Las medidas de reubicación posteriores a las inundaciones desencadenan una segunda crisis

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MÉXICO — La lluvia golpeaba el techo de lámina. Rosa Bucio Infante temblaba de frío y de miedo. Reunió a sus cinco hijos en la esquina de su casa de madera y observó cómo la cercana barranca de Chuchululuya se llenaba como una tina.

Era septiembre de 2013 y, en un evento meteorológico poco común, un huracán y una tormenta tropical amenazaban el estado costero de Guerrero. Bucio vivía al norte de la capital, Chilpancingo de los Bravo, en una comunidad que, de acuerdo con las autoridades locales, tenía un alto riesgo de inundaciones. Sin embargo, era poco probable que la mayoría de las casas, con techos de lámina y piso de tierra, resistieran una avalancha de agua.

La hija adolescente de Bucio fue a buscar un suéter. Una vigueta de madera se desprendió del techo y le cayó en la espalda. La joven no se lesionó, pero Bucio se dio cuenta de que tenían que salir de ahí. Mientras el agua crecía y se avecinaba un deslizamiento de lodo que amenazaba con destruir su casa, cruzaron un arroyo y se pusieron a salvo.

“Se llevó mis plantas, se llevó costales de tierra, faltó poco para que nos llevara también a nosotros”, dice Bucio, una mujer esbelta y decidida, mientras se le quiebra la voz y se le llenan los ojos de lágrimas.

Aquel día, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel causaron grandes estragos en Guerrero, estado del sur de México donde se encuentran Acapulco y otros destinos turísticos. Miles de personas se vieron afectadas. Pero les esperaba otro desastre: un intento de reubicación fallido.

Avigaí Silva, GPJ México

Concepción Reyes Flores espera mientras su esposa, Rosa Bucio Infante, prepara la cena en su departamento de Nuevo Mirador. La pareja dice que extrañan el espacio y la libertad de su antigua comunidad cerca de la barranca de Chuchululuya en Chilpancingo.

Cuando los derrumbes y las inundaciones devastan México, el gobierno en ocasiones responde con la construcción de comunidades para quienes han perdido sus hogares. Eso es lo que pasó después de la doble tormenta. El gobierno supervisó la construcción de casi 600 viviendas al sur de Chilpancingo en un complejo habitacional llamado Nuevo Mirador. Las familias, entre ellas la de Bucio, comenzaron a mudarse allá en 2015, pero eso no les ofreció seguridad.

A Nuevo Mirador le faltaban muchos servicios básicos, por lo que Valter Emmanuel Damián Bautista, coordinador general de Protección Civil de Chilpancingo, calcula que más de dos terceras partes de las personas residentes se regresaron a vivir a las laderas con riesgo de inundaciones. La reubicación fallida muestra los enormes retos que enfrenta México mientras se adapta a las probables tempestades y a la miseria humana de un mundo en calentamiento.

Nuevo Mirador se encuentra a media hora de Chilpancingo si se viaja en camioneta de carga, lo que cuesta menos que ir en taxi. La mitad del camino está pavimentada; la otra mitad es de tierra. Desde la distancia, los edificios de colores rosa, amarillo, verde y azul parecen alegres, pero los departamentos prefabricados son pequeños para una familia de cuatro. Según un estudio de la revista científica Espacio y Desarrollo, publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, el proceso de contratación estuvo lleno de sobornos y corrupción.

Los departamentos son habitables, y las familias que se mudan allí tienen menos riesgo que en las barrancas, dice Roberto Arroyo Matus, profesor de ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pero no hay agua potable, por lo que la gente compra agua o recoge el agua de lluvia; y no hay recolectores de basura, así que les pagan a camiones privados. Las escuelas públicas están cerradas. No hay parques ni áreas de juego, solo tres canchas de basquetbol con poca iluminación que niñas y niños dejan vacías al anochecer. Los padres y las madres se esfuerzan por ir a Chilpancingo a hacer sus compras y a trabajar, pero el sistema de camionetas de carga no es confiable.

