Pacientes enfrentan largas esperas para salir de hospitales psiquiátricos

TEMPERLEY, ARGENTINA — Carmen Rita Graneros pasó los últimos 10 años de su vida en un hospital psiquiátrico. Durante casi la mitad de ese tiempo, no necesitó diagnóstico ni tratamiento, solo estuvo esperando por los trámites y el apoyo gubernamental que le permitieran salir.

En 2017, Graneros, de 55 años, fue transferida a un pabellón de transición del Hospital Interzonal Dr. José A. Esteves, donde las pacientes tienen más privacidad y autonomía, y pueden volver a aprender a realizar actividades como administrar su dinero, ir de compras y cuidar de sí mismas.

Después de un año, Graneros estaba preparada para vivir de forma autónoma, pero el gobierno y los tribunales tardaron tres años más en determinar si podría tener acceso independiente a la pensión por invalidez que necesitaba para pagar la renta y los gastos diarios, o si se requería que alguien administrara sus finanzas. Finalmente, la autorización para que administrara su pensión llegó este año y, en mayo, Graneros se mudó a una casa con otras tres compañeras.

“Tengo ganas de mudarme hoy mismo, falta muy poquito”, dijo Graneros poco antes de salir del hospital, entre lágrimas de emoción.

La Ley Nacional de Salud Mental de Argentina estipula que las internaciones en los hospitales psiquiátricos deben ser lo más breves posible, y no prolongarse por falta de vivienda o de apoyo de la familia, las amistades u otros vínculos personales. Sin embargo, activistas de los derechos de las personas con discapacidad y quienes utilizan el sistema de salud mental argentino señalan que la falta de vivienda costeable, apoyo económico y servicios psiquiátricos para personas externadas hace que las y los pacientes tengan que quedarse internados más tiempo del necesario.

El problema no ocurre solo en Argentina. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud de 2018 destacó que los países con menores ingresos, donde la salud mental se atiende principalmente en hospitales neuropsiquiátricos, suelen tener resultados de peor calidad en comparación con los países con ingresos más elevados, donde hay más integración entre la salud mental, la atención médica primaria y los recursos comunitarios.

“La mayoría de las personas que están internadas en condiciones de salir de alta no lo hacen por la falta de dispositivos de apoyo para vivir en la comunidad”, explica Eduardo Quiroga, abogado del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización defensora de los derechos humanos.

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Un censo gubernamental que se publicó en 2019 reveló que alrededor de 12,000 personas estaban hospitalizadas por cuestiones de salud mental en todo el país. Cerca de una tercera parte de las internaciones duraron menos de un año, según datos del censo, pero el 53% duró dos años o más. De estas internaciones, el 25% duró al menos 11 años.

Pacientes y grupos de defensoría de personas con discapacidad dicen que el gobierno no ha destinado los recursos suficientes para ayudar a la gente a vivir por su cuenta fuera de estas instituciones, lo que deja atrapadas a cientas, posiblemente miles de personas, en los hospitales psiquiátricos.

En el Hospital Dr. Alejandro Korn, más de 300 pacientes podrían recibir el alta hospitalaria y vivir por su cuenta si tuvieran más apoyo por parte del gobierno, explica Fabián Murua, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (organización que promueve los derechos humanos), quien trabaja en el hospital como defensor de las personas con discapacidad. “Siguen internadas por problemas sociales, de vivienda, familiares. La mayoría son personas que podrían irse, tener una vida afuera, algunas con mayores apoyos o asistencias”, declara Murua.

Rolando Hanono, de 58 años, cuenta que luego de estar internado en un centro de salud mental por seis años, pudo externarse porque tenía una casa propia. De no ser así, no le hubiera alcanzado para vivir de su pensión por invalidez y hubiera tenido que quedarse en el hospital.

“Si no tuviera una vivienda, no me alcanzaría para vivir”, asegura.

María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, una entidad creada por la ley de salud mental para velar por los derechos de quienes usan el sistema de salud mental, expresa que el gobierno debe pensar de manera exhaustiva cómo abordar estos desafíos, que abarcan diversos sectores, desde la atención a la salud mental hasta la vivienda y el empleo.

“Tiene que ser una política verdaderamente integral donde estén los otros ministerios comprometidos”, afirma Iglesias.

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social se abstuvieron de hacer comentarios. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no respondieron a las solicitudes de entrevistas.

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En el Hospital Interzonal Dr. José A. Esteves, el centro psiquiátrico para mujeres donde Graneros estuvo internada, el personal hace lo que puede para dar de alta a las pacientes a pesar de la falta de sistemas de apoyo más robustos.

Nadia Percovich, una de las psicólogas del hospital, dice que el personal trabaja con las pacientes para rastrear si tienen alguna propiedad o restablecer los vínculos con las familias. Cuando una reinserción laboral no es posible, tramitan pensiones, jubilaciones o subsidios para que las pacientes puedan ser independientes económicamente.

“Es muy cuesta arriba”, destaca Percovich.

Añade que no externar a las pacientes en cuanto están listas puede tener consecuencias graves para la salud. Las personas pierden la habilidad de cuidar de sí mismas y les cuesta mucho reintegrarse a la sociedad por haber estado institucionalizadas tanto tiempo.

“Muchas veces te das cuenta de que no estás rehabilitando por la patología; estás rehabilitando por el encierro en una institución de estas características”, asegura Percovich.