Tres ex presos en México comparten sus pensamientos sobre éxitos y fracasos después del encierro

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — Unas 185.000 personas salen de prisión cada año en México.

Para muchas de ellas, la discriminación pasa a ser parte de su vida casi de inmediato. Encontrar trabajo es uno de los mayores desafíos, según señala María Sirvent Bravo Ahuja, coordinadora institucional de Documenta, una organización civil que trabaja en temas vinculados al sistema penal y penitenciario.

Ante la falta de seguimiento, es difícil saber cuántos de estos ex presos están actualmente desempleados, dice por su parte Sergio Palacios Trejo, director general del Instituto de Reinserción Social del Distrito Federal, una organización dependiente del gobierno de la ciudad que ayuda a ex presos en su reinserción social.

Entre septiembre de 2012 y octubre de 2016, el instituto brindó apoyo a 11.278 ex presos o personas que obtuvieron libertad anticipada. Alrededor de 90 por ciento de este colectivo buscaba empleo, según destaca Palacios Trejo.

La ley mexicana no prohíbe explícitamente al empleador solicitar una constancia de no antecedentes penales. Pero la gubernamental Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que esa práctica atenta contra la privacidad del solicitante de trabajo.

Sirvent concuerda.

“De la sociedad, de las empresas, (es) como que no hay un compromiso en la reinserción social y laboral de estas personas”, dice. “Y, los estigmas: porque ¿cómo contratar a una persona que cometió un delito?”.

Hay algunas historias de éxito, según señala.

Pero la mayoría de los presos tiene dificultades para encontrar el camino.

Global Press Journal entrevistó a tres ex presos para conocer sus experiencias.

Cuando tenía 23 años, Israel Emmanuel Pineda Moreno fue encontrado culpable de robo agravado, privación ilegal de la libertad y portación de armas. Vivió preso los siguientes ocho años, seis meses y 15 días. Salió en libertad en 2011.

“Son años realmente perdidos, años que no vuelven a regresar, y para mí sí ha sido un conflicto psicoemocional muy grande”, dice. “Pero creo que poco a poco lo estoy asimilando y lo estoy intentando cambiar”.

Este hombre, de ahora 37 años, dice que el apoyo de la familia es fundamental. En su caso –cuenta-, su madre siempre lo apoyó.

Pero su familia también se convirtió en un factor de conflicto. Sus familiares se vieron económicamente afectados por haberlo apoyado mientras estaba en prisión y se sentían cansados emocionalmente. En cierta forma, le reclamaban algún tipo de retribución por el apoyo que le habían dado.

Pineda Moreno dice que se convirtió en una moraleja para su familia.

“Tienes el estigma de que tiendes a ser siempre el ejemplo de lo que no se debe de hacer”, dice. “Entonces tienes que llevar en tu espalda esa parte, en la cual eres la lección andando”.

A pesar de todo eso, su familia lo ayudó a encontrar un empleo como administrativo para partidos políticos.

Esa misma suerte lo acompañó con sus propios proyectos. En 2013, fundó In Dubio México Pro Reo, una organización civil que trabaja con jóvenes de la comunidad en la prevención del delito y con ex presos para ayudarlos en la reinserción social. En 2015, la organización ayudó a unas 250 personas.

Pineda Moreno dice que sintió que era importante para él ayudar a otros, porque sabe cuán fácil puede ser volver a los malos hábitos cuando se regresa al mismo entorno y porque conoce el miedo y la incertidumbre de los que se reinsertan en la sociedad.

Ya no vive en su antiguo barrio, donde sus amigos de aquella época siguen delinquiendo. Su familia le cuenta sobre ellos.

“En mi caso, mis amigos siguen delinquiendo, el medio (social) sigue siendo el mismo”, dice.

Arturo Castañón tiene que presentarse cada miércoles en la Penitenciaría Modelo “Dr. Guillermo Colín Sánchez”. El recorrido le toma, al menos, dos horas.

A Castañón, de 58 años, todavía le faltan nueve años para compurgar una condena de casi 24 por robo, según explica. Su libertad anticipada, en julio de 2014, lo alejó de las paredes de la cárcel, pero no del tiempo que le debe al Estado. Bajo las condiciones de la libertad anticipada, debe viajar todas las semanas para firmar una lista de asistencia.