Avigaí Silva, GPJ México

El río Huacapa serpentea por el vecindario El Amate en Chilpancingo. Esta es una de las zonas que se inundaron en la doble tormenta de 2013 que desplazó a una gran cantidad de familias.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del estado, que supervisó las obras de Nuevo Mirador, se negó a hacer comentarios y dijo que el complejo ahora es responsabilidad del gobierno federal. Las autoridades federales no respondieron a una petición de comentarios.

Cuando Bucio y su familia llegaron, habían pasado más de un año en albergues. Aunque agradecían tener un hogar, se sentían como en una jaula: el espacio era más pequeño que su hogar en la barranca y extrañaban despertarse con el canto de los gallos. No podían tener perros, gatos ni gallinas en el traspatio. No podían cocinar con leña. No se sentían a salvo al salir a caminar y a menudo discutían con otras personas que vivían ahí. En la barranca, “tuvimos problemas con la gente, pero lo hablamos, y aquí a la gente no le gusta hablar”, explica Bucio.

Queda poco claro cuántas veces México ha reubicado a residentes después de un desastre, pero Guerrero no es el único estado donde las medidas han sido insuficientes. En 1999, un derrumbe en Teziutlán, Puebla, al este de la Ciudad de México, dejó varadas a más de 200,000 personas. El gobierno reubicó a una parte de ellas en un complejo de edificios de bloques de hormigón que, en un principio, no tenían ni electricidad ni suministro de agua. Según un estudio de la revista de investigación universitaria Explorations, 10 años después y a pesar de las mejoras, quienes residían ahí todavía se sentían en desamparo: “Muchos no quieren vivir allí, pero para muchos es su única opción”.

Avigaí Silva, GPJ México

El exterior de la casa de Santa García Catarino, cerca de la barranca Las Calaveras en Chilpancingo. Ella y su familia solo duraron un mes en Nuevo Mirador antes de regresar; el complejo habitacional del gobierno quedaba muy lejos del trabajo de su esposo y de las escuelas de sus hijos.

En Nuevo Mirador, la mayoría de las personas se rindieron y se mudaron. Pero no tenían el dinero suficiente para comprar una casa en otra parte; mucha gente trabaja de forma intermitente limpiando casas o vendiendo empanadas, chicharrones o periódicos (Bucio es ama de casa y su esposo es policía). Así que regresaron a las zonas de alto riesgo de las que habían huido; algunas repararon sus casas en mal estado y otras se refugiaron con quienes fueron sus vecinos y vecinas.

“Trabajamos en el mercado y es mejor para nosotros vivir aquí”, cuenta Santa García Catarino. Ella, su esposo y sus dos hijos dejaron Nuevo Mirador después de un mes y volvieron a la barranca Las Calaveras, en Chilpancingo. “Allí, tenemos que pagar el transporte para ir y volver”, señala.

Actualmente, alrededor de 5,000 personas viven en 21 barrancas de la ciudad. Estas son las mismas zonas que quedaron inundadas por la doble tormenta. Los asentamientos corren el riesgo de degradar aún más el suelo, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra, explica Uriel Cabrera, biólogo y ambientalista. En su opinión, el gobierno debe hacer cumplir mejor las leyes que limitan los lugares donde las personas pueden construir viviendas y ayudar a quienes se encuentran en zonas de alto riesgo a reubicarse antes de que ocurra un desastre.

Aunque Bucio y su familia no han abandonado Nuevo Mirador, todavía no tienen las escrituras de su departamento, como les prometieron. Se han aferrado a su terreno cerca de la barranca de Chuchululuya y, hasta hace poco, pasaban casi todos los fines de semana ahí. Algunas personas vecinas reconstruyeron sus casas de madera; el cemento es más firme, pero también es más caro. Cuando llueve, no duermen en toda la noche para escuchar el peligro.