México enfrenta reformas en prisiones, consideradas problemáticas por reclusos y expertos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO ─ Isaac García dice que cuando llegó al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, una prisión en la Ciudad de México, fue vejado por custodios y presos. Fue golpeado por sus 29 compañeros de celda, uno por uno, a modo de “bienvenida”, según cuenta este hombre de 26 años.

“Como llegas de nuevo, te golpean y si no les das (dinero), te siguen golpeando”, dice. “Te ponen a hacer fajina (labores de limpieza), te piden dinero y si no les das, te golpean”.

Durante el año que estuvo en esa prisión, García –quien pidió ser identificado sólo con parte de su nombre por temor a sufrir represalias y ser estigmatizado- tuvo que trabajar para sus compañeros de celda, comprar para ellos productos de limpieza cada semana y dormir en el piso, porque en la celda compartida por 30 hombres sólo había seis planchas de metal para usar como camas. También cuenta que estando ahí enfermó de gastritis y hemorroides.

En abril de 2014, García y 14 de los compañeros con los que vivía en la calle, en la zona central de la Ciudad de México, habían sido detenidos y acusados de robo. Cuatro del grupo, incluyendo a dos menores de edad, fueron liberados ese mismo día y otros cinco quedaron en libertad un mes después.

Pero García y los otros cinco restantes fueron sentenciados a cuatro años y nueve meses de prisión, según explica Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, una organización civil que ayuda a gente sin techo y que lo acompañó durante el proceso legal.

García es homosexual, por lo cual fue enviado a una celda donde sólo había hombres homosexuales, según dice. Tenían algunos privilegios, como ser atendidos en la enfermería antes que el resto de los presos.

Además, ni él ni otros internos homosexuales tenían que dar dinero a los custodios cuando pasaban lista. García cuenta que aunque es ilegal, los custodios obligaban a estos otros presos a pagarles entre 5 y 10 pesos mexicanos (entre 28 y 55 centavos de dólar). Pero igualmente, García tenía que comprarles cosas o pagarles a otros reclusos que controlaban las celdas. Como no tenía familiares que le enviaran dinero, trabajaba lavando y cosiendo ropa de otros presos, haciendo mandados o barriendo las celdas, según relata.

Dice que usaba el dinero para comprar las cosas que otros reclusos le exigían y para pagarles a los presos que controlaban las celdas.

“En el tiempo que estuve ahí adentro, siempre vi que los de beige mandaban a los de negro”, afirma, en referencia a los presos que tenían influencia sobre los custodios.

Dice que los presos hacían a veces motines contra los custodios y que estos últimos no podían hacer nada para detenerlos.

Las condiciones por las que pasó García no constituyen un caso aislado. Estos problemas son tan comunes a nivel nacional, que el sistema penitenciario en su conjunto está siendo reformado como parte de un proceso de transformación del sistema judicial mexicano.

Una vez que se hayan implementado por completo, los cambios repercutirán positivamente en las condiciones de vida de los presos y garantizarán en última instancia el respeto de los derechos humanos, según señalan partidarios de la reforma.

Estos planes de cambio se remontan al año 2008, con la reforma constitucional que incluyó dos lineamientos fundamentales: que el objetivo de la prisión es la reinserción social de los presos, comenzando por garantizar derechos tales como el acceso al trabajo, la salud y los deportes, y que el control de las medidas privativas de libertad quedaría en manos del poder judicial.

La reforma requería que los estados, la Ciudad de México y el gobierno federal crearan sus propias leyes para asegurar que las prisiones cumplieran con estos cambios fundamentales.

Pero las prisiones estatales quedaron libres de implementar las reformas sin una legislación estandarizada, según organizaciones locales. Hasta ahora, se han venido implementando en forma distinta en cada estado.

En algunos casos, estos cambios han sido limitados porque no se ha capacitado a la gente para llevarlos a cabo, según estas organizaciones. Y en otros casos, esos cambios han sido hechos pero no resultaron efectivos en la práctica, porque no fueron dados a conocer ampliamente. Por ejemplo, algunos presos no sabían que existía un juez encargado de atender sus demandas y revisar sus sentencias.

El 17 de junio, entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual incorpora mecanismos diseñados para garantizar el cumplimiento de la reforma de 2008. La ley aplica a todas las prisiones del país.

Esta ley no sólo reconoce los derechos de los presos, sino también constituye la base para establecer los procedimientos y organismos responsables de su aplicación, según explica Miguel Sarre Iguíniz, quien participó en su redacción. Sarre Iguíniz es un académico especialista en el sistema de ejecución penal.

La ley entró en vigor un día antes del plazo límite previsto para todo el país, según lo estipulado por la reforma de 2008.

Pero Sarre Iguíniz considera que la implementación a nivel nacional llevará varios años.

“La parte de la reforma al sistema de las prisiones va con retraso respecto de la reforma del sistema procesal penal”, dice. “Eso implica que las condiciones de seguridad en las prisiones y de bienestar en las prisiones van a tardar más tiempo en lograrse”.

Pero incluso meses antes de la fecha límite para su implementación, las personas que están trabajando en el tema sabían que no se cumpliría ese plazo.

