Años después de un fallo judicial, sigue corriendo arsénico por las cañerías de una localidad argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA — Beatriz Cruz acomoda dos bidones de agua en su bicicleta. Uno va en el canasto, el otro cuelga del manubrio. A sus 62 años, nunca imaginó que ir a buscar agua se volvería parte de su rutina matutina. Algunas mañanas, se ocupa su hijo. Hoy le toca a ella. Pedaleará unos 800 metros (media milla) hasta la canilla de agua pública más cercana, con la esperanza de que allí el agua sea más segura que la que sale por su grifo.

Su temor es por el arsénico —un metal pesado tóxico e incoloro— que durante años fluyó por sus cañerías sin que ella lo supiera. “No sabíamos que el agua era tan mala, tan terrible”, dice Cruz.

Ya a principios de los 2000, los vecinos de Nueve de Julio venían alertando sobre la presencia de arsénico en el agua. En 2014, la Corte Suprema de Justicia de Argentina dictaminó que el Gobierno debía proveer a Nueve de Julio de agua potable segura, con niveles de arsénico que cumplieran con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Dos años después, el gobierno provincial y la empresa pública Aguas Bonaerenses S.A. construyeron una planta de tratamiento en Nueve de Julio y, en cumplimiento de un acuerdo previo, la conectaron a Ciudad Nueva, donde vive Cruz.

Los vecinos esperaban que la planta funcionara. Confiaban en el Gobierno y usaban el agua. Cruz cocinaba con ella, se bañaba y la bebía.

Otra promesa incumplida

En diciembre pasado, análisis realizados por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que estaba mapeando el arsénico en el país, revelaron hallazgos asombrosos. El problema no se había solucionado. Algunos vecinos estaban consumiendo agua con niveles peligrosamente altos de arsénico, hasta 36 veces por encima del límite establecido por la Organización Mundial de la Salud.

“No pensamos que iba a dar los valores que dio”, dice Adriana Contarini, vicepresidenta de ConCiencia Agroecológica, una organización sin fines de lucro que envió muestras de agua al Instituto Tecnológico de Buenos Aires para su análisis. “Es que es como tener una mina a cielo abierto en el medio del pueblo”.

Julia Crespo, quien supervisó la construcción de la planta de tratamiento en 2016 y hoy es concejala, afirma que, si bien la planta se terminó y se conectó a Ciudad Nueva, no produce suficiente agua para abastecer a toda la población.

Para cubrir el faltante, explica, en Ciudad Nueva el municipio mezclaba agua tratada con agua de pozo. Pero el agua subterránea contiene demasiado arsénico y la cantidad entregada por la planta no alcanza para diluirlo hasta niveles potables.

En marzo, un tribunal volvió a ordenar al Gobierno que resolviera el problema. Exigió al municipio —entre otras medidas— entregar agua segura a grupos vulnerables como los adultos mayores, establecer centros de distribución de agua en el barrio, lanzar una campaña pública para desalentar el consumo de agua con arsénico y ofrecer análisis y tratamiento médico gratuitos.

Francisco Ibañez, responsable de prensa y comunicación del municipio, asegura que han cumplido con las órdenes judiciales, incluyendo campañas de concientización y suministro de agua de emergencia. También distribuyeron agua a hogares vulnerables.

Ibañez dice que están en marcha planes para construir una nueva planta de tratamiento de agua, pero no está claro cuándo comenzarán las obras.

Para los vecinos, el daño ya está hecho. Las promesas no se cumplieron. Las medidas ordenadas por la justicia son temporales, dice Cruz. El Gobierno, afirma, aún no demuestra un compromiso real con cumplir el acuerdo de proveer agua limpia y segura a los hogares de Ciudad Nueva.

Cruz y otros vecinos desconfían del suministro de emergencia. Ahora son cautelosos. Cruz gasta unos 28.000 pesos (25 dólares estadounidenses) por mes en agua para beber y cocinar, además de pagar las facturas del agua municipal contaminada.

Es un costo extra que muchos en Ciudad Nueva no pueden afrontar.

Una amenaza silenciosa y tóxica

El arsénico —un metal que se encuentra de forma natural en la tierra— contamina el agua en muchas partes del mundo. Los países más afectados están principalmente en el sur de Asia y Sudamérica. No es algo nuevo en Argentina, ni exclusivo de Nueve de Julio. Al menos 4 millones de personas viven en zonas del país donde la concentración de arsénico en el agua supera los límites permitidos.

Jorge Daniel Stripeikis, profesor del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, quien lidera el mapeo de arsénico, vincula la presencia de este metal en el agua de Nueve de Julio al origen volcánico de la Cordillera de los Andes, ubicada al oeste del país. Su erupción, hace millones de años, liberó arsénico que con el correr del tiempo se depositó en el acuífero Puelche, la fuente de agua de Nueve de Julio.

Las actividades humanas también pueden influir. Un informe toxicológico de 2017 señaló que algunos herbicidas comunes en Argentina contienen arsénico y podrían ser una fuente de contaminación del agua, aunque Stripeikis afirma que se necesitan más estudios para determinar cuánto de ese arsénico llega efectivamente al acuífero.

El consumo prolongado de agua contaminada con arsénico está vinculado a lesiones en la piel y otros problemas de salud, incluyendo cáncer e hipertensión.

En 2017, la hija de Cruz presentó hinchazón y llagas en los pies. Los médicos le diagnosticaron hidroarsenicismo, una enfermedad causada por exposición prolongada a altos niveles de arsénico. Le recomendaron dejar de usar el agua contaminada. Cruz vendió una camioneta para comprar un filtro de agua. En los siguientes seis meses, los niveles de arsénico de su hija bajaron y las lesiones sanaron.

Pero el filtro solo sirve por tres años. No pudo costear otro.

Aunque no ha consultado a un médico, María Patti, de 65 años, cree que la picazón en los brazos que padece desde hace una década y sus problemas intestinales se deben al arsénico. “Tomo esta agua desde siempre. Yo creo que tengo problemas por esa causa”, dice.

Patti es jubilada y vive sola en Ciudad Nueva. Ella es una de las personas a las que el municipio debía entregar bidones de agua en su casa, según lo ordenado en el fallo judicial de marzo. Pero aún no ha recibido nada.

No puede comprar otra agua ni cargarla desde las canillas públicas, donde el Gobierno provee agua potable mientras trabaja en una solución más permanente.

“No tengo con qué. ¿Cómo hago para llevarlos [los bidones]? Vacío está bueno, ¿pero después?”, dice mientras se pasa los dedos por una lesión en la piel, tratando de no rascarse.