Editorial Team
Publication Date
February 5, 2024
Avigaí Silva, GPJ México
ARA, una mujer nahua que sufrió violencia sexual en 2021, tuvo que denunciar a su agresor en Chilpancingo de los Bravo, capital de Guerrero, debido a la falta de instituciones de justicia especializada en su municipio.
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MÉXICO — La primera vez que ARA, una joven nahua del municipio de Mártir de Cuilapan, sufrió violencia sexual fue en 2021. En octubre de 2022, se acercó por primera vez a las autoridades, luego de que su agresor las golpeara a ella y a su madre. Sin embargo, la inexistencia de unidades de atención especializada para mujeres que han vivido situaciones de violencia en su comunidad, le impidió denunciar y la orilló a iniciar un proceso burocrático y costoso para acceder a la justicia a 64 kilómetros (40 millas) de su comunidad, en Chilpancingo de los Bravo, la capital del estado de Guerrero.
Su caso no es aislado. En Guerrero, las mujeres indígenas que viven en zonas rurales no reciben ayuda inmediata de las autoridades cuando se ven envueltas en situaciones relacionadas con violencia de género, debido a la falta de unidades de atención especializadas. Eso las obliga a salir de sus localidades para denunciar en alguno de los ocho, de 85, municipios del estado que sí las tienen. Hacerlo supone gastos de traslado y el pago de servicios diversos, que pone presión sobre su economía y, en algunos casos, la de sus familias.
Según datos gubernamentales de 2021, los municipios guerrerenses con centros de atención especializada en delitos sexuales y violencia familiar eran Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo de Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
“No es nada fácil, porque con todo lo que uno gasta, se limita. En el transporte es donde se gasta más”, dice ARA, identificada por sus iniciales para proteger su seguridad.
En Guerrero, el 68.8% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia — psicológica, física, sexual, económica o patrimonial — a lo largo de su vida, según muestra la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ante esta situación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, una agencia gubernamental encargada de diseñar políticas para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra, ha emitido alertas de violencia de género en nueve municipios del estado: Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, Zihuatanejo de Azueta, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez.
La alerta de violencia de género es “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”, establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Pero esto no ha detenido los delitos contra las mujeres.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una organización en el estado de Guerrero que atiende situaciones de pobreza, migración, conflictos agrarios, militarización y violencia contra las mujeres de las comunidades de las regiones de Montaña y Costa Chica de Guerrero, registra 635 casos de mujeres indígenas que, entre enero y septiembre de 2023, experimentaron algún tipo de violencia, principalmente familiar, económica, psicológica e institucional. Además, contabiliza nueve órdenes de aprehensión por feminicidios cometidos entre 2015 y 2022 que no se han cumplimentado en la región Montaña.
“No hay ministerios públicos, peritos ni policías, y dejan vulnerables algunas zonas [de la región Montaña] y no se les da atención debida. Hay muchas carpetas de investigación que están archivadas”, dice Neil Arias Vitinio, abogada del centro.
Martín Jacinto Meza, ex comisario de Atzacoaloya, en Chilapa de Álvarez, reconoce que los mecanismos judiciales municipales se han vuelto “obsoletos” para atender denuncias relacionadas con delitos motivo de género, como los feminicidios. Chilapa, al igual que Mártir de Cuilapan, carece de agencias especializadas en la materia; por ello, Jacinto dice que suele referir a las denunciantes a la Casa de la Mujer Indígena de Chilapa, un espacio enfocado en la atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos de las mujeres, o a Chilpancingo.
Ni la Fiscalía General del Estado de Guerrero, institución de la que dependen las unidades de investigación especializada en delitos sexuales y violencia familiar, ni las autoridades de Mártir de Cuilapan respondieron las solicitudes de entrevista.
