El alza en las solicitudes de asilo en México provoca demoras prolongadas, pero muchos migrantes no pueden darse el lujo de esperar

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — Cuando María salió de El Salvador con dos de sus hijos, no sabía lo que iba a suceder.

“Yo solo confié en Dios”, dice.

Su hijo de dieciséis años no quiso integrarse a Barrio 18, una de las pandillas más grandes del mundo, con miembros desde Centroamérica hasta Canadá. Cuando él se negó, los pandilleros lo amenazaron con matar a su familia.

María, quien solicitó no usar su nombre completo por temor a represalias, reunió a sus dos hijos más grandes, de 12 y 16 años, y $350 dólares estadounidenses y comenzó su viaje al norte hacia los Estados Unidos.

Dejó a su hijo menor, ya que el padre no permitióque María se llevara al niño de nueve años con ella.

Los tres viajaron sobre todo en autobús y en furgoneta. De noche, tocaban a las puertas en busca de un lugar para dormir. En la frontera entre México y Guatemala, cruzaron el río Usumacinta en una balsa hecha de neumáticos.

Diez días después de dejar su hogar, llegaron a la Ciudad de México. Eran fines de junio. María se quedó sin dinero y sus hijos tenían mucho miedo de continuar. Su plan se desvaneció, cuenta.

Los empleados de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada, una organización que ayuda a las mujeres y familias migrantes a buscar asilo, le dijeron que, en lugar de continuar hacia los Estados Unidos, ella y sus hijos podían solicitar la condición de refugiados en México.

Pero cuando acudió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la oficina que tramita las solicitudes de refugio en México, se enteró de que tramitar su solicitud podía tardar entre ocho meses y un año.

“[Pensé] que era un tiempo bastante largo, pero no tenía opción”, explica.

Las leyes de México estipulan que las solicitudes de condición de refugiado se tramiten en noventa días hábiles o menos, pero un alza en las solicitudes ha hecho que esto sea imposible, y situaciones como la de María son cada vez más comunes.

Durante la primera mitad de 2019, la COMAR recibió 31 494 solicitudes, más de las que recibió la oficina en todo el 2018.

“Hasta cierto punto podríamos decir que es inédito en México”, dice Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador general de la COMAR.

Para fines de 2019, la oficina había recibido 70 302 solicitudes.

Muchos, al igual que María, viajaron desde Guatemala, Honduras y El Salvador para buscar alivio al aumento en la desigualdad, la persecución política, la violencia y la delincuencia estimuladas por los cárteles de drogas y las pandillas.

En enero de 2019, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entrevistó a 988 personas en la frontera entre México y Guatemala. El setenta por ciento dijo que su vida, integridad o libertad estarían en riesgo si fueran obligados a regresar a su país de origen.

Elba Coria, directora de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, una organización que ofrece asistencia jurídica para quienes buscan refugio en México, dice que gracias a las campañas de difusión del gobierno y a los esfuerzos de defensa locales, más centroamericanos entienden que pueden buscar la condición de refugiado en México. Y ahora, más gente quiere solicitarlo.

La COMAR tiene cuatro oficinas en el país y 48 funcionarios que se encargan de las solicitudes, pero Ramírez Silva dice que la organización necesita cuatro veces el personal actual para poder procesar la cantidad de solicitudes.

Algunas demoras se derivan de la oficina principal de COMAR en la Ciudad de México, que resultó dañada en el terremoto de septiembre de 2017. A medida que la oficina se recupera, Ramírez Silva explica que la COMAR suspendió los plazos del trámite en la oficina, que atiende a 25 estados de México.

Ahora, la oficina mexicana de Greenberg Traurig, una firma internacional de abogados, representa a algunos solicitantes cuando presentan sus amparos en contra de la COMAR, para obligarlos a que se adhieran a los plazos establecidos, dice Elba Gutiérrez Castillo, quien coordina los casos pro bono de los refugiados.

Un proceso de amparo puede tardar de tres a cuatro meses, pero Gutiérrez Castillo dice que puede ser más rápido que esperar a la COMAR.

Para julio, se habían presentado doce amparos y los solicitantes habían ganado dos. La COMAR resolvió algunos de los otros casos antes de la sentencia del juez, y algunos solicitantes tiraron la toalla, dice.

En respuesta a la presión por la afluencia de solicitantes, Ramírez Silva dice que COMAR trabaja arduamente para aumentar su capacidad. Se encuentra en proceso de abrir tres nuevas oficinas en el país y de contratar a más personal, gracias al apoyo del gobierno y de ACNUR.

Pero los esfuerzos de la COMAR no llegaron a tiempo para María.

Mientras esperaba por la COMAR, María se estableció en México. Aceptó un trabajo en la cafetería del refugio en el que ella y sus hijos se quedaron cuando llegaron a la ciudad.

Por ocho horas al día, de lunes a viernes, cocinaba, lavaba los platos y servía la comida. Los sábados trabajaba medio día. Cuando ahorró lo suficiente, rentó un apartamento de dos recámaras en la periferia de la Ciudad de México.

María y sus hijos pasaron las primeras dos noches en el apartamento en el piso, amortiguando el piso con cobijas donadas por el refugio hasta que pudo comprar camas con ayuda financiera de ACNUR.

Pero ella cuenta que su salario de mil pesos mexicanos por semana ($50 dólares) no era suficiente para pagar la renta, la comida y los camiones para ir y venir del trabajo.

Después de seis semanas de estirar el dinero, ella decidió dejar el apartamento para unirse a sus familiares en los Estados Unidos. Allá, cuenta María, le pagarían en dólares, una moneda que vale 20 veces más que el peso.

El 5 de noviembre, María y sus dos hijos abordaron un autobús hacia la ciudad fronteriza de Mexicali.

María planea pedir asilo para ella y sus hijos cuando cruce a los Estados Unidos. Mientras su petición se resuelve, tratará de buscar un empleo, probablemente cocinando.

Espera que no la retengan en un centro de detención migratorio ni que la separen de sus hijos.

En el apartamento, dejó unas cuantas cosas de su propiedad: cobijas, ropa, zapatos, platos y la estufa eléctrica, vestigios de la vida que vivió brevemente ahí. Ella dice que las camas fueron una de las cosas que más le dolió dejar.

“No puedo volver a El Salvador, así que lo único que espero es que ahora todo salga bien”, dice.

Aída Carrazco, GPJ, tradujo este artículo al español.