Editorial Team
Publication Date
September 20, 2020
Una nota sobre esta serie: Reporteras de Global Press Journal alrededor del mundo examinaron los acercamientos de sus comunidades a la salud reproductiva, incluyendo valores y prioridades, así como el impacto de las políticas públicas internacionales. Lea las otras historias de este especial aquí.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MÉXICO — Cinthia N., quien ya era madre y tenía unas semanas de un nuevo embarazo, sabía que quería abortar. Estaba en una relación con un hombre violento, dice, y no quería traer a otro niño a esa situación.
Pero el aborto es, en general, ilegal en Chiapas, el estado más al sur de México. Las mujeres embarazadas que deciden abortar, así como también quienes las ayudan, se arriesgan a recibir penas de cárcel.
Así que Cinthia, de 26 años, quien pidió que no se usara su nombre completo por temor al estigma que se asocia con el aborto, recurrió a una mujer que la podía ayudar.
Buscó a Karla Escobar, una acompañante de abortos que dedica buena parte de su tiempo libre a ayudar a las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos. Aunque trabaja de manera independiente, Escobar es parte de una red de mujeres que ayudan a otras a buscar el modo de sortear las leyes contra el aborto en Chiapas. El grupo ofrece alternativas discretas dentro de una sociedad que tiene poca tolerancia para ese tipo de decisiones.
“Que yo forme a otra acompañante les da a otras mujeres el acceso a la información y eso es muy poderoso”, dice Escobar. “La salud es un derecho humano”.
Escobar le explicó a Cinthia cómo podía usar un medicamento que causaría un aborto. Ese medicamento está disponible en México para usarse en otras condiciones, incluyendo hiperglicemia y úlceras gástricas.
Cinthia interrumpió su embarazo en su casa usando las pastillas, mientras que Escobar la apoyaba por teléfono. Cinthia dice que no se arrepiente.
“Fue lo correcto”, dice.
El aborto está fuertemente restringido en México. Solo hay un caso en el que es legal en los 31 estados: si una mujer se embaraza como el resultado de una violación. En Chiapas las otras excepciones son el caso de un embarazo que representa un peligro mortal para la salud de la madre, o si hay defectos congénitos del feto.
La Ciudad de México legalizó el aborto hasta la decimosegunda semana de embarazo en 2007, y el estado de Oaxaca hizo lo mismo en 2019. Pero 19 estados, incluyendo Chiapas, han reformado sus constituciones para que afirmen que la vida comienza desde la concepción. Abortar un embarazo o ayudar a una mujer a tener un aborto es, en algunos casos, castigado con cárcel.
Las autoridades no siempre hacen cumplir esa ley. Rigoberto Carlos Jiménez Carrillo, subdirector de Atención Inmediata de la División de Justicia Restaurativa e Investigación de la Fiscalía General de Chiapas en San Cristóbal de Las Casas, dice que no hay una campaña específica para erradicar o enjuiciar a quienes ayuden a las mujeres de Chiapas a abortar.
En muchos casos, dice, las mujeres que buscan abortar tienen otras mujeres que les ayudan a conseguir lo que necesiten. Pero esto no significa que sea legal, añade. Estas mujeres pueden enfrentar consecuencias legales.
Escobar dice que su trabajo no es nada nuevo. Las mujeres siempre han abortado, sin importar qué diga la ley, dice.
“Lo hacían con masajes, con hierbas”, dice. “Es parte del conocimiento médico ancestral”.
Un estado puede criminalizar el aborto, pero las mujeres siempre se darán información sobre cómo interrumpir un embarazo, explica.
Esta red de consejeras incluye la Línea Aborto Chiapas, una línea de atención gratuita con información sobre el aborto fundada en 2017.
Las voluntarias de la línea entregan información sobre cómo abortar en casa usando medicamentos. También aconsejan y dan apoyo moral y hacen consultas de seguimiento por teléfono. Les recomiendan a las mujeres que tengan complicaciones que llamen a centros de salud locales.
Michelle Domínguez, una voluntaria del servicio, dice que la red fue inspirada por programas similares en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia.
“Nos parecía importante en Chiapas, [donde] no hay una línea de atención directa”, dice Domínguez. “Hay colectivos de organizaciones más grandes que te dan información por WhatsApp, pero pensamos que pueden tener un carácter impersonal y que las mujeres quisieran a alguien que les esté hablando, se sienten mucho más cómodas”.
El servicio elude caer en actividades ilegales al referirse al derecho constitucional a la información en México. El Artículo 6 de la Constitución mexicana establece que cada persona tiene derecho a acceder a información libremente a través de cualquier medio.
Esto “nos permite dar información que el estado debería proporcionar a las mujeres y que no lo hace”, dice Domínguez.
Estos esfuerzos se han extendido por el país. Acompañantes en Aborto Autónomo, una red de mujeres con interés especial en el tema, se reúne ocasionalmente en lugares como San Cristóbal de Las Casas, un municipio de techos de teja roja y calles empedradas en la zona montañosa central de la región. El año pasado, unas 50 mujeres de todo el país asistieron a una de esas reuniones y compartieron información sobre sus experiencias.
Las mujeres que quieren abortar dicen que estas redes son invaluables.
Denise S. dice que tenía cinco semanas de embarazo cuando buscó abortar. Pidió que no se publicara su nombre completo por temor al estigma relacionado con la decisión.
Denise llamó a Escobar, quien revisó algunas opciones y luego la remitió a una organización que podía ayudar. Finalmente, Denise interrumpió su embarazo en una clínica médica que hace abortos secretamente. Dice que Escobar estaba hablándole por teléfono durante todo el proceso.
“Es importante poderle contar a alguien tu situación”, dice Denise. “Es importante desahogarte, que alguien te pueda escuchar para que no te sientas tan sola, que alguien te pueda apoyar moral[mente]”.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
Este artículo, originalmente publicado el 1 de mayo de 2019, ha sido actualizado.
