Ciudadanía trans lucha por 'el derecho a ser'

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MÉXICO — Hace un año, cuando Santiago Santiago Rodríguez comenzó su transición hormonal, descubrió que en Chiapas, estado donde reside, no podría cambiar su nombre ni su sexo en sus documentos, ya que en el estado no existe ley para regular dicho proceso administrativo.

Entonces, decidió cambiarse el nombre en la Ciudad de México, uno de los 19 estados del país que poseen una ley de identidad de género, un tipo de legislación que garantiza el derecho de una persona a modificar su acta de nacimiento por medio de una sencilla solicitud administrativa. Menos de la mitad de los 32 estados del país cuentan con dichas leyes.

La población trans de los estados donde no existe esta legislación tiene pocas opciones para actualizar sus documentos de identidad. Viajar fuera del estado, por lo regular a la Ciudad de México, es la menos engorrosa. La otra es obtener una orden de un tribunal, que podría tardar meses y a menudo requiere pruebas de modificación corporal o terapia hormonal, algo que no todas las personas trans optan por hacer.

“Fueron como cuatro viajes a Ciudad de México, cada viaje eran como 1,200 pesos”, dice Santiago Rodríguez, de 50 años, plomero, pintor y limpiador de tapicería. “El costo de los viajes, los viáticos, mis días de no trabajar, me gastaría como 10 000 pesos”. San Cristóbal de Las Casas está a unos 900 kilómetros de la Ciudad de México. En total, Santiago Rodríguez dice que probablemente perdió un mes entero de trabajo.

Si bien en los últimos años ha progresado la legislación para garantizar los derechos civiles a la ciudadanía trans en México, varios estados están rezagados. En Chiapas, el estado más pobre del país, los derechos trans casi nunca se consideran una prioridad.

Marissa Revilla, GPJ México

Maricarmen de la Encarnación Pereyra Vázquez (primera de izquierda a derecha) participa en el Parlamento Abierto de las Mujeres y las Niñas del Congreso del Estado de Chiapas. Pereyra Vázquez, abogada y activista por los derechos LGBT, fue la única mujer transgénero invitada a participar.

Santiago Rodríguez, quien a principios de los años 2000 vivió un año sin papeles en Estados Unidos, no pasó por alto la ironía de ser indocumentado en su propio país. “No podía abrir una cuenta de banco. No pude sacar licencia de conducir ni hacer muchas cosas”, dice. “Es como que vives pero no vives en la misma circunstancia que las demás personas”.

Maricarmen de la Encarnación Pereyra Vázquez, una abogada transgénero que trabaja en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y asesora a migrantes LGBT, dice que no tener documentos no es exclusivo de quienes cruzan una frontera internacional. “Tengo testimonios de amigas que no han modificado su INE [credencial para votar] porque cuando fueron las obligaron a desmaquillarse y amarrarse el cabello”, señala. En México, la credencial para votar es la forma más común de identificación; sin ella, una persona encontrará dificultades para tener acceso a una gran cantidad de servicios públicos y privados.

Karen Orduña, residente de 48 años de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, dice que se enfrentó a muchas adversidades antes de poder actualizar su identidad: desde ser detenida en el tráfico hasta retenes de la policía o en el banco. Cada vez que alguien no la podía reconocer en la fotografía de su identificación, una tarea sencilla se volvía un obstáculo insalvable. “Hasta que corregí mis documentos pude hacerme una mastografía a la que no tenía acceso”, dice. “Es una lucha constante por el derecho a ser, a vivir, en lo legal y frente a grupos antiderechos”.

Los esfuerzos por avanzar una legislación se han detenido en medio de resistencia por parte de grupos conservadores. En 2020, legisladores del Partido Encuentro Social, un partido conservador, presentaron una propuesta de ley que requeriría a las escuelas secundarias solicitar permiso a padres y madres para impartir educación sexual. Este tipo de legislación, en ocasiones llamada por sus defensores ley de “PIN parental”, ha cobrado impulso en España y América Latina en los últimos años.

En marzo de este año, el Congreso del Estado de Chiapas llevó a cabo un parlamento abierto dedicado a los derechos de las mujeres, en el que podía participar cualquier mujer o niña mayor de 10 años. El parlamento enfrentó una respuesta negativa de parte de grupos conservadores por admitir mujeres trans, lesbianas y feministas, pues aseguraban que no representaban a las mujeres del estado.

Mientras tanto, un proyecto de ley de identidad de género presentado en 2019 al Congreso del estado ha estado “en la congeladora” desde entonces. Y a pesar de que en 2016 el matrimonio igualitario se volvió legal en el estado tras un fallo de la Suprema Corte, aún no se ha modificado el código civil. Asimismo, el código penal de Chiapas no contempla agravantes de homicidios y ataques motivados por la homofobia. Tan solo 12 códigos estatales en México los incluyen.

En septiembre de 2021, en respuesta a las denuncias presentadas por cuatro personas trans a quienes se les negó el cambio de nombre en su acta de nacimiento por medio del Registro Civil, la oficina gubernamental encargada de los registros de nacimientos, defunciones y matrimonios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió varias recomendaciones al estado de Chiapas. Entre estas se encontraba una fecha límite de tres meses para que el gobierno estatal instituyera un mecanismo que garantizara el derecho a la identidad de género. Sin embargo, no se han tomado medidas. La comisión no respondió a las solicitudes de comentarios.

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María Mandiola Totoricaguena, secretaria de igualdad de género de Chiapas, dice que la secretaría está trabajando en un decreto que exigiría al Registro Civil modificar actas de nacimiento en tanto que la legislatura no aprobara una ley de identidad de género. Mandiola Totoricaguena agregó que hace unos años la secretaría se reunió con legisladoras de Chiapas, quienes “no estaban muy enteradas del tema”.

El Partido Encuentro Social no respondió a la solicitud de comentarios. A través de su oficina de prensa, la diputada Leticia Albores, del Partido Acción Nacional, otro partido conservador, dijo que solo hablarán con los medios cuando la ley de identidad de género entre a la agenda del congreso del estado.

Las personas activistas esperan que ese día llegue pronto. Poder usar una identificación oficial que promueva la afirmación de género sería el primer paso para abrir “un mundo de derechos”, dice Pereyra Vázquez. “No ser reconocidas por el estado va más allá del cambio de nombre”, agrega, “sino al reconocimiento de ser quienes somos, de nuestra ciudadanía, el reconocimiento al derecho de ser quienes queremos ser”.