En Puerto Rico el confinamiento podría dejar atrapadas a mujeres que sufren maltrato, advierten quienes defienden su causa

GUAYNABO, PUERTO RICO — Inés Marrero planeó escapar de su pareja abusiva por más de un mes, utilizando un teléfono celular en secreto para hacer llamadas a un refugio que ayuda a quienes buscan protección de la violencia doméstica.

Su única oportunidad de escape era abandonar la casa cuando su pareja salía a trabajar.

Marrero, quien ahora trabaja en un refugio para personas que han escapado de la violencia doméstica, teme por aquellas mujeres que viven en relaciones de abuso en Puerto Rico en este momento. La región se encuentra en confinamiento debido al brote de coronavirus, que ha obligado a restringir el desplazamiento de las personas, atrapando, en algunos casos, a las mujeres en el hogar con sus abusadores.

“Sabrá Dios cuántas han querido salir pero están encerradas en sus casas”, dice Marrero. “Ahora mismo hay muchos factores, hay más riesgos. Ahora están en más peligro”.

Puerto Rico ha estado en confinamiento, decretado por el gobierno, desde el 15 de marzo, fecha en que se instituyó el toque de queda y se prohibieron los desplazamientos no esenciales a fin de reducir la propagación del coronavirus.

La reapertura de industrias y negocios se ha comenzado de manera gradual, aunque la orden de toque de queda emitida por el gobierno permanece vigente hasta el 25 de mayo. Las personas que defienden la causa de quienes han escapado de la violencia doméstica indican que si bien el confinamiento ha sido necesario para la salud pública, este ha dejado a algunas mujeres atrapadas en situaciones domésticas de mucho riesgo.

De acuerdo a la Unión Americana de Libertades Civiles, Puerto Rico tiene la tasa per cápita más elevada del mundo en lo que respecta a mujeres de más de 14 años que son asesinadas por sus parejas.

Pese al aumento del riesgo, los casos denunciados de violencia doméstica en realidad han disminuido.

Según la División de Estadísticas Policiales de Puerto Rico, se denunciaron 467 casos de violencia doméstica en marzo de 2019. Pero, para fines de marzo de este año, dos semanas después de que comenzaran las restricciones por el coronavirus, solo se habían denunciado 335 casos.

Una disminución de las denuncias durante una crisis no es algo inusual, señala Leila Negrón Cintrón, trabajadora social y psicóloga. Las mujeres tienen menos libertad para hacer llamadas o denuncias a los cuarteles locales de la policía o a servicios de apoyo para quienes buscan protección de la violencia de género.

Cuando el huracán María devastó la región en 2017, Negrón Cintrón dice que hubo menos denuncias de violencia sexual debido a que la gente estaba enfocada en sobrevivir y tenía dificultad para movilizarse y comunicarse. Tan solo un año después, se produjo un repunte en los casos de denuncias de violencia sexual al estabilizarse la región, y quienes necesitaron ayuda pudieron buscarla, señala Negrón Cintrón.

“Creo que [los incidentes de violencia doméstica] ya pudieran estar produciéndose. Esas personas no necesariamente van a ir ahora a acudir a buscar servicios. Van a ir luego que termine toda esta crisis”, indica Negrón Cintrón.

Si bien la presión en el hogar ha aumentado en Puerto Rico, el confinamiento ha dificultado que los refugios puedan prestar ayuda a las mujeres que se ponen en contacto con estos. Con la amenaza del coronavirus, los refugios han creado cuartos de aislamiento para las recién llegadas, además de suministrar mascarillas y desinfectante, lo cual constituye un costo imprevisto. Asimismo, deben ayudar a los residentes a conseguir atención médica.

Vilma González, directora de Coordinadora Paz para la Mujer, una coalición formada por 35 organizaciones que trabajan en el tema de violencia de género, dice que si bien los grupos en Puerto Rico ya han tomado medidas, el gobierno también debería prestar asistencia.

Aunque los refugios han establecido sus propios protocolos, es necesario un plan estatal para garantizar el acceso a pruebas y comprar suministros de limpieza y otros recursos, dice González. Ella cree que el gobierno también debe determinar cómo funcionará el flujo de fondos estatales a los refugios a fin de garantizar los servicios y la seguridad de los participantes.

Madeline Bermúdez, directora interina de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, un organismo gubernamental que se encarga del cumplimiento de las leyes de protección a la mujer en Puerto Rico, dice que el gobierno está trabajando con organizaciones que brindan asistencia a la mujer, lo cual incluye el financiamiento de los refugios que dependen de la ayuda del estado. El gobierno está abordando el tema de la violencia doméstica mediante una línea directa anónima, así como servicios de orientación y asistencia legal a distancia, dice Bermúdez.

“Reconocemos las consecuencias del aislamiento social, por lo que hemos activado nuestros servicios 24/7″, dice. “Hemos asegurado la comunicación con todas las agencias y albergues para atender la situación”.

María Cristina Santos, GPJ, tradujo este artículo al español.