BUENOS AIRES, ARGENTINA – El padre de Sofía Rodríguez mató a su madre, Noemí Cristina Rodríguez, en mayo de 2019. Cuando un policía de Buenos Aires volcó la cartera que llevaba en ese momento, lo primero en caer fue la perimetral. “No le sirvió de nada tener el papel ahí. Ella la llevaba como un escudo. Le parecía que si la tenía ahí no le iba a pasar nada”, dice Rodríguez. Su madre ya había presentado denuncias policiales contra el agresor varias veces, y el documento le ordenaba mantener cierta distancia de ella.

Desde 2009, Argentina cuenta con una de las leyes contra la violencia de género más avanzadas de la región, que incluyen diversas medidas de protección. Algunas, como los botones antipánico y aplicaciones para celular, permiten dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad ante una situación de riesgo. Y más recientemente, el país ha introducido dispositivos de seguimiento GPS duales, en los que el agresor lleva un dispositivo de seguimiento en el tobillo y la denunciante recibe un sensor de mano o de pulsera. Cuando el agresor se acerca demasiado, tanto la denunciante como las autoridades son automáticamente notificados de que el agresor violó la prohibición de alejamiento.

Pero esas medidas no sirvieron para proteger a Melissa Julieta Kumber, una policía asesinada por su expareja, también policía, en 2019. Kumber había denunciado previamente al femicida y conseguido que la justicia le impusiera una orden de restricción, pero no fue suficiente, lamenta su madre, Claudia Vallejos. “No alcanzó y yo creo que la única medida que podría salvar a una mujer de un femicidio es que cuando la mujer denuncia lo detengan [al agresor] y se investigue a fondo”, dice Vallejos.

Las cifras de asesinatos de mujeres en Argentina casi no han cambiado desde 2008, el primer año del que se dispone de datos. Esta situación no es exclusiva de Argentina; sino que es igual en la mayor parte de América Latina y el Caribe, donde la legislación que aborda la violencia de género está muy extendida.

Costa Rica se convirtió en el primer país en penalizar el femicidio, término acuñado en la década de 1970 por la autora y feminista británica Diana Russell. Ella lo definió como “el asesinato de mujeres a manos de hombres por el hecho de ser mujeres”. Desde entonces, otros 18 países han adoptado la clasificación.

De esos 18 países, 13 han implementado leyes integrales para frenar la violencia de género. Estas leyes contienen medidas preventivas, iniciativas educativas y reparaciones para apoyar a las familias afectadas por ese tipo de violencia. Entre ellos se encuentra México, donde los feminicidios – como el crimen es legalmente definido en México -- han aumentado. En 2021, en el transcurso de un año, más de 1,000 mujeres fueron asesinadas por motivos relacionados con el género, lo que marca una tendencia preocupante.

Y en el Caribe, donde las jurisdicciones han tardado mucho más en tipificar el delito de femicidio, las tasas de violencia doméstica son de las más altas de la región.

¿Significa eso que las leyes – y las medidas de protección e iniciativas de prevención que las acompañan – no están funcionando?

Para Alejandra Valdés Barrientos, coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cuestión es compleja. “Ir contra cultura implica una pelea legislativa difícil”, dice. “Es muy difícil de cambiar y de erradicar el femicidio por las condiciones en que se da, que es una perpetuación (…) de patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos, y el predominio de la cultura del privilegio en los hombres”.

Barrientos añade que, si bien la mayoría de estos países han introducido cambios en sus códigos penales, muchos carecen de legislación que aborde adecuadamente la prevención, como la regulación de la representación mediática del género femenino, o la adopción de programas educativos en las escuelas. “Podemos seguir haciendo grandes campañas mediáticas una vez al año,” dice, “pero debemos actuar de manera permanente en la formación de hombres y mujeres para producir cambios”.

Sin embargo, Valdés Barrientos reconoce que incluso el mero cambio del código penal tiene efectos significativos en la sociedad y en el sistema judicial: permite que las autoridades investiguen los delitos desde una perspectiva basada en el género y ayuda tanto al Estado como a la sociedad civil a producir datos relevantes, señala.

Otro desafío en las leyes contra la violencia de género es garantizar que los y las familiares de una persona que muere por femicidio reciban una reparación por parte del Estado, afirma.

Argentina fue pionera en ese sentido con la Ley Brisa de 2018, la cual define la responsabilidad del Estado para apoyar a las y los familiares de la mujer asesinada, establece la cantidad de las reparaciones, y cuándo y cómo deben proporcionarse.

Para Rodríguez, solo las detenciones inmediatas podrían ayudar a mujeres en la situación de su madre. “Yo siento que lo que me pasó no tiene cura. Se hace callito nada más y a veces se reabre”, concluye.

En Puerto Rico, más de la mitad de las solicitudes de orden de protección por violencia doméstica son rechazadas

Por más de un año, Neisha, de 25 años, estuvo sometida a los abusos de su pareja. Su celular era revisado constantemente, debía excusar cada salida y los reclamos por celos se volvieron un asunto cotidiano. Vivía en una espiral de violencia que se fue agravando.

Hace tres años, Neisha – quien prefiere ser identificada apenas por su nombre por razones de seguridad– temió por su vida y decidió denunciar su caso. Tras ir al cuartel más cercano con fotos como evidencia, fue citada a un centro de comandancia, un departamento de mayor rango, para dar testimonio de su experiencia.

