Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Varias personas se reúnen frente al Congreso de la Nación Argentina en la ciudad de Buenos Aires durante la huelga de inmigrantes del 30 de marzo para protestar por los cambios del presidente Mauricio Macri a la Ley Migratoria argentina.
BUENOS AIRES, ARGENTINA — Un debate apasionado se sostiene sobre un decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri que aumenta el poder del gobierno para deportar a inmigrantes acusados o condenados de crímenes y para también restringir la entrada a Argentina de cualquiera acusado o condenado por crímenes.
El decreto afirma que los cambios a la Ley Migratoria de 2003 son necesarios para centrarse en extranjeros que venden drogas, trafican armas y lavan dinero. Pero grupos de derechos ciudadanos dicen que el decreto va mucho más allá. (Lea el artículo relacionado aquí).
“Pasamos de una ley que respeta los derechos humanos de los migrantes a una que entiende la migración como una amenaza a la seguridad del Estado, tal como está sucediendo en EE.UU”, dijo el Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización no gubernamental de derechos humanos, en un tweet poco tiempo después de que se anunciara la medida.
La orden ejecutiva de Macri, del 27 de enero, vino dos días después de una del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también está diseñada para acelerar las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos acusados de violar leyes. Tanto Macri como Trump hablaron de obstáculos burocráticos para deportar extranjeros que cometen crímenes y dijeron que las medidas eran necesarias para mantener segura a la población.
Una encuesta telefónica realizada en 40 localidades por Poliarquía Consultores, una firma privada de encuestas de opinión, poco después de que se anunciara la medida, encontró que el 83 por ciento de las 1381 personas encuestadas dijo que estaba a favor de prohibirles la entrada al país a quienes tuvieran antecedentes penales. La mayoría también estaba de acuerdo con crear una provisión exprés para expulsar a quienes cometan crímenes.
Bolivia y Paraguay, vecinos de Argentina, criticaron inmediatamente la medida, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros grupos de la sociedad civil manifestaron su preocupación. El Comité de la ONU Contra la Tortura, que monitorea cómo los países implementan las disposiciones de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, urgió al gobierno el 12 de mayo a derogar o enmendar los cambios para asegurarse de que las personas en riesgo de expulsión tengan suficiente tiempo para apelar las deportaciones.
Algunos inmigrantes que viven en Argentina organizaron una huelga y protestaron frente al Congreso de la Nación Argentina. Global Press Journal habló con varias personas en Buenos Aires, incluyendo algunos manifestantes, en la manifestación del 30 de marzo.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
