MAYAGÜEZ, PUERTO RICO — Raquel Delgado Valentín es una mujer enérgica, rápida en sus palabras y consecuente en sus acciones. Cree en la autodefensa feminista y, como trabajadora social, también cree en el cuidado colectivo. Porta un arma desde 2005 porque considera que como mujer feminizada es más vulnerable a agresiones o actos violentos.

“Yo necesito protegerme porque sé que el Estado no me va a proteger. Lo he visto montones de veces, y la manera de yo sentirme segura es teniendo un arma”, dice. Durante 15 años, Delgado trabajó directamente con personas que han vivido la violencia de género en Puerto Rico donde, en promedio, se reportan más de 600 incidentes de violencia doméstica al mes, según cifras recopiladas este año por el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Al igual que Delgado, actualmente aproximadamente 35,000 mujeres tienen licencia para salir armadas a las calles. De estas, 436 fueron conferidas como parte de las medidas de protección a personas que han vivido la violencia doméstica y el acecho, previsto en el artículo 2.14 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, que les permite obtener una licencia de portación de manera expedita, sin costo, y con una vigencia de 90 días que puede extenderse mediante una solicitud regular. Sin embargo, la efectividad de la medida despierta dudas entre quienes brindan servicios a las poblaciones afectadas por este tipo de agresión.

“Cuando hay un arma en una circunstancia de violencia doméstica, aumenta la letalidad”, advierte Coraly León Morales, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, una organización que agrupa a albergues para quienes enfrentan violencia. “El que esa arma se le otorgue a una sobreviviente no necesariamente significa que esa sobreviviente es quien la va a usar”.

León Morales considera que este mecanismo es una forma de dejar la seguridad de las mujeres en sus propias manos y aumentar la letalidad en un acto de agresión.

Como trabajadora social, Delgado reconoce que el solo hecho de poder portar un arma no es la solución. Aunque se obtenga la licencia de manera gratuita, comprar un arma y tomar cursos de manejo implica un gasto, y existen otros procesos que no son inmediatos. “Un arma requiere un montón de elementos de apoyo que va a necesitar esta sobreviviente para poder manejar adecuadamente esa pistola”, dice.

El costo para obtener un arma de fuego es tan variado como sus estilos. Según anuncios y tiendas virtuales de armerías que sirven la región, puede costar desde 300 dólares estadounidenses y superar los 1,000 dólares. En contraste, el salario mínimo en Puerto Rico es de 9.50 dólares por hora.

Por otra parte, Madeline Bermúdez Sanabria, quien dirige la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), una agencia interestatal que opera las 24 horas del día para ofrecer servicios, promover y fiscalizar política pública que garantice los derechos de las mujeres, es una de las voces que apoya la medida desde que se propuso. En su opinión, obtener un arma pone a las mujeres en igualdad de condiciones que sus agresores.

Ella cree que otorgar licencias de portación de armas de manera gratuita ayuda a las mujeres a tener protección adicional ante una emergencia. “Nosotros apoyamos que fuera libre de costo y que lograran obtener la licencia si así lo desean”, dice Bermúdez.

Entre más licencias se otorgan, más mujeres mueren por heridas de bala

Desde la entrada en vigor de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, el número de licencias se ha disparado. Entre junio de 2020 y octubre de este año, se otorgaron más de 113,000 licencias nuevas y 70,544 renovaciones, según reportes de la División de Reglamento de Armas y Expedición de Licencias del Negociado de la Policía de Puerto Rico, la autoridad encargada de emitir permisos de portación de armas. En 2017, el último año del que se tiene registro público previo a la emisión de la ley de armas, fueron expedidas 1,222 licencias a nuevos solicitantes.

A pesar de que las cifras de feminicidios íntimos, aquellos cometidos por parejas, exparejas o conocidos, presentaron una reducción en los primeros dos años desde la entrada en vigor de la ley, en 2023 se ha visto un aumento. Además, las armas de fuego se mantienen como el método más usado para cometerlos. En 2018, se cometieron 23 feminicidios íntimos en Puerto Rico, según un informe publicado por Proyecto Matria y Kilómetro 0, dos organizaciones enfocadas en la equidad y los derechos humanos. Para 2020, año en que entró en efectividad la ley de armas, el Observatorio de Equidad de Género, una coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos que monitorea y analiza la violencia de género en Puerto Rico, registró 18 feminicidios íntimos, en comparación con 15 en 2021 y otros 15 en 2022.

Entre enero y el 14 de noviembre de este año, ocurrieron 19 feminicidios íntimos en Puerto Rico, 16 de ellos a causa de disparos, según estadísticas analizadas por el Observatorio de Equidad de Género. En 13 de estos casos, el perpetrador del crimen tenía licencia para portar armas.

Bermúdez, de la procuraduría, considera que la ley debería revisarse, pues se han liberalizado demasiado los procesos para que las personas puedan estar armadas.

“Las estadísticas nos siguen dando la razón. Son mujeres las que mueren en manos de hombres que tienen licencia y portación de armas”, dice. “Es un aspecto que nos preocupa … [y] que hemos estado trabajando. Ya hemos estado en conversación con algunos legisladores y con algunos grupos de esta situación”.

Jocelyne Rodríguez Negrón, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, apoya la portación de armas como un recurso adicional a otros servicios de protección para quienes viven violencia, pues asegura que las medidas existentes no han sido suficientes. Dice que la medida no se está discutiendo en la actualidad, pero que desde la legislatura se buscan soluciones para mejorar el panorama de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Al permitir que las personas que viven situaciones de violencia tengan acceso a armas, “el mensaje que estamos llevando es que tenemos que armar a todas para detener la violencia”, dice Lisdel Flores Barger, directora ejecutiva del albergue para mujeres Hogar Ruth. Tanto ella como León Morales y Delgado coinciden en que es necesario implementar estrategias de prevención, ofrecer educación con perspectiva de género y procurar más espacios de apoyo emocional para atender el problema de la violencia desde el origen.

“Sabemos que hay una raíz más profunda”, dice Delgado. “No podemos pensar que darle una licencia a una sobreviviente y una .40 le va a resolver la vida porque esto no necesariamente es así”.