Editorial Team
Publication Date
April 12, 2022
MAYA PIEDRA, GPJ MÉXICO
María de Jesús García levanta el puño en señal de triunfo después de asistir a una conferencia de prensa en Guadalajara en noviembre para tratar el tema de la presa.
TEMACAPULÍN, MÉXICO — María de Jesús García, de 76 años, ya no celebra el Día de la Independencia de México.
“El Día de la Independencia, lo estamos viviendo, el día de la Revolución, lo estamos viviendo”, dice. “¿Qué podemos festejar?”.
Temacapulín, donde nació García, es un pueblo pequeño en las tierras altas del estado occidental de Jalisco, a 136 kilómetros de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. Según datos del gobierno, es hogar de menos de 500 habitantes. Para llegar ahí, se debe conducir a través de un pestilente corredor industrial, seguido de granjas porcícolas y avícolas y de un implacable monocultivo de agave.
Luego, a 9 kilómetros de Temacapulín, el cielo se despeja. Se puede respirar de nuevo.
En 2005, residentes de Temacapulín y de sus dos comunidades hermanas, Acasico y Palmarejo, se enteraron de que sus pueblos serían inundados a causa de la construcción de una presa en el Río Verde, en el centro de México. Iniciada por el presidente Vicente Fox al final de su cargo, y con una fecha estimada de finalización en 2015, la presa El Zapotillo estaba destinada a suministrar agua potable a la ciudad de León, en el estado vecino de Guanajuato, a la ciudad de Guadalajara, hogar de más de 5 millones de habitantes, y a la industria ganadera de alto consumo de agua de las tierras altas del occidente de México, la principal región productora de cerdo y huevo.
Sin embargo, en una demostración de los beneficios dispares de muchos proyectos grandes de infraestructura, la presa también desplazaría, de un tirón, a residentes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Después de luchar por 17 años, en los que se involucraron grupos de apoyo, activismo y medidas legales, ahora estas personas están cerca de ganar el derecho de permanecer en sus tierras ancestrales.
“Imagínate perder tus raíces, identidad, tradiciones, cultura”, dice Abigail Agredano, de 72 años, presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. “Nos sentimos totalmente enojados, tristes, pero ese mismo coraje nos dio impulso para luchar”.
La construcción de El Zapotillo — que incluye una cortina de 105 metros y un acueducto de 139 kilómetros para transportar agua a León — comenzó en 2009. La oposición apareció antes de eso. La gente del pueblo hizo plantones y acudió a los tribunales. Se aliaron con otras comunidades que enfrentaban batallas similares — como aquellas afectadas por la presa La Parota en el estado de Guerrero y los pueblos Paso de la Reina en Oaxaca y El Cajón en Nayarit — y con grupos nacionales como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Colectivo de Abogados Coa. Alrededor del mundo, se han documentado cerca de 430 conflictos activos sobre presas y distribución del agua, y en 2010, Temacapulín albergó el Tercer Encuentro Internacional de Afectados por Represas. Más de 320 asistentes de 54 países acudieron al pequeño pueblo mexicano.
Las personas habitantes de las comunidades afectadas dicen que las autoridades no les consultaron: simplemente les dijeron que el gobierno les compraría sus tierras y movería el pueblo a una zona residencial más arriba en la montaña. No obstante, en 2014, con la presa construida al 87%, según datos de la Comisión Nacional del Agua, la Suprema Corte de México ordenó un alto a la construcción.
La Comisión Nacional del Agua, autoridad responsable de administrar los recursos hídricos del país, entre estos la construcción de represas, no respondió a varias solicitudes de comentar al respecto.
Incluso después de que se suspendiera la construcción, una sensación efímera persistió en Temacapulín, pues la gente temía que el mandato de la corte pudiera ser temporal. Las parejas recién casadas que normalmente construirían sus casas dudaron en hacerlo. Algunas personas jóvenes se mudaron a las ciudades, donde encontraron dificultades para adaptarse a la vida urbana. La gente mayor se rehusó a irse. Una de las amistades de García consideró suicidarse, dice ella.