Denunciar lejos de casa, un golpe para el bolsillo
Realizar una denuncia en otra ciudad implica gastos que, en muchas ocasiones, presionan la economía de las denunciantes y sus familias. Estos van desde el traslado a las instancias de gobierno, comidas, pasajes y hospedajes hasta trámites y fotocopias, que pueden sumar cientos o miles de pesos cada mes. En contraste, el salario promedio mensual en Guerrero es de 4,060 pesos (alrededor de 235 dólares estadounidenses).
“La pobreza impide el acceso de la justicia porque no hay espacios de atención a sus necesidades en sus localidades”, considera Marina Reyna Aguilar, directora ejecutiva de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, una organización de la sociedad civil especializada en el tema.
ARA tardó un año en concluir su proceso legal. En ese tiempo recuerda haber acudido unas 15 veces a Chilpancingo de los Bravo y calcula unos 70,000 pesos (alrededor de 4,063 dólares) en gastos de traslado para ella y su madre, quien siempre la acompañó, asesoría legal y el transporte de otros seres queridos que la apoyaron en el proceso. Este monto lo solventó gracias a la ayuda de sus familiares, a sus ahorros y la venta de animales de traspatio.
“Yo creo que sin el apoyo de mis familiares no hubiera llegado ni a la mitad del proceso porque son muchos gastos”, dice ARA. “Ellos me dieron mucha fortaleza porque me apoyaron en todo momento. Gracias a ellos también estoy en paz y me siento más tranquila”.
Muchas mujeres denunciantes no tienen la misma suerte y pasan por el proceso judicial solas.
EGG, quien también es identificada por sus iniciales, es originaria del municipio de Metlatónoc, situado en la región Montaña. Tiene 38 años, es madre soltera y su primera lengua es el me’phaa, un idioma que se habla en el centro y sur del estado. En 2020 decidió denunciar a su pareja por violencia sexual contra sus hijas, pero sus familiares no la apoyaron.
Sin una orientación clara, EGG acudió primero a la ciudad de Tixtla de Guerrero, a unos 23.2 kilómetros (14 millas) de Mártir de Cuilapan, donde residía. Ahí, las autoridades le dijeron que tenía que acudir a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, en Chilpancingo de los Bravo, a 19 kilómetros (12 millas).
Tras iniciar su proceso legal, EGG regresó a Metlatónoc, a unos 262 kilómetros (163 millas) de Chilpancingo de los Bravo. Desde entonces, tuvo que viajar continuamente para seguir el trámite, pues asegura que no se le informó que podía hacerlo desde ciudades más cercanas, como Tlapa de Comonfort.
“Las instituciones no tienen tacto para tratar a las personas, les falta sensibilidad”, dice EGG.
Para ella, cada viaje representaba un costo de al menos 2,000 pesos (aproximadamente 116 dólares), que solventó vendiendo cubrebocas y doradas, tortillas de maíz fritas en aceite, en las calles de su comunidad. Calcula que gastó alrededor de 15,000 pesos (unos 871 dólares), lo que le resultó insuficiente para concluir su proceso. Hasta el momento, solo se ha resuelto una de las dos carpetas de investigación contra el agresor de sus hijas.
“Una se enfrenta con muchas dificultades, y es por eso que muchas mujeres prefieren callar las cosas porque saben que no recibirán apoyo”, considera.
Arias, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que uno de los problemas que enfrentan es que el personal de las instituciones encargadas de atender los delitos de violencia contra las mujeres, incluidos los policías y ministerios públicos, no están capacitados con perspectiva de género y no aplican los protocolos para los casos.
No obstante, EGG confía en que “si una le echa ganas y lucha, encontrará justicia”. Tanto ella como ARA creen que, pese a las dificultades institucionales, tomaron la mejor decisión al denunciar la violencia que sufrieron.
“A las mujeres que hayan pasado por lo que yo pasé, les diría que sigan adelante, que a pesar de las dificultades que nosotras las indígenas tenemos, vale la pena [denunciar]”, comenta ARA. “Todo tiene una recompensa al esfuerzo que una hace”.
Avigaí Silva es reportera de Global Press Journal, radicada en el estado mexicano de Guerrero.
