Editorial Team
Publication Date
March 17, 2023
Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Silvia Figueredo, madre de dos, ha pasado meses tratando de encontrar un nuevo alquiler luego de recibir una orden de desalojo.
BUENOS AIRES, ARGENTINA — Silvia Figueredo, madre soltera, estuvo buscando un alquiler más económico durante meses, por lo que cuando apareció uno que estaba dentro de su presupuesto, se apresuró a verlo. Pero cuando llegó a la dirección indicada, se encontró con una fila de una cuadra de personas interesadas en el mismo departamento.
“Es como hacer un casting y el que mejor califica quizás lo alquile”, dice Figueredo, quien siente que no puede competir con parejas que trabajan y que no tienen hijos. Además, necesita un garante o un depósito para asegurar un alquiler a largo plazo, y no tiene ni uno ni otro.
Más dueños de propiedades están vendiendo sus casas de alquiler para buscar opciones comerciales más rentables después de que una ley de 2020 limitara el monto que se puede aumentar el alquiler cada año y elevara el contrato de alquiler de dos a tres años como mínimo. Con menos alquileres disponibles, las personas propietarias pueden ser mucho más selectivas en cuanto a quién habita sus viviendas, dejando a grupos más vulnerables, como las madres solteras, las personas transgénero, las parejas del mismo sexo y las personas en situación de calle, con pocas opciones de vivienda seguras, dicen expertos del sector, muchos de los cuales piden más incentivos gubernamentales para ayudar a resolver esta escasez crítica.
Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, es uno de ellos. Ha notado un aumento en el número de personas que se retiran del mercado de alquiler y deciden vender sus propiedades por dólares estadounidenses.
Figueredo tiene un hijo de 12 años y una hija de 21 años que viven con ella. Se separó de su pareja hace 11 años por la violencia, y él dejó de pagar el alquiler hace tres años. Ella no recibe apoyo económico de él ni asistencia gubernamental, y tiene dos empleos para poder mantenerse. El nombre de su expareja figura en el contrato de alquiler, y la dueña se negó a transferirlo a nombre de Figueredo porque no tiene un garante. En cambio, le envió una orden de desalojo.
“Estoy desalojada de donde estoy y me muero de la vergüenza, pero no tengo manera de alquilar”, afirma Figueredo, que puede pagar un apartamento de dos cuartos, pero dice que nadie quiere alquilarle cuando les dice que tiene dos hijos.
Marisol Ferrato, una madre soltera de tres hijos, dice que se encuentra en la misma situación. Su búsqueda de un alquiler comenzó a principios de 2022, y todavía sigue. Cuenta que ha visto casi cien alquileres posibles solo para que le digan que ya no están disponibles, o que pueden aceptarla con un solo hijo.
“Hay menos propiedades que se están alquilando y, si conseguís, te piden más requisitos”, dice Ferrato, describiendo condiciones como depósitos e ingresos mínimos más elevados y menos personas viviendo en la propiedad. “Esto solo va a empeorar”.
La escasez de propiedades en renta hace que el proceso de selección sea cada vez más exclusivo y discriminatorio, dice Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Señala que las madres solteras, las personas LGBTQ y las de otros países se ven más afectadas.
“Para acceder a una vivienda, vos tenés que ir al mercado privado y ahí el Estado no se mete de ninguna forma, ni controlando el cumplimiento de la ley de alquileres y mucho menos controlando que no haya discriminación”, dice Muñoz.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, responsable de garantizar el acceso a la vivienda, se negó a dar una entrevista a Global Press Journal.
Argentina ya vive una crisis de vivienda. El país tiene un déficit habitacional de 3.5 millones de hogares, según las estimaciones más recientes de la Secretaría de Hábitat del ministerio en 2017.
Esta sombría estadística se combina con un fuerte declive en la cantidad de alquileres disponibles, 30% menos en el último trimestre de 2022 en comparación con el año anterior, y la oferta de alquiler más baja desde 2018, según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, con base en información del portal inmobiliario Argenprop.
Lucía Cavallero es socióloga e investigadora de la Universidad de Buenos Aires e integrante de Ni Una Menos, un movimiento feminista de base que lucha contra la violencia de género. Recientemente, la investigación de Cavallero se ha enfocado en la crisis de la vivienda, después de que la organización recibiera diversas solicitudes de ayuda y asesoría de mujeres que tenían dificultades para dejar a sus parejas violentas por no poder acceder a un alquiler. Cavallero dice que el mercado no está regulado y que las mujeres no pueden acudir a ninguna oficina gubernamental para buscar ayuda cuando se encuentran ante un conflicto como inquilinas, lo que a su vez da más poder a los dueños.
“Hay un fenómeno de discriminación que está relacionado a la histórica discriminación por razones de identidad de género, de orientación sexual”, señala.
Jesi León, una mujer transgénero que vivió en el Centro de Integración Frida (un centro que tiene 45 camas disponibles para mujeres cisgénero y transgénero en situación de calle), y ahora trabaja allí, dice que fue rechazada de un alquiler después de que la propietaria la vio. Explica que vio un aviso de cuarto en alquiler y le gritó desde la puerta a la dueña de la casa para preguntar si todavía estaba disponible.
“Me dijo que sí y, cuando salió para mostrarme la pieza, me vio y me dijo: ‘Ah no, no hay’. Supongo que por mi voz esperaba un muchacho”, dice León, que vive en un hotel donde le cobran 1000 pesos argentinos adicionales cada vez que reciba una visita.
Bennazar dice que debería haber incentivos gubernamentales para alentar a los propietarios a alquilar sus espacios, así como políticas públicas que faciliten la adquisición de una vivienda para las personas que alquilan.
Pero Muñoz dice que la solución radica en nuevas leyes que impidan que las viviendas permanezcan deshabitadas por tiempo indefinido, sin estar disponibles para el alquiler o la reventa. Según un informe del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, el 14.6% de las viviendas estaban vacantes en 2021. El informe analiza el porcentaje de viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires de 2017 a 2021 y muestra que el mayor aumento de viviendas vacantes ocurrió en 2021.
Figueredo, quien está esperando una respuesta a su apelación a la orden de desalojo, dice que lo que más quiere es que el Gobierno apoye a las madres solteras.
“Te ves sola en esto, te ves sin salida, te sentís desamparada. A esta altura ya no tengo bronca con las inmobiliarias ni con los dueños. El Estado es absolutamente responsable”, concluye Figueredo.
Lucila Pellettieri es reportera de Global Press Journal, radicada en Buenos Aires, Argentina.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
