CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MÉXICO — Antes de la pandemia, Juan Felipe Aguilar se ganaba la vida lustrando zapatos en el zócalo de Chilpancingo de los Bravo, en una plaza de comercio informal. Pero en abril de 2020, el gobierno municipal de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, anunció restricciones para frenar la propagación del coronavirus, por lo que el hombre de 64 años de edad tuvo que cerrar su puesto de lustre de calzado y quedarse sin ingresos.
Aunque por su edad y por padecer diabetes, era más vulnerable a la COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, Aguilar no podía darse el lujo de dejar de trabajar.
Dice que encontrar trabajo fue complicado, ya que la mayoría de las empresas preferían contratar a personas más jóvenes. Comenzó a vender leña. Durante unos seis meses, Aguilar salía de su casa todas las mañanas cargando leña sobre los hombros. Todo el día, caminaba por las calles de Petaquillas, el pueblo donde vive, a 9 kilómetros de Chilpancingo, en busca de clientes.
“Si no salgo, ¿quién me va a alimentar?”, dice Aguilar.
Sus problemas son un ejemplo de los aprietos económicos de muchas personas mayores de 60 años, grupo etario que conforma alrededor del 12% de la población mexicana, quienes dicen que reciben pensiones raquíticas y tienen pocas oportunidades laborales y escasa infraestructura gubernamental que les apoye. Muchas trabajan en el sector informal, que se ha visto particularmente afectado por las medidas de prevención del coronavirus.
En México, cerca del 41% de las personas mayores de 65 años vive en la pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público descentralizado que mide la pobreza y evalúa los programas sociales del país.
Como la mayoría trabajaba en el sector informal antes de jubilarse, solo el 28% cuenta con una pensión para el retiro, según un estudio de Berenice Ramírez, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Jesús Miguel Martínez, de 64 años, quien trabaja como “viene viene” en una tienda y gana dinero por medio de propinas, dice que la pandemia ha cambiado los hábitos de consumo de la clientela, y ahora tiene menos ingresos.
Martínez ayuda a las y los clientes a encontrar estacionamiento y a llevarles las compras a sus autos. Pero debido a la pandemia, explica, menos personas van a la tienda. Las pocas que lo hacen, prefieren mantener la distancia de los “viene viene”.
Existe poco apoyo gubernamental para ayudar a que las personas adultas mayores satisfagan sus necesidades, señala Aguilar. “El Gobierno dijo que iban a darnos suministro de alimentos [durante la pandemia], pero no nos dieron nada”, dice.
Afuera de una estación de metro, las vendedoras crean comunidad
HAGA CLIC PARA LEERMara Vicencio, al momento de la entrevista directora general del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, organismo gubernamental semiautónomo, dice que aunque el Gobierno no ha dado un apoyo especial para que las personas adultas mayores sufran menos los estragos de la pandemia, sí ha seguido brindando los servicios de los que ya disponían.
Quienes son mayores de 68 años pueden solicitar la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, un programa oficial de bienestar a nivel nacional, explica Vicencio. Cada dos meses, quienes se inscribieron reciben 3,100 pesos (aproximadamente $152). Las personas mayores de 60 años también pueden solicitar una tarjeta emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que ofrece descuentos en diversos bienes y servicios.
En un comunicado de prensa en agosto, el instituto dijo que apoya a las personas adultas mayores al ofrecer asesoría legal, servicios médicos e inserción laboral para que encuentren trabajo en supermercados como cerillos (quienes empacan las compras) y ganen dinero por medio de propinas. Pero el programa ha pasado por muchas dificultades desde que comenzó la pandemia, entre ellas, una interrupción para detener la propagación del coronavirus, lo que dejó a muchas personas adultas mayores sin trabajo.
Aguilar, quien al igual que Martínez no cumple con los requisitos para la pensión del gobierno federal y no pudo solicitar la tarjeta del INAPAM debido a las restricciones para detener el contagio del coronavirus, se siente olvidado.
Francisco Alarcón Muñoz, un beneficiario de la pensión gubernamental, está de acuerdo. Dice que el apoyo que recibe apenas le alcanza para cubrir sus gastos. A los 77 años, él, como Martínez, debe seguir trabajando como viene viene en una tienda, el único empleo que pudo encontrar cuando comenzó la pandemia.
“Me vine a trabajar como viene viene porque ya no tenía qué comer”, dice el esbelto hombre canoso, quien se separó de su familia hace 40 años y vive solo. Gana entre 100 y 200 pesos al día (entre $5 y $10) y le preocupa no tener ahorros para cuando ya no pueda trabajar. Por ahora, está ahorrando lo poco que puede por si se enferma.
Las autoridades locales y federales no respondieron a las peticiones de comentarios acerca de si se ha ofrecido más apoyo a las personas adultas mayores que no cumplen con los requisitos para la pensión del gobierno federal, ni a las acusaciones de que el gobierno se comprometió a apoyarlas durante la pandemia.
Mientras tanto, Aguilar volvió a abrir su puesto de lustre de zapatos cuando el Gobierno quitó las restricciones en mayo, pero dice que tiene menos clientes y, por ende, gana menos. Antes de la pandemia, ganaba más de 250 pesos (alrededor de $12); ahora solo gana 150 pesos (unos $7) por jornada.
Se preocupa por las posibles restricciones futuras. Tendría que volver a vender leña.
Corrección: Una versión anterior de este artículo identificó erróneamente el título de Mara Vicencio. Fue directora general del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores al momento de la entrevista, pero abandonó el cargo antes de que este artículo se publicara. Global Press Journal lamenta el error.
Avigaí Silva es reportera de Global Press Journal, radicada en el estado mexicano de Guerrero.
Aline Suárez del Real es una reportera de Global Press Journal que se encuentra en Tecámac, Estado de México.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.