Pero García se rebeló. “Siempre me ha reventado la injusticia”, afirma.
En un informe oficial de 2017, la comisión del agua argumentó que el proyecto El Zapotillo beneficiaría a aproximadamente 2.7 millones de personas, mientras que solo 1,030 se verían afectadas. Esta perspectiva es errónea, dice Pedro Arrojo, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable segura y al saneamiento. “Cuando hablamos sobre las minorías y mayorías a veces se ha dicho ‘Yo le inundo a usted, le machaco sus derechos humanos en nombre de que somos más los que nos beneficiamos’”, dice. “No tiene sentido”.
Por otro lado, un proyecto de infraestructura grande como la presa El Zapotillo es apenas una solución parcial para el crecimiento municipal y la deficiente infraestructura hídrica en algunas áreas, dice Carlos Enrique Torres Lugo, director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, organismo dirigido por el gobierno, y añade que aproximadamente una cuarta parte del agua de Guadalajara es robada o se pierde en fugas. Dada la creciente demanda, agrega, el agua de El Zapotillo solo resolvería de forma temporal los problemas de agua de la ciudad.
“Estamos hablando de cinco o 10 años aproximadamente”, dice.
En una conferencia de prensa reciente, Gabriel Espinoza, uno de los locales que encabezan la resistencia en Temacapulín, planteó una preocupación similar, instando a la ciudad a considerar un enfoque diferente. “¿Será el momento de retomar la gestión local del agua?”, dijo. “¿Será el momento que cada municipio se reapropie de esa responsabilidad y los ciudadanos seamos más corresponsables de la gestión integral del agua en cada colonia, en cada cuadra, en cada familia?”.
También hay otras cosas que considerar, dice Tunuary Chávez, jefe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. El Río Verde, sitio de la presa El Zapotillo, alimenta al Río Santiago, que corre a través de Guadalajara; un cuerpo de agua que bulle con efluentes industriales como plomo y mercurio.
“A partir de esta intersección de ríos el agua [del Santiago] respira”, dice Chávez.
Embalsar el Río Verde, y limitar el flujo de agua dulce al Río Santiago como resultado, no solo afectaría los terrenos de cultivo río abajo, sino que también perturbaría el ecosistema de una ciudad ya contaminada, apunta Chávez.
El año pasado, la larga lucha de Temacapulín comenzó a dar frutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el pueblo en noviembre — su tercera visita de 2021 — y reiteró que no se abandonaría a la gente. Tres días después, la población local dio una conferencia de prensa donde hizo pública una lista de propuestas y logros. Estos son algunos: la presa podría operar, pero su altura tendría que quedarse en 80 metros, llena a no más de 40; el agua no saldría del estado y se destinaría a la gente en vez de a la industria. El acueducto hacia León sería descartado por completo, el proyecto sería sometido a una auditoría técnica y financiera y, lo más importante, ninguna de las comunidades en riesgo sería inundada.
La gente también exigió la restauración del Río Verde, el cual dicen que ha sufrido ecológicamente a causa de la construcción de la presa y la minería de arena y grava, e indemnización por los daños que las y los habitantes han padecido a lo largo de las últimas dos décadas. En principio, todas las partes, entre las cuales están el gobierno federal y la comisión del agua, han aceptado estas demandas, pero la población sigue alerta. Si los últimos 17 años les han enseñado algo, dicen, es a no bajar la guardia.
En una reunión comunitaria en febrero, Alfonso Íñiguez, de 85 años, uno de los miembros más firmes de la resistencia, se paró ante la gente de su pueblo. “¿Ustedes creen que la presa nos hizo un mal?”, preguntó. “Sí, sí, todos dijeron que nos hizo un mal. Pues no, porque nos puso a pensar y nos despertó”.
Maya Piedra es una reportera de Global Press Journal en Guadalajara, México.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
Gerardo Velázquez, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
