CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — El rostro de Julieta Salinas apenas se puede ver detrás de una pila de dulces y juguetes amontonados en su carreta. Está estacionada frente a la escuela primaria Maestro Manuel M. Cerna Castelazo, mientras espera que suene la campana a la hora de la salida.
“Me gusta atender y platicar con los niños”, comentó Salinas, de 50 años, a mediados de marzo, conforme veía a un grupo de niños decidir qué productos le iban a comprar. Por 20 años, se ha dedicado a venderles golosinas a los estudiantes afuera de tres escuelas diferentes de la Ciudad de México.
Pero su rutina diaria cambió desde que la amenaza del coronavirus provocó el cierre de las escuelas de la ciudad.
Los comerciantes que les venden dulces, juguetes y golosinas hechas en casa a los niños al salir de la escuela son habituales en muchas partes de México. Pero al igual que muchos trabajadores informales de todo el mundo, Salinas se quedó sin empleo. El 14 de marzo, la Secretaría de Educación Pública de México anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos del 23 de marzo al 30 de abril, como medida preventiva contra el contagio del coronavirus en el mundo. Posteriormente, la suspensión se extendió hasta el 30 de mayo. La decisión de reabrir las escuelas después de esa fecha recae en cada estado, y la reanudación de clases en la Ciudad de México ahora no está programada al menos hasta agosto.
Salinas es una de más de 31 millones de trabajadores del sector informal de México. Dice que la decisión precipitada de suspender las clases no le permitió ahorrar el dinero necesario para pagar las cuentas de su familia.
“Imagínate, soy madre soltera. No sé qué voy a hacer para sacar los gastos, la comida principalmente. Si no vendemos, no tenemos de qué vivir nosotros”, dice Salinas.
Esta difícil situación también la viven muchos vendedores ambulantes de la Ciudad de México. La mayoría son mujeres, explica Diana Sánchez Barrios, activista y ex vendedora ambulante de 45 años de edad, quien dirige la iniciativa Chambeando Ando. La agrupación se fundó en 2019 para dignificar y defender a los pequeños negocios en la vía pública.
Sánchez Barrios es hija de vendedores ambulantes y dice que comenzó a vender chocolates a los 9 años de edad. Trabajó en eso por más de 15 años y cuenta que vio cómo sus padres y otros vendedores fueron arrestados y hostigados por las autoridades. Sánchez Barrios explica que es indiscutible que las mujeres y las niñas que venden artículos en la informalidad se verán más afectadas por las restricciones y cuarentenas derivadas del coronavirus.
“Hay de todas las edades: discapacitadas, jóvenes, viejitas y hasta niñas de 13 o 14 años que son mamás, y a estas mujeres nadie les da trabajo porque no terminaron la escuela. No tienen derecho a la salud, no tienen derecho a créditos hipotecarios para los trabajadores ni a préstamos bancarios”, comenta Sánchez Barrios.
El 24 de marzo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la ampliación de 200 millones de pesos mexicanos ($8.7 millones) en el Fondo de Desarrollo Económico de la ciudad, el cual proporcionaría microcréditos para apoyar “el desarrollo de las actividades productivas para el autoempleo”, entre otras iniciativas.
Todavía no queda claro si el subsidio estará a disposición de empleados informales como los vendedores ambulantes y los comerciantes callejeros. Pero dos días después del anuncio, una amiga de Salinas le habló acerca del Fondo de Desarrollo Económico.
“Me inscribí en internet y me dijeron que me iban a contactar por correo electrónico. Eso espero”, dice Salinas.
Pero los subsidios de una sola ocasión no son soluciones realistas para comerciantes informales como Salinas; y los programas de microcréditos del gobierno no son útiles durante las crisis económicas, dice Gabriel Badillo, técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Es difícil imaginar que una familia pueda subsistir con estos recursos”, expresa Badillo. “El apoyo en forma de microcréditos puede ser una política cuestionable porque estamos en una situación en la que las empresas y las personas no pueden salir a trabajar. Es difícil que acepten un crédito, y después es más complicado pagarlo, porque el pago de este crédito depende de que puedan ir a trabajar”.
Badillo dice que las mujeres que venden en las calles son más vulnerables.
“La necesidad de conseguir recursos puede hacer que no respeten la cuarentena, y esto las pone en riesgo de contagio”, explica Badillo. “Debemos tomar en cuenta que su situación laboral no les da acceso al seguro social”.