Editorial Team
Publication Date
July 19, 2020
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — María contrató a seis abogados para que defendieran a su hijo y tuvo que despedirlos a todos.
Ninguno estaba preparado para las audiencias, explica, y solo uno visitó a su hijo en la cárcel.
Otras veces, la conducta de los abogados locales es más flagrante.
Nava dice que pagó 94,000 pesos ($4,180) de honorarios a un abogado para un proceso en el que su hijo estaba implicado, incluidos 4,000 pesos ($178) para que, supuestamente, el abogado pudiera llevar al juez a cenar. Nava cuenta que el abogado fungía como intermediario ante los prestamistas cuando él no podía pagar.
Tanto Nava como María pidieron que no se usara su nombre completo; Nava temía represalias por parte del exabogado de su hijo, y a María le preocupaba que hablar del caso pudiera afectar el resultado.
Indignados por situaciones recurrentes como la de Nava y María, los abogados en México se están haciendo cargo del sistema en el que operan. México ocupa el cuarto lugar en impunidad a nivel mundial, según una investigación de la Universidad de las Américas de Puebla, realizada en 2018. Algunos de los abogados más respetados de México piden normas más firmes para exigir cuentas a sus colegas y combatir la corrupción sistémica que existe dentro de la profesión.
“En el tema de acceso a la justicia, las personas más marginadas en este país, que se ven en la necesidad de contratar un servicio de abogacía, vuelven a ser victimizadas, engañadas, robadas, porque como no hay controles es muy fácil robarles a estas personas y no darles un servicio”, explica José Mario de la Garza, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, que está compuesto por las tres organizaciones de abogados más reconocidas del país.
La mayoría de los clientes no están satisfechos con sus abogados, según una encuesta realizada en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con adultos que han sido arrestados y encarcelados. Los resultados fueron similares tanto para los abogados públicos como para los privados.
La mitad de los defensores privados y el 76% de los defensores públicos no impugnaron las pruebas en contra de sus clientes, mientras que el 35% de los abogados privados y el 71% de los abogados públicos no presentaron evidencias para demostrar la inocencia de sus clientes, según los datos de la encuesta.
La mayoría de los abogados de México reconocen que el sistema judicial del país necesita una reforma; pero no se ponen de acuerdo en cómo lograrla.
Aunque algunos creen que los requisitos de educación y una mayor capacitación resolverían el tema de la corrupción, muchos ven una solución más eficaz en la afiliación obligatoria a un colegio de abogados con un código de ética claro.
El gobierno no exige esta afiliación, dice Óscar Cruz Barney, quien se especializa en ética jurídica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es partidario de que eso cambie. Pero las modificaciones de los requisitos de capacitación y de afiliación enfrentan grandes obstáculos, dice, ya que las nuevas regulaciones obligarían a los abogados a trabajar más y a poner más énfasis en la ética. “Hay muchas resistencias a que se hagan cambios ahí porque se afectan intereses económicos, intereses institucionales, intereses profesionales”, dice.
Las propuestas para que la afiliación a una asociación fuera obligatoria para algunas profesiones, incluida la abogacía, fracasaron en 2010, 2011 y 2014. En 2014, los senadores también propusieron una certificación constante para la profesión. No fue aprobada.
Aunque no existe ningún registro de la cantidad de abogados que hay en México, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que hay más de 24,000 despachos de abogados en el país. Algunos profesionales, como de la Garza, desearían que los colegios de abogados pudieran sancionar a los abogados por sus faltas profesionales. Otros, como Rocío Olmedo, piensan que los abogados deberían enfocarse en su propia especialidad, en la que comprenden mejor el proceso legal. E incluso otros, como Luis Fernando Pérez Hurtado, director del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, quieren nivelar la calidad de las casi 2,000 escuelas jurídicas del país.
Algunos abogados se resisten a las regulaciones y tienen dificultad para llegar a una solución única porque les preocupa invalidarse ellos mismos, dice Julio Ríos Figueroa, estudioso del sistema judicial y director de estudios políticos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. La elevada cantidad de abogados y escuelas, dice, incrementa esta dificultad.
México cuenta con leyes a nivel local y nacional para exigir cuentas a los abogados. Estas prohíben las prácticas de falsificar información, abandonar la defensa de un cliente sin una causa justificada y no garantizar una defensa justa para el acusado.
Pero, con frecuencia, las víctimas deciden no seguir ese camino porque ya perdieron la confianza en el sistema judicial.
Por ese motivo, Verónica Zarza decidió no actuar en contra de los abogados a los que contrató para defender a su esposo. Dice que finalmente decidió dejar de pagarles a los abogados privados cuando uno de ellos le pidió 100,000 pesos ($4,446) por una opinión experta y un informe médico. Ella sabía que, por lo general, esos procedimientos cuestan entre 8,000 y 15,000 pesos ($356 y $667). “También te presionan para acorralarte, para que termines dándoles [el dinero]”, explica.
Es probable que la reforma al sistema legal llegue gota a gota, y no como un diluvio, dice de la Garza. Tal vez la solución inmediata radique en la responsabilidad personal. De la Garza, como presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, está impulsando la autorregulación. Lanzó una plataforma donde los abogados pueden firmar un acuerdo voluntario para adherirse a las normas éticas. Espera que los clientes trabajen únicamente con abogados que ya han firmado, o que exijan que sus abogados se incorporen.
Aída Carrazco tradujo esta historia del inglés.
