MAYAGÜEZ, PUERTO RICO — Madeline Rivera comenzó su batalla contra la esclerosis múltiple hace siete años.
Al principio, la enfermedad, que afecta el sistema nervioso central, la sacudió de dolor y fatiga. Después vinieron dificultades para respirar, infecciones del tracto urinario, neuropatía y pérdida de movilidad en una pierna.
“Estaba arrastrando mi cuerpo”, dice. “No podía levantarlo para ponerme la ropa, ni subir escaleras, ni ponerme los zapatos”.
La artesana de Mayagüez, en la costa oeste de Puerto Rico, investigó las opciones de tratamiento, pero temía los efectos secundarios de algunos medicamentos farmacéuticos. Entonces recurrió a una terapia menos convencional: el cannabis.
Durante años lo usó ilegalmente para tratar su condición. Luego, en 2017, Puerto Rico estableció regulaciones para el cannabis medicinal, dos años después de que el entonces gobernador de la región lo legalizara.
Los pacientes como Rivera se alegraron, pero su celebración no duró mucho tiempo. Esto se debe a que aún enfrentan una serie de obstáculos, ya que la sociedad no ha progresado junto a la ley.
Los empleadores aún pueden despedir a los usuarios de cannabis medicinal. Los médicos a menudo se niegan a hablar de la marihuana como una opción de tratamiento. Y los pacientes deben pagar un impuesto cuando compran la droga.
“Los usuarios siguen siendo discriminados”, dice Rivera, de 54 años y miembro fundadora de la Alianza de Pacientes Pro Cannabis, Inc., la cual aboga por cannabis medicinal a precios accesibles. “Todavía tenemos que escondernos para consumir nuestra medicina”.
Hasta julio de 2019, alrededor de 92,500 pacientes se habían registrado en el Departamento de Salud como consumidores de cannabis medicinal en Puerto Rico, principalmente por trastornos de ansiedad y dolor crónico. El medicamento está disponible para la venta en 135 dispensarios, en forma de flores, cremas, gotas orales, vapor, parches, pastillas y más.
Utilizar marihuana para cualquier otro propósito sigue siendo ilegal.
La ley ha facilitado las cosas de cierto modo. Los usuarios de cannabis medicinal deben pagar una tarifa de certificación de $25 para obtener una licencia, que les permite comprar hasta 1 onza de cannabis por día.
“Los pacientes tienen tranquilidad ahora”, dice Juan Capella, un abogado que ha apoyado la legalización del cannabis desde que estudiaba en la escuela superior. “Ya no tienen que preocuparse por violar la ley y pueden comprarlo de fuentes más confiables”.
Capella y otros, sin embargo, sugieren que la ley ha tenido un impacto limitado, ya que Puerto Rico no ha tomado en cuenta sus implicaciones plenamente.
Muchos médicos se niegan a tener licencia para recomendar cannabis, por ejemplo, y no lo sugieren como un posible tratamiento.
“No obtienen la licencia, ya sea porque no están interesados o porque no creen en ella [la marihuana medicinal]”, dice Rivera.
Los pacientes pueden comprar cannabis medicinal solo después de que un médico lo recomiende. Idealmente, los médicos deberían examinar a los pacientes en persona, pero muchos los evalúan en línea o por teléfono. Como resultado, dice Capella, los médicos a menudo no saben mucho sobre la condición de un paciente antes de hacer su recomendación. La ley no permite que los médicos hagan recetas de marihuana medicinal, lo que significa que se considera propiedad personal sujeta a impuestos. Los pacientes que compran el medicamento pagan un impuesto del 11.5% que no se aplica a otros medicamentos.
Capella dice que todo el proceso – que puede llegar a costar más de $100 después de la recomendación, certificación y compra – hace que el cannabis sea demasiado costoso para muchos pacientes.
Una serie de reglas dictaminan cómo los médicos manejan los problemas relacionados con la marihuana medicinal, y los funcionarios del gobierno dicen que los médicos deshonestos corren el riesgo de tener que presentarse ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.
“Uno de los desafíos ha sido que la industria ha crecido tan rápido que ha sido un poco difícil la supervisión”, dice Denise Maldonado, directora ejecutiva de la Junta Reguladora de Cannabis Medicinal. “Pero estamos organizados para hacer inspecciones regulares”.
Maldonado dice que el gobierno permite que el mercado fije los precios del cannabis medicinal. Las empresas deben realizar pruebas de laboratorio rigurosas, lo que puede aumentar el costo, dice, pero esto protege a los pacientes.
Maldonado añade que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos no regula la marihuana medicinal, y es por eso que los médicos solo pueden recomendar – no recetar – la droga.
Las leyes de cannabis medicinal están evolucionando. Los municipios en Puerto Rico generalmente no protegen a los empleados que usan la droga, pero un proyecto de ley pendiente de aprobación en la legislatura evitaría que los empleadores puedan despedir a los trabajadores que están certificados para utilizar cannabis.
Simpática y animada, Rivera simboliza la lucha y el triunfo de muchos pacientes.
Ella recuerda que tuvo que aprender a usar cannabis y con el tiempo aprendió sobre la “microdosificación” – el uso de pequeñas cantidades de marihuana diariamente – porque los médicos no la orientaron bien. Los pacientes de hoy en día, dice, no están en mejor situación.
“Cuando yo comencé, nadie me podía ayudar”, dice. “Nadie pudo hablarme de microdosis, que es la forma correcta de hacerlo. Porque cuando empiezas a consumir mucho cannabis necesitas más porque el cuerpo comienza a desarrollar tolerancia, no es lo mismo que el uso recreacional”.
Rivera dice que desde que un médico generalista certificó su uso de cannabis medicinal, ha visto a cinco neurólogos a lo largo de los años. Ninguno ha sido certificado para recomendar el cannabis, y algunos tratan el tema como un tabú.
“Al menos deberían estar interesados en lo que le sucede a mi cuerpo cuando uso cannabis”, dice Rivera. “Deberían estar interesados en saber si ha cambiado algo”.
Rivera dice que su salud ha mejorado. Se realiza un examen de resonancia magnética anualmente, y aunque las lesiones cerebrales de la enfermedad todavía están presentes, están inactivas. Esto significa que sus síntomas aparecen con menos frecuencia.
A Rivera también le gustaría cultivar su propia marihuana, pero el cultivo doméstico sigue siendo ilegal en Puerto Rico.
Ella paga más de $300 al mes por el medicamento, ya que el seguro no lo cubre. Quiere reducir el costo haciendo sus propios comestibles y aceites de la flor de cannabis.
“Es la forma más orgánica y completa que tu cuerpo recibe [el cannabis]”, dice, refiriéndose a la flor de marihuana.
“Además”, añade, “es lo más barato en un dispensario”.
María Cristina Santos, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
Este artículo, originalmente publicado el 26 de julio de 2020, ha sido actualizado para reflejar nuevos dispensarios.