Argentina

Un nuevo frente en la lucha por los derechos reproductivos

Hace poco, Argentina se convirtió en el país más grande de Sudamérica en legalizar el aborto. Sin embargo, en el sistema de salud mental del país la batalla por los derechos de la mujer continúa.

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A New Front in the Fight for Reproductive Rights

Ilustración de Zoe van Dijk para GPJ

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BUENOS AIRES, ARGENTINA — Norma tenía 20 años y vivía en situación de calle cuando la policía la llevó a un hospital psiquiátrico, donde ha vivido durante los últimos cinco años. En ese entonces estaba embarazada y dio a luz a un niño meses más tarde.

Sin embargo, como Norma estaba en el sistema de salud mental, un tribunal determinó que no podía quedarse con el bebé y la obligaron a darlo en adopción. Ella está solicitando que el tribunal le otorgue permiso para ver a su hijo y pidió que no se divulgue su apellido, por temor a poner en peligro su caso. Ahora lleva puesto un collar con el dije de un niño, como una manera de recordarlo.

“Era muy chiquito y se reía cuando lo bañaba”, dice Norma, mientras se le ilumina el rostro.

Lo que Norma no sabía, hasta hace unos meses, es que el tribunal no solo la obligó a ceder la custodia de su hijo, sino que también le quitó la posibilidad de tener más hijos. Por orden judicial, cuando el equipo médico le realizó la cesárea, también le ligó las trompas de Falopio.

Nadie le preguntó si eso era lo que ella quería.

A finales de diciembre, después de años de protestas y campañas de los grupos de derechos de las mujeres, Argentina se convirtió en el país más grande de Sudamérica en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones durante las primeras etapas de la gestación. Aunque millones de mujeres se unieron en torno al lema “mi cuerpo, mi decisión”, muchas argentinas con discapacidad mental todavía tienen denegada la oportunidad de tomar decisiones propias en asuntos reproductivos.

Eso se debe a que, según una ley de 2006, el equipo médico puede esterilizar a las mujeres que son declaradas judicialmente incapaces, sustituyendo su consentimiento por la autorización de los tribunales a petición de familiares o personas tutoras legales. Esto pasa a pesar de que en 2008 Argentina firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que la voluntad de una persona con discapacidad no puede ser sustituida.

Un tutor legal provisional designado por el tribunal pidió la ligadura de trompas de Norma. Un curador público, designado por el estado, es ahora responsable de Norma.

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Lucila Pellettieri, GPJ Argentina

Norma lleva puesto un collar con el dije de un niño para recordar a su hijo, a quien fue obligada a dar en adopción.

No existen registros oficiales de cuántas personas han sido esterilizadas por orden judicial en Argentina, pero la experiencia de Norma no es un caso aislado. Marcela Gasic, trabajadora social de un hospital neuropsiquiátrico de Buenos Aires, señala que ha trabajado con varias mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad. A una de ellas le dieron la noticia de la ligadura de trompas cuando se despertó después de que le hicieran la cesárea.

“Le dijeron que ya la habían ligado, así no volvía a pasar por lo mismo; como si le hubieran hecho un favor”, explica Gasic.

Con frecuencia, las mujeres que utilizan el sistema de salud mental también son obligadas a tomar píldoras o implantes anticonceptivos, cuenta Macarena Sabin Paz, psicóloga y coordinadora del equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo de derechos humanos.
“Los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son todavía una utopía dentro de las instituciones de encierro en pos de la salud mental”, declara.

Alicia Albano, quien forma parte de la Asamblea de Usuarios de Salud Mental, un grupo de defensoría de pacientes, vivió en carne propia esta falta de autonomía cuando la internaron en un centro de salud mental y la medicaron en contra de su voluntad.

“Generalmente no te piden consentimiento, no se aplica eso. Ni siquiera sabía qué medicación estaba tomando. La enfermera te pone la medicación en la boca y te revisa a ver si la tomaste”, señala Albano.

“Le dijeron que ya la habían ligado, así no volvía a pasar por lo mismo; como si le hubieran hecho un favor”.

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se espera que la atención médica se proporcione con base en el “consentimiento libre y con conocimiento de causa”. La ley nacional de salud mental de Argentina también especifica que se puede llevar a cabo una internación involuntaria solo en casos de riesgo de daño inminente.

Pero las mujeres con discapacidad a menudo son vistas con prejuicio, dice Carolina Buceta, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, otro grupo defensor.

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“La sociedad nos toma como seres asexuados, seres de luz o por el contrario, con una sexualidad exacerbada. Todavía persisten las creencias de que la mujer con discapacidad no va a poder administrarse los métodos anticonceptivos”, indica Buceta.

Constanza Leone, vocera de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, expresa que todos los sectores de la sociedad tienen prejuicios acerca de las personas con discapacidad, incluido el estado. Dice que la Dirección apoya las iniciativas para reformar la ley argentina y garantizar autonomía a las personas con discapacidad en cuanto a sus decisiones reproductivas. La Dirección también trabaja con personas con discapacidad y con organizaciones de derechos reproductivos para capacitar a profesionales de la salud y crear conciencia sobre los derechos de las personas que viven con una discapacidad.

“Abogamos porque se respete la decisión informada de una persona sobre su cuerpo más allá de su edad, su género y su condición”, dice Leone. “Hay que brindar los mecanismos para que la persona pueda recibir la información y elegir por su cuenta un método anticonceptivo reversible”.

Quienes defienden los derechos de las personas con discapacidad también exigen cambios en las leyes argentinas para que se aclare que las personas con discapacidad tienen la libertad de tomar sus propias decisiones reproductivas, y que solo se puede hacer una esterilización con el consentimiento de la persona.

“Que se cambie la ley”, dice Norma. “Me dan ganas de llorar”.

Mientras espera saber si el tribunal le permitirá ver a su hijo, ella y su médica de cabecera tratan de determinar si otra operación podría revertir la ligadura de trompas.

“Me quiero soltar las trompas, me gustaría tener una nena”, dice Norma.

Se actualizó esta historia para identificar de manera correcta a Alicia Albano. Global Press Journal lamenta este error.

Lucila Pellettieri es reportera de Global Press Journal, radicada en Buenos Aires, Argentina.


NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN

Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.