Gabriela Reyes Sánchez, GPJ Mexico
Julio Sánchez Pasillas sostiene un cartel con la esperanza de encontrar información sobre su hija Thania Sánchez Aranda, quien desapareció en enero de 2012 en Coahuila, un estado en el norte de México.
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — Georgina Aranda Contreras, de 55 años, y Julio Sánchez Pasillas, de 62, siguen buscando a su hija, Thania Sánchez Aranda. Ella desapareció el 21 de enero de 2012 junto a su novio mientras volvían a casa después de una fiesta de noche en Coahuila, un estado en el norte de México.
Aunque no quieren reconocerlo, es posible que Thania no esté viva. Aún con esperanzas pasan cada fin de semana buscando pistas de su hija en fosas clandestinas junto a miembros del Grupo Víctimas por sus Desparecidos en Acción (VIDA), un grupo de apoyo para familiares de los desaparecidos. El Grupo VIDA es parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, una organización que reúne a más de 70 colectivos de familiares de desaparecidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno reportó 32.236 personas desaparecidas hasta diciembre de 2016, pero también dijo que no sabía cuántas de esas personas han sido localizadas. A pesar de reconocer esta cifra, el gobierno ha intentado minimizar el problema, según dice Amaya Ordorika Imaz, una investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Pero, debido a la presión internacional, dice, las autoridades han comenzado a reconocerlo.
Familias como la de Thania en Coahuila están buscando por su cuenta porque no están satisfechas con las investigaciones de las autoridades, ni con sus respuestas a las denuncias de familiares desaparecidos. En abril lograron que una de las cámaras del Congreso mexicano aprobara un proyecto de ley que sancionaría a aquellos que fueran declarados culpables de secuestros y desapariciones forzadas. Esta medida será discutida en la Cámara de Diputados, que se reunirá de nuevo en septiembre.
Las familias quieren asegurarse de que las autoridades estén obligadas a buscar a alguien que sea reportado como desaparecido inmediatamente después de recibir el reporte. Actualmente, las autoridades comienzan la búsqueda solo después de 72 horas. Esto debe ser corregido, dicen las familias, pues esas primeras horas suelen ser cruciales para descubrir qué ha pasado, dice Grace Mahogany Fernández Morán, una representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, una red para los familiares de los desaparecidos.
Fosas clandestinas
Las familias se unieron en 2015 después de que cientos de fosas clandestinas fueran descubiertas y porque buena parte de ellos cree que los perpetradores seguirán en libertad. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre enero de 2007 y septiembre de 2016 se encontraron 855 fosas clandestinas, en las que había 1548 cadáveres enterrados.
La CDNH encontró inconsistencias y deficiencias en las investigaciones de las autoridades mexicanas y le recomendó al gobierno crear un registro integral para poder realmente evaluar la magnitud del problema de las desapariciones.
Al principio, los padres de Thania confiaron en la investigación de las autoridades, pero encontraron deficiencias en la investigación.
“Las autoridades tardaron un año después de la denuncia para dejarnos ver el expediente y tener una copia”, dice la madre de Thania.
“En las oficinas solo haces corajes y pierdes el tiempo muy valioso”, dice su padre.
El tiempo perdido y la desconfianza hacia las autoridades son dos de las razones por las que las familias no siempre reportan crímenes como las desapariciones, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016.
Autoridades sospechosas
Las familias sospechan que las autoridades a veces son las responsables, o por lo menos son cómplices en las desapariciones, o que temen investigar a fondo los casos, dice la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
“No sé cómo pudimos permitir que una situación tan grave haya crecido en la magnitud que hoy estamos enfrentando”, dice.
Fernández dice que también es un delito que las autoridades omitan sus responsabilidades y no investiguen a fondo.
“¿No saben buscar o no los quieren buscar?”, pregunta.
La senadora de la Peña dice que la falta de respuesta de las autoridades ha forzado a las familias a comenzar sus propias investigaciones, incluso si esto pone sus propias vidas en riesgo.
En marzo de 2015, las familias se reunieron para abogar por leyes que forzaran al gobierno a investigar a fondo las desapariciones y a procesar a los responsables. Esta movilización de familias de los desaparecidos les ha permitido construir redes nacionales con un reclamo en común, así que no están solas en su búsqueda de la justicia.
“Tenemos que dar un seguimiento al trabajo de las autoridades para asegurarnos y dar tranquilidad a las familias de que se está haciendo algo”, dice Fernández. “Y si no tenemos forma de sancionar a las autoridades que no lo hacen, difícilmente va a funcionar la ley”.
Acción legislativa
Siguiendo un decreto de 2015 que obligaba al Congreso aprobar una legislación para enfrentar el problema, la Cámara de Senadores, la cámara alta del Congreso, aprobó un proyecto de ley el 27 de abril pasado que sancionaría tanto a civiles como a funcionarios públicos que estén involucrados en secuestros y desapariciones forzadas y que definiría las desapariciones como un delito continuo, sin plazo de prescripción. Si la ley es aprobada en la cámara baja cuando se reúnan en septiembre, la condena para algunos casos puede llegar a ser hasta de 60 años en prisión.
El proyecto de ley también crearía una Comisión Nacional de Búsqueda y un Consejo Ciudadano que serían responsables de establecer las políticas y los procedimientos entre las autoridades y los ciudadanos para buscar e identificar a las personas desaparecidas. También se crearía un registro nacional de personas desaparecidas.
Fernández aplaudió la aprobación de la cámara alta y dijo que era un paso importante para establecer una ley que identifique y sancione a los responsables de las desapariciones, a pesar de que algunas de las peticiones de las familias no fueron incluidas. Por ejemplo, Fernández dice que están en desacuerdo con que se sigan utilizando términos como “no localizado” en vez de “desaparecido”.
Fernández dice que cree que el proyecto de ley obligaría a las autoridades a comenzar las búsquedas inmediatamente cuando las ausencias sean reportadas. Esta es una de las peticiones principales de las familias de los desaparecidos. Pero todavía se podrán ultimar detalles cuando el proyecto de ley pase a la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso mexicano.
Según Fernández, las familias de los desaparecidos seguirán impulsando la nueva legislación porque temen que, sin sus voces, el proyecto de ley rebotará entre representantes y senadores y no se convertirá en ley.
“Las familias hemos sido muy pacientes, pero no esperaremos un periodo legislativo más”, dice Fernández. Apunta que el paso más importante tras la aprobación de la ley es la “responsabilidad del gobierno [de] garantizar que la ley funcione”.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
