Mayela Sánchez, GPJ Mexico
El hijo de Liborio Villanueva (derecha), Isaac Jair Villanueva Yáñez, desapareció en junio de 2011, y el aún desconoce el paradero de su hijo.
CUAUTLA, MORELOS, MÉXICO – Oliver Wenceslao Navarrete Hernández fue secuestrado y asesinado en 2013. Tenía 31 años. Todavía hoy, su familia dice que no sabe por qué murió.
Sus familiares identificaron el cuerpo poco después de la muerte, pero dicen que éste fue retenido por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Esa oficina, según la familia, iba a investigar la muerte.
La familia esperaba recibir el cuerpo para poder realizar el funeral. Pero en lugar de eso, en marzo de 2014, el cuerpo fue enterrado en una fosa común en un cementerio del poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, estado de Morelos, según dice Amalia Alejandra Hernández Hernández, tía de Navarrete Hernández.
En diciembre de 2014, el cadáver fue exhumado por exigencia de la familia. Los familiares estaban a un lado de la fosa cuando empezó la exhumación. Fue cuando vieron que había otros cuerpos ahí dentro.
Exigieron entonces que el gobierno del estado los exhumara también, según cuenta Hernández Hernández. También insistieron en que se castigara a los responsables del entierro de Navarrete Hernández.
Meses después, en octubre 2015, se unió a la familia un fuerte defensor: el Programa de Atención a Víctimas que opera en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la principal universidad pública de ese estado. El programa proporciona atención integral a personas que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos y otros crímenes. Esta atención incluye apoyo legal y psicológico.
En mayo de este año, la fiscalía accedió a exhumar los cadáveres. A finales de ese mes y en los primeros días de junio, se exhumaron 117 cuerpos y 12 restos óseos en Tetelcingo. La UAEM participó en la exhumación y actualmente la fiscalía y la universidad, cada una por su cuenta, trabajan en la identificación de los restos.
Los familiares dicen que gran parte de su progreso se debe al Programa de Atención a Víctimas.
“Es ahí donde nos brindan todo el apoyo y la atención. Nos acompañan ante las autoridades, a dónde tenemos que ir, y teniendo su presencia, con ellos, para poder hacer eco a todas las peticiones que estábamos haciendo”, dice la madre de Navarrete Hernández, María Concepción Hernández Hernández.
México se encuentra en una grave crisis de derechos humanos. Más de 100.000 personas han sido asesinadas y miles más han desaparecido en los últimos años, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado en marzo de 2016.
La mayor parte de la actual violencia e inestabilidad data de 2006, cuando el gobierno lanzó una ofensiva contra el narcotráfico, según el informe de la comisión.
Las familias de personas asesinadas o desaparecidas expresan cada vez más su demanda de justicia. En 2011, caravanas de familiares viajaron por el país, buscando indicios acerca de sus seres queridos y hablando con las autoridades en el camino. Las familias y sus defensores también tuvieron reuniones con Felipe Calderón, el entonces presidente de México. Esos esfuerzos fueron el impulso para el Programa de Atención a Víctimas.
El programa fue creado en marzo de 2014, según su coordinador, Roberto Villanueva Guzmán. (Otro programa similar comenzará a operar en agosto en otra universidad).
El asesoramiento jurídico es uno de los pilares del programa, pero en los casos más graves el programa también ofrece atención psicosocial así como apoyo legal, todo en forma gratuita, según dice Villanueva Guzmán. Asimismo, el programa instrumenta campañas mediáticas para difundir ciertos casos y presionar al gobierno a hacer justicia, conecta a familias con organizaciones civiles nacionales e internacionales y ofrece talleres de atención a personas que han sufrido violaciones de los derechos humanos, aplicando la legislación vigente para exigir justicia.
El programa tiene además un área que se especializa en identificar restos óseos, para apoyar a los familiares de los desaparecidos, según añade Villanueva Guzmán.
El coordinador explica que el programa cuenta con nueve especialistas en psicología, medicina forense, seguridad pública y otras disciplinas, así como estudiantes de distintas carreras.
“Tiene que ser un proceso multidisciplinario e interdisciplinario, para que todos los aspectos que se ven vulnerados cuando una persona es violentada puedan ser atendidos”, dice.
Chasel Colorado Piña, una coordinadora de Amnistía Internacional México, dijo en entrevista telefónica a GPJ que el programa de la UAEM es la primera iniciativa de ese tipo.
“Es un ejercicio único que habla muy bien de las responsabilidades que las universidades tienen al formar cuadros, pero también de cómo esos cuadros que se forman dentro de las universidades se convierten en un agente de cambio”, dice.
El programa beneficia a la comunidad, según señala Angélica Toledo Camacho, que trabaja para la Fiscalía General del Estado de Morelos.
El gobierno tiene personal capacitado para atender a víctimas de delitos, con servicios que incluyen asistencia legal y atención psicológica, dice. Toledo Camacho agrega que, si una persona no recibe una atención adecuada, puede presentar una queja. Sin embargo, considera que es bueno tener otro programa de trabajo sobre las mismas cuestiones.
“Yo creo que la atención se brinda en todas las instancias y yo creo que es bueno que existan dependencias que brinden la misma atención”, dice.
Tener un programa de este tipo en un ambiente académico es un nuevo enfoque. Familiares de las víctimas tienen sus recelos sobre las instancias oficiales.
María Concepción Hernández Hernández cuenta que se acercó a la delegación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Morelos, un programa del estado que ofrece apoyo a víctimas. Y que, cuando le dijeron que no se podía hacer mucho, dejó de confiar en esa instancia.
Liborio Villanueva, de 43 años, dice que perdió las esperanzas al no sentirse apoyado ni recibir ningún tipo de orientación cuando denunció la desaparición de su hijo.
Isaac Jair Villanueva Yañez tenía 21 años cuando desapareció en este municipio en junio de 2011, según explica Liborio Villanueva.
“Buscamos en pueblos, buscamos con amigos, buscamos hasta con videntes que nos decían que lo veían”, dice. “Lo buscamos para allá y para acá, en el campo, hasta que ya desistimos un poco con el tiempo”.
Él se enteró del Programa de Atención a Víctimas en noviembre de 2015. Aún no sabe exactamente qué pasó con su hijo, pero espera que la exhumación de la fosa masiva les otorgue a él y a su familia alguna respuesta.
Villanueva Guzmán dice que las universidades tienen la responsabilidad de poner su capacidad al servicio de la sociedad.
“Si nos decimos una universidad socialmente responsable, no podemos olvidarnos del sufrimiento de las personas”, dice. “Si se supone que la universidad está para servir a las comunidades a las cuales nos debemos, debemos atender estos problemas siempre, como es la violencia, la inseguridad, la pobreza. O si no, no tendría caso que existiera la universidad”.
En febrero, la Universidad de Guadalajara creó un programa similar al de la UAEM en el occidental estado de Jalisco.
Este programa estará enfocado sólo en atender a estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad, dice José Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Galarza Villaseñor explica que la implementación del programa no ha terminado debido a cambios administrativos, pero que espera que comience a operar en la segunda quincena de agosto.
Villanueva cree que el que las universidades se involucren en la atención a víctimas inspira confianza.
“Siento que las universidades lo hacen sin ningún fin de lucro político”, dice.
Liborio Villanueva y Roberto Villanueva Guzmán no son parientes.
Lourdes Medrano adaptó este artículo de su versión en inglés.