Ya antes había estado preso en dos ocasiones, acusado del mismo delito. Dice que en total pasó 20 años en prisión, lo que equivale a casi una tercera parte de su vida.

Castañón afirma que las condiciones de su libertad anticipada limitan sus posibilidades de encontrar trabajo, debido a que tiene que ausentarse un día cada semana para ir a firmar. Además, en algunos empleos le han pedido que certifique que no posee antecedentes penales.

“(Parece que) estamos presos aún”, dice.

Castañón cuenta que terminó la secundaria estando preso, pero que no pudo continuar sus estudios de preparatoria por problemas con el personal de la prisión.

Como autodidacta, estudió leyes y pudo dedicarse a redactar amparos y otros documentos legales para presos. Pero dice que, como no es abogado, no puede litigar casos. Además, si bien recibe encargos de los presos o de sus familias, su trabajo no es constante, así que no tiene un ingreso fijo.

Otra dificultad para Castañón es no tener Credencial para Votar. Aunque está fuera de prisión, sigue compurgando una condena y, por lo tanto, su derecho al voto está suspendido, tal como lo indica la ley mexicana.

La Credencial para Votar -conocida por los locales como el IFE, por las siglas del extinto Instituto Federal Electoral-, es también la identificación oficial más usada en México.

“Si quiero ir a algún lado, donde sea, piden credencial de elector”, dice. “No puedo sacar una cuenta de banco porque no tengo IFE. No puedo hacer otros trámites porque no tengo IFE. Realmente no existo para la sociedad”.

Liliana Garduño Ortega fue detenida por la policía en noviembre de 2014 durante una protesta en la Plaza de la Constitución, la principal plaza pública del país, también conocida como el Zócalo.

Junto a otros manifestantes, protestaba por la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, sureste del país. Las causas de estas desapariciones siguen siendo un misterio y muchos manifestantes acusan de complicidad al gobierno y a la policía.

Ella y otras 10 personas fueron llevadas a una prisión federal bajo cargos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio. Garduño Ortega dice que la policía los acusó de haber amenazado verbalmente y agredido a un oficial, cargo que ella niega.

La policía también acusó a los detenidos de ser parte de un grupo anarquista que había causado destrozos en la protesta, dice. Garduño Ortega, que tenía entonces 30 años, asegura que los detenidos ni siquiera se conocían entre sí.

Todos fueron dejados en libertad nueve días después, debido a que no había suficientes pruebas sobre los delitos que se les imputaba, según informó en un boletín de prensa el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una organización civil que defendió a algunos de esos detenidos, pero no a Garduño Ortega.

Pero el caso siguió abierto hasta octubre de 2015, según explica Garduño Ortega. La Procuraduría General de la República, la fiscalía general, apeló la sentencia y el proceso judicial continuó por casi un año.

Durante ese tiempo, e incluso después, no tenía ánimos para salir de su casa. Pero a la vez, le atemorizaba que la policía la encontrara ahí y la detuviera nuevamente.

“Yo no podía dormir, estaba alerta, al pendiente siempre”, dice.

Dejó la preparatoria. Cuenta que se sentía estancada y triste.

Varios medios cubrieron el caso de los 11 detenidos hasta su libertad. Sus nombres y fotografías fueron difundidos en la prensa y en las redes sociales.

“Ves tu foto y comentarios positivos y comentarios negativos”, dice. “Me acuerdo mucho de un comentario de una chica (que decía): ‘Eso le pasa por revoltosa mitotera (alborotadora). Qué bueno, se lo ganó’. Me quedó grabado ese comentario”.

Garduño Ortega también temía dar su nombre, pensando que, por la difusión del caso, alguien podía identificarla y tacharla de delincuente.

Su familia y amigos siempre la apoyaron, pero algunos conocidos también llegaron a preguntarle si realmente lo había hecho.

“La gente no sabe, ni te conoce. Fueron comentarios que a lo mejor en su momento sí me pegaron”, dice. “Fuimos juzgados, fui juzgada. Para bien y para mal”.

Pero el tiempo ayudó. Ya no le preocupa ser señalada, ni vive en la incertidumbre de si podrían detenerla de nuevo. Dice que ahora se siente lo suficientemente fuerte como para mostrarse.

Ivonne Jeannot Laens, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.