Mientras tanto, los problemas carcelarios en México están extendidos. En el país, hay 389 centros penitenciarios que albergan a unas 247.000 personas, según los datos más recientes publicados por la Comisión Nacional de Seguridad, a cargo de la política criminal y de seguridad en el país.

Muchos estados tienen grandes deficiencias en lo que respecta a la regulación de normas dentro de las prisiones, según un análisis conjunto publicado a fines de 2014 por la organización civil Documenta y Proyecto Justicia, una iniciativa dirigida por el  Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), un think tank destinada a monitorear y evaluar la implementación del sistema judicial.

Una de las mayores deficiencias es que los jueces de ejecución no pueden examinar las condiciones de vida de los presos, según el estudio.

María Sirvent Bravo Ahuja, coordinadora institucional de la organización Documenta, la cual se dedica al litigio estratégico relacionado con el sistema penal y el sistema penitenciario, dice que hay una falta de capacitación de defensores de oficio, jueces y agentes del Ministerio Público, la oficina del fiscal general.

“Hoy no están capacitados y yo creo que llevando buenos casos es la forma en que se puede empezar a lograr que los jueces de ejecución hagan sentencias que beneficien al sistema penitenciario”, dice.

En la prisión donde estuvo recluido García, los presos ejercen el control y la práctica de sobornos y extorsión, según el más reciente diagnóstico de supervisión penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la máxima instancia encargada de proteger los derechos humanos en el país.

Según ese diagnóstico, publicado en marzo de 2016, también existen problemas de sobrepoblación, alimentación, higiene de las instalaciones, así como una falta de atención a violaciones de derechos humanos de los presos.

Decenas de otras prisiones en el país también tienen problemas de sobrepoblación, deficiencias de seguridad que dan pie a que los presos ejerzan la autoridad y falta de acciones para prevenir o atender riñas, fugas, suicidios o lesiones, según el diagnóstico. Los problemas de higiene y de atención a violaciones a los derechos humanos de los internos también ocurren en otras cárceles, según el documento.

Los expertos esperan que las reformas, especialmente el mecanismo judicial específico para atender las quejas internas sobre las prisiones, lleven a la disminución de estos problemas.

La resolución de disputas en las prisiones, incluyendo las quejas sobre las condiciones de vida, debe ser tratada de forma tal que se replique lo que ocurre en el mundo exterior, según señala Sarre Iguíniz.

“Esto implica que llevamos la prisión, la colocamos como si fuese el mundo en libertad para efectos del derecho”, dice. “Aquí afuera si tienes un problema y no lo resuelves, vas con un juez y el juez hace justicia. Pues en prisión tiene que ser lo mismo: tengo un problema y la autoridad no lo resuelve, pues yo voy ante el juez”.

Este sistema podría tener un impacto amplio en los prisioneros más vulnerables.

El marido de R.B y su único hijo están en prisión. El esposo, L.E., fue sentenciado a 28 años de cárcel por violación. El hijo, D., de 29 años, cumple una condena de ocho años por robo de automóvil.

R.B., quien pidió que se publicaran sólo sus iniciales y la de sus familiares, se ha enfocado en tratar de liberar a su hijo de 29 años, quien ha pasado los últimos seis años y medio en prisión, según relata. Hace más de una década, el joven comenzó a tener dificultades para hablar y actualmente casi no se le entiende lo que dice. Sus músculos tiemblan todo el tiempo, según añade R.B. Nunca se le diagnosticó algún tipo de condición especial, pero fue recluido junto con personas con discapacidades.

D. es agredido por otros presos y custodios, según señala R.B. Ella se entera de lo que pasa a través de otros internos, pues dice que D. no suele contarle.

El año pasado, una de las hermanas de R.B. fue a visitar a D. y se enteró por medio de otros internos que un custodio le había dado una cachetada. La mujer presentó una queja ante las autoridades de la prisión, según cuenta R.B..

R.B. dice que ni ella ni su hermana sabían que podían llevar el caso ante un juez de ejecución.

García, quien salió con un beneficio de pre liberación en abril del año pasado, afirma que cuando estuvo en prisión desconocía la existencia de jueces de ejecución.

Pese a los abusos que vivió en prisión, asegura que nunca hubiera presentado una queja, por temor a represalias de parte de presos y autoridades penitenciarias.

“Porque no me hubiera querido meter en problemas allá adentro, porque como todo se conecta, todos están conectados. Los custodios están conectados con los de beige, entonces todo se dicen, entonces luego mandan a los demás, a otras personas, a hacerles algo”, dice, refiriéndose a los prisioneros que están vestidos de beige.

Es previsible que los internos y sus familiares sean escépticos con la nueva ley, dice Sarre Iguíniz.

“Dependerá de que se vayan logrando resultados visibles para que vayan teniendo fe en que puede establecerse un estado de mayor legalidad en la prisión”, dice.

R.B. duda sobre el impacto de la ley. Dice que no confía en las autoridades, especialmente en las del sistema judicial.

“Sería excelente porque ellos tienen derecho a muchas cosas y (las autoridades) se las niegan”, dice. “Por ejemplo el médico, el servicio médico es pésimo. Agua potable no hay. Carecen de muchas cosas, cosas a las que ellos deberían tener derecho para vivir de una manera decorosa, algo que no sea tan feo”.

 

Ivonne Jeannot Laens, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.