¿Qué sucede en México cuando un aborto espontáneo es considerado un crimen?

Una nota sobre esta serie: Reporteras del Global Press Journal alrededor del mundo examinaron los acercamientos de sus comunidades a la salud reproductiva, incluyendo valores y prioridades, así como cómo son impactados por políticas públicas internacionales. Lee las otras historias de este especial del mes aquí.

TEKAX, MÉXICO — Evelia Mutul Caamal no podía hablar español cuando los doctores le preguntaron por qué había venido al hospital con su bebé recién nacido prematuro envuelto en mantas, necesitando atención médica urgentemente.

No les pudo decir que había sido violada hacía siete meses, ni que había menstruado durante todo su embarazo. No podía describir cómo, unas horas antes, cólicos severos la habían hecho correr fuera de su casa hasta colapsar sobre una pila de materiales de construcción mientras que su sangre brotaba de su cuerpo.

No pudo explicar que, cuando su madre la encontró allí, también encontró a un bebé nacido prematuramente, vivo.

No había intérprete para asegurarse de que Mutul Caamal, que en ese entonces solo hablaba maya, entendiera cuando un doctor le dijo que su bebé había muerto tras haber llegado al hospital.

Lo que pasó después fue igual de confuso.

El doctor reportó a Mutul Caamal ante la policía como sospechosa en un posible caso de aborto. El aborto es generalmente ilegal en la mayor parte de México, con la excepción de la Ciudad de México.

Mutul Caamal dice que su madre fue instada a firmar una declaración que, según las autoridades, Mutul Caamal le había dado a la policía. Ellos hablaban español, pero la madre de Mutul Caamal también solo hablaba maya.

“Yo nunca di ninguna declaración”, dice Mutul Caamal, ahora de 38 años.

Mutul Caamal fue condenada a 12 años y seis meses de prisión, sentencia que fue reducida por dos años tras una apelación realizada por su abogado. Mutul Caamal habló con Global Press Journal desde la cárcel, donde aprendió español. Apenas le quedan unos meses de sentencia.

Mutul Caamal es una de las miles de mujeres de México que han sido acusadas del crimen de aborto tras un aborto espontáneo o alguna otra emergencia obstétrica. La ley sobre el aborto es tan severa que incluso mujeres que pierden sus embarazos dolorosa o traumáticamente, como en el caso de Mutul Caamal, terminan siendo acusadas de haber intentado hacerlo a propósito.

El estándar necesario para que una mujer que busca atención médica después de un aborto espontáneo pueda probar que no intentó un aborto por su propia cuenta varía ampliamente en todo el país y muchas veces depende de las autoridades locales. Es común que doctores y otros trabajadores de hospitales reporten a las mujeres ante las autoridades locales, incluso después de que esas mujeres busquen atención médica voluntariamente después de un aborto espontáneo.

Un estudio reciente del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro, una organización que se concentra en mujeres y niños, encontró que por lo menos 4118 mujeres en México fueron acusadas del crimen de aborto entre los años 2000 y 2017.

Investigadoras y activistas dicen que es probable que muchas de esas mujeres hayan tenido abortos espontáneos, pero fueron enviadas al Ministerio Público, algunas incluso antes de haber recibido atención médica completa.

No es claro en qué momento del proceso una mujer que haya tenido un aborto espontáneo se vuelve el objetivo de una investigación criminal.

Felipe Cerón, un obstetra y ginecólogo que trabaja en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Ciudad de México, le dijo a Global Press Journal que no ve una razón por la que un doctor estaría obligado a reportar un aborto espontáneo o una muerte fetal a la policía o a cualquier otra autoridad.

“Legalmente no estamos autorizados a interrumpir un embarazo a excepción de la Ciudad de México, pero [no estamos] obligados a hacer una denuncia o aviso legal”, dice.

Pero otros doctores dicen que hay una buena razón para alertar a las autoridades cuando ocurre un aborto espontáneo o si una mujer intenta un aborto.

Un doctor de un hospital de mujeres en Chiapas, un estado al sur de México, le dijo a Global Press Journal que los trabajadores del hospital les notifican a las autoridades cuando ocurre un “nacimiento accidental” pues quieren evitar ser investigados en relación a un infante muerto.

“Tenemos la responsabilidad de envolverlo, ponerle sus algodones, amortajarlo”, dice el doctor. “Se genera el acta de muerte fetal y se entrega”.

El doctor pidió permanecer anónimo para evitar problemas que puedan generarse incluso por tan solo hablar de cómo los profesionales médicos manejan los abortos y los abortos espontáneos.

