dice Meira. Cuando las víctimas de la trata sexual son identificadas y rescatadas por la policía, agrega Meira, les es difícil reconectarse con sus familias y regresar a sus comunidades porque hay muy pocas fuentes de ayuda y, a veces, no hay lugar en el que puedan vivir.

“Esas chicas necesitan contención, cosa que no existe”, dice Meira.

En Argentina, la ley prohibe y castiga la trata de personas, tanto con fines de labor forzada, como de explotación sexual. Un programa del gobierno que comenzó en 2008, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, también busca luchar contra esta práctica ilegal al proveerles  a las víctimas ayuda psicológica, social, médica y legal.

Pero algunos activistas, incluidos algunos de organizaciones sociales, los recursos que tienen a su disposición las mujeres víctimas de la trata de personas que han sido rescatadas por la policía de lugares donde eran forzadas a realizar labores sexuales son inadecuados.

Alrededor del mundo, el 71 por ciento de las víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas, según un informe de 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, mientras que el 57 por ciento de las actividades de trata de personas en Suramérica tienen como propósito la explotación sexual.

En Argentina, un total de 11.169 víctimas de la trata de personas recibieron ayuda o fueron rescatadas entre abril de 2008, cuando comenzó el programa contra la trata de personas, y junio de 2017. Pero algunas ONG y funcionarios públicos dicen que aún falta trabajo por hacer.

Uno de los problemas es buscar un lugar de refugio. A algunas de las víctimas rescatadas por redadas de la policía de las redes de trata se les ofrece asistencia del gobierno hasta que testifiquen en una corte en contra de sus victimarios, dice Meira, pero el gobierno no siempre logra proveer un lugar en el que las víctimas de la trata puedan vivir y recibir asistencia, mientras que es bastante infrecuente que reciban terapia.

“Tendría que haber un centro especializado para tratar a víctimas de trata”, dice Meira. Su organización, Madres Víctimas de Trata, planea ofrecerles espacios habitables a las mujeres víctimas de la trata de personas en los que puedan recibir asistencia del gobierno, pero no cuenta con el dinero para comenzar a construir.

Encontrar refugio no es el único problema que enfrentan las víctimas de la trata de personas. A veces, los trabajadores sociales y los psicólogos no las contactan después de haber sido rescatadas, dice Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos, una organización que aboga por los derechos de las trabajadoras sexuales argentinas.

Meira dice que actualmente el gobierno no cuenta con una manera efectiva de identificar a las mujeres víctimas de la trata de personas, ni vivas ni muertas, lo que hace más difícil realizar operaciones de rescate y proveer ayuda. La mayoría de las veces dependen de testimonios y de la corroboración de clientes en burdeles, dice Meira. Ella dice que varias organizaciones, incluyendo la suya, abogan por una base de datos gubernamental de huellas dactilares que facilite la identificación de las víctimas de la trata de personas.

Otros activistas en Argentina quieren que se cree una nueva legislación para asegurar que las mujeres víctimas de la trata de personas reciban una asistencia adecuada y consistente y que sus victimarios sean castigados. Juan Manuel Abal Medina, un politólogo y exsenador, dice que, aunque la trata de personas se castiga bajo la ley actual con hasta 15 años de prisión, él apoya un proyecto de ley que declararía la trata de personas como un crimen de lesa humanidad.

“Estamos enfrentando grandes organizaciones criminales y para ello necesitamos contar con nuevas herramientas y estructuras de contención de las víctimas”, dice Abal Medina. “Este proyecto de ley es una de esas herramientas”.

El gobierno también está considerando maneras para ayudar a las víctimas de la trata de personas a lograr alcanzar la estabilidad económica al regresar a sus comunidades, dice Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Los activos de los tratantes confiscados en redadas pueden ser usados para ayudar a las mujeres víctimas a comenzar sus propios negocios, dice Colombo.

Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.