“Yo quería olvidarlo todo, [pero] tuve que verlo [su agresor]. Tuve que explicar todo como sucedió, frente a esa persona”, dice. Las autoridades tardaron tres meses para emitir una orden de protección, un plazo que Neisha consideró rápido.

Cuando una mujer solicita una orden de protección en Puerto Rico, los jueces evalúan a detalle la evidencia ofrecida y determinan si la vida de la persona está o no en riesgo. Tienen la capacidad de otorgar una orden de protección provisional por un periodo de hasta 20 días. Durante este tiempo, citan a ambas partes para una vista final que otorga o no la orden de protección final, el término legal usado en Puerto Rico para una orden de protección de largo plazo.

La mayoría de las mujeres de Puerto Rico no tienen tanta suerte como Neisha. El año pasado, más de 8,000 mujeres solicitaron una orden de protección – y menos de la mitad la obtuvo.

De acuerdo con Madeline Bermúdez, quien dirige la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), una intercesora estatal, la razón principal para que una orden de protección sea denegada se debe a criterios judiciales. Como es común que las mujeres afectadas estén descompensadas emocionalmente, “eso lleva a que no pueda probablemente relatar unos hechos o poder exponer su situación con claridad”, dice.

“Lamentablemente, los criterios judiciales nos han fallado muchas veces”, señala Bermudez.

No atender esas solicitudes puede hacer que las personas agredidas vuelvan a vivir la experiencia, dice Lisdel Flores, directora del Hogar Ruth, una organización que ofrece albergue y servicios para mujeres que han atravesado la violencia. “De nada sirve enmendar la ley si no hay respuesta coordinada”, dice.

Neisha obtuvo una orden de protección con efectividad de seis meses, pero su agresor no detuvo sus actos. La seguía a su trabajo, le escribía, la acosaba en las redes sociales. Ella temía por su vida. No salió de su casa por un mes y tampoco llegó a su trabajo durante ese periodo. Su vida económica también se precarizó y, con ello, su salud emocional.

“Literalmente eso es un papel”, dice, refiriéndose a la orden de protección. “No es que [la policía] está pendiente de que [el agresor] no esté cerca ni nada por el estilo. (…) La responsabilidad recaía sobre mí”.

En 2021, tras un aumento de incidentes de violencia de género y doméstica, Puerto Rico creó el Centro de Operaciones para el Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP), una dependencia encargada de centralizar pedidos de orden de protección por vía electrónica, y dar seguimiento a las órdenes emitidas. Este centro de operaciones reporta que, desde 2022, estas órdenes se emiten en menos de dos días.

Neisha solicitó una extensión de su orden de protección por seis meses más y, con el pasar del tiempo, el agresor dejó de buscarla. Mientras dice sentirse fuerte por haber salido de esa relación, todavía se pregunta si la orden de protección fue lo que salvó su vida.

En México, falta educación sobre violencia de género en las escuelas

De los 32 estados de México, 24 han decretado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, un mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007. El estado de alerta exige que las autoridades pongan en marcha acciones preventivas, de seguridad y de justicia para frenar la violencia contra las mujeres.

Dentro de esas acciones está la implementación en escuelas secundarias y preparatorias de programas permanentes sobre sexualidad y prevención de violencia de género.

Sin embargo, Herminia Morales, profesora de primaria con experiencia de 37 años en las aulas en el estado de Chiapas – donde 25 mujeres murieron por feminicidio entre enero y septiembre de este año – dice que no ha habido programas de sensibilización hacia el personal en la escuela en que trabaja. “Está en las leyes. Decretos van y decretos vienen, pero son solo eso: decretos. Y no hay una capacitación”, dice Morales. “No te puedo decir porcentajes, pero por lo que yo puedo observar, creo que hay un 10% de docentes que tiene como cierta sensibilidad al tema de género”.

Aunque las alertas han sido un mecanismo clave para obligar a las autoridades a cumplir con la ley, hay demasiado foco en la sanción, dice Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una organización que aboga por justicia para las mujeres que han muerto por feminicidio, y directora de la organización Justicia Pro Persona que impulsa la igualdad de género. “No estamos previniendo el feminicidio. Esa no ha sido nuestra estrategia y tampoco de las autoridades. (…) No se ha invertido en la educación de la sociedad”.

Yesenia Molina, maestra y directora de la Telesecundaria Leona Vicario, un centro educativo en San Cristóbal de Las Casas, dice que en 2019 llegó a su escuela el Violentómetro, un material informativo elaborado por el gobierno federal que pretende ayudar a identificar grados de violencia doméstica. “Nos dieron hasta unas fichas, vino un paquetito, pero igual si tú no tomas la iniciativa de leerlo, no pasa nada”.

Molina cuenta que a los y las maestras les toca escuchar muchas historias de violencia contadas por sus alumnas. “Una [niña] quedó sin uniforme y materiales porque el hermano quemó su casa”, dice. “Otra joven fue amenazada por apoyar a una mujer violentada para que pusiera una denuncia”.

En respuesta, empezó a desarrollar con el resto del personal docente un pequeño proyecto de talleres y audiovisual para trabajar con los padres y las madres del alumnado. “Lo hacemos los viernes, así como un cine debate pequeñito”, dice.

Pero hay poco apoyo para seguir con el programa. “Nadie nos dijo [que lo hiciéramos], así como tampoco hay capacitación, por eso hemos ido muy poquito a poco”, dice. “Como directora de la escuela me está costando, pero esta es la manera que pienso que podría funcionar aquí”.