Un fiscal de Chiapas, que también pidió permanecer anónimo debido a la sensibilidad sobre el tema del aborto, le dijo a Global Press Journal que los trabajadores sociales del hospital reportan casos en los que mujeres parecen haber intentado abortos.

Verónica Cruz Sánchez, una activista del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro, dice que la policía y los fiscales investigan casos con la intención de acusar a las mujeres de un crimen, sin importar si existe la evidencia de un crimen.

Muchas de las mujeres que son acusadas de crímenes relacionados con abortos espontáneos son de áreas rurales, dice Cruz Sánchez, y algunas son analfabetas.

“Esas mujeres no van a tener una buena defensa porque no tienen dinero para pagar”, dice.

Cerón, el obstetra y ginecólogo, dice que en la mayoría de los casos es difícil saber después de el hecho si un embarazo interrumpido se debió a un aborto espontáneo o a un aborto voluntario. Cuando una mujer toma misoprostol o algún medicamento similar que induce el parto, a veces hay trazos de ese fármaco presente, dice.

No es fácil conocer las circunstancias de la terminación con un simple examen, dice, “pero sí se puede suponer”.

El aborto fue despenalizado en Ciudad de México en 2007. Allí, las mujeres ahora pueden abortar hasta la décimosegunda semana de embarazo. En el resto de México, el aborto es, en general ilegal, excepto cuando un embarazo es el resultado de una violación o, en algunos estados, cuando la vida de una mujer embarazada está en peligro.

Pero mientras que Ciudad de México hizo que fuera más fácil para mujeres que buscaban abortar, el resto del país se hundió más en sus leyes restrictivas. Desde 2008, 19 de los 31 estados de México cambiaron sus constituciones o códigos penales para que dijeran que la vida comienza con la concepción. Muchos de esos cambios referenciaron directamente el cambio de 2007 de Ciudad de México.

Las autoridades estatales, apoyándose en interpretaciones más estrictas de cuándo comienza la vida, ahora están tomado acciones más punitivas en casos de abortos, dice Lilia Íñiguez Hernández, una abogada que hasta hace poco trabajó con el

Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

Cruz Sánchez, la activista o defensora, dice que ahora es común que los fiscales asciendan el crimen de aborto al más serio “homicidio en razón de parentesco”.

Estos fiscales le están haciendo eco a la línea de las autoridades de El Salvador, donde las mujeres que son sospechosas de haber tenido abortos a veces son acusadas de homicidio o incluso de homicidio agravado, según Amnistía Internacional.

“El delito de aborto es un delito no grave que en la mayoría de los estados se paga fianza sin ir a prisión”, dice Cruz Sánchez. “Por eso creemos que las autoridades prefieren acusar por el delito de homicidio, ya que las sentencias son mucho más grandes”.

Esto fue lo que le sucedió a Dafne McPherson Veloz, quien estaba trabajando en un gran almacén en el estado de Querétaro cuando sintió un dolor repentino. Fue al baño y descubrió que estaba en labores de parto con hemorragias.

La bebé de McPherson Veloz nació viva, pero no sobrevivió. El personal de emergencias que llegó a la escena debió haber llevado a McPherson Veloz y a la bebé al hospital de inmediato, según protocolos de atención médica. Pero no lo hicieron, según dice Karla Micheel Salas Ramírez, una de las abogadas de la defensa de McPherson Veloz.

En cambio, McPherson Veloz fue llevada al hospital con custodia policial y se le informó que estaba bajo investigación por el crimen de aborto, dice David Peña Rodríguez, otro abogado de McPherson Veloz.

Más tarde, dice Peña Rodríguez, le dijeron a McPherson Veloz que sería acusada, no de aborto, sino de homicidio.

McPherson Veloz, que ya era la madre de una niña de 9, fue acusada de inducir el parto y luego ahogar a su bebé. Fue condenada a 16 años en la cárcel.

“La sentencia es el reflejo de esta sociedad conservadora, cargada de prejuicios, de estereotipos, de construcción de roles de género que al final lo traducen en la actuación de las instituciones, del servicio público y en injusticias como estas”, dice Salas Ramírez.

En 2017, los abogados de McPherson Veloz apelaron su condena, citando irregularidades científicas en su caso. Tras más de tres años en prisión, fue exonerada de cargos criminales en un nuevo juicio que tuvo lugar en enero.

Mutul Caamal también quiere ser exonerada, pero no está segura de querer dejar la cárcel. Ya casi completó su condena, pero tiene miedo.

Dice que su madre y hermano intentaron acusar al hombre que la violó, pero él respondió violentamente.

“Tengo miedo de salir y que [él] me mate”.

Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su version en inglés.