Mientras las cloacas inundan los hogares, el gobierno argentino mira para otro lado

VILLA FIORITO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA — Cuando Paola Valenzuela despierta con un olor nauseabundo y escucha a sus hijas vomitando, sabe que las cloacas se taparon y sus aguas volvieron a subir por el inodoro.

Esto sucede aproximadamente cada dos semanas, a veces con más frecuencia, cada vez que un camión trabaja en la cámara séptica conectada a su vivienda. Cuando eso pasa, Valenzuela friega el baño con lavandina y prende sahumerios para combatir el olor. Abre las ventanas de par en par, pero afuera también hay desechos cloacales que corren por las calles y veredas, sobre las que juegan niños descalzos. Muchos de ellos reservan su único par de zapatillas para ir a la escuela.

Valenzuela tiene cinco hijas. Vive en el barrio hace 30 años. Pero este verano, cuenta, estuvo lleno de visitas al médico por culpa de las aguas servidas. Su hija más chica tiene parásitos intestinales.

“En mi casa es como que se turnan, se cura una y le agarra a otra”, dice. “No paro, no paro”.

Desde hace más de una década, los vecinos de Campo Unamuno, un conjunto de cinco de los muchos barrios populares del conurbano bonaerense, luchan para que el gobierno repare y extienda el sistema cloacal, dañado hace unos diez años durante la construcción de un desagüe pluvial.

En 2022, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento aprobó un plan para conectar a la comunidad con una red cloacal adecuada. Pero el proyecto se frenó en noviembre de 2024, cuando el gobierno del presidente Javier Milei recortó el presupuesto y disolvió el ente.

El gobierno justificó la medida como una forma de optimizar recursos ante la superposición de funciones entre organismos. La Subsecretaría de Recursos Hídricos, que absorbió las funciones del ente, no respondió a la solicitud de comentarios de Global Press Journal.

Los problemas cloacales no son nuevos en Villa Fiorito, la localidad de 58.000 habitantes donde se encuentra Campo Unamuno. La mayoría de los barrios afectados tienen viviendas informales, donde nunca se construyeron redes cloacales. La zona es un ejemplo extremo de una crisis cloacal que atraviesa a todo el país: según el censo de 2022, casi el 40% de los argentinos no tiene acceso al sistema público de cloacas.

Sin infraestructura en funcionamiento, los vecinos de este barrio dependen de camiones atmosféricos para vaciar las cámaras sépticas. Los camiones eran contratados por el Municipio de Lomas de Zamora y por ACUMAR, una agencia creada en 2006 por orden judicial para sanear la Cuenca Matanza-Riachuelo, altamente contaminada. Villa Fiorito se ubica a orillas de esa cuenca, donde aproximadamente el 70% de la contaminación proviene de la falta de cloacas adecuadas.

Pero este sistema también está colapsando. Juan Jara, quien supervisa a los camiones, cuenta que el servicio semanal se redujo de nueve visitas a solo cuatro desde julio de 2024.

En una respuesta por escrito, la autoridad afirmó que el servicio de camiones era solo una ayuda complementaria.

Estos cambios burocráticos han tenido consecuencias devastadoras para la salud. Ahora los vecinos se ven afectados por forúnculos dolorosos, como Jara, que sufrió erupciones en su piel hace un año. La Organización Mundial de la Salud advierte que el saneamiento deficiente provoca enfermedades diarreicas, retrasa el crecimiento y fomenta la aparición de superbacterias resistentes a los antibióticos.

“Todo el proceso se cortó con este Gobierno”, dice Alberto Larez, enfermero y referente del barrio. “Desmantelaron todo lo que tenía que ver con ambiente”.

Milei, quien ha calificado el cambio climático como una “mentira socialista”, no tardó en degradar el Ministerio de Ambiente a subsecretaría, como parte de su promesa de eliminar aquellos ministerios que no considera prioritarios.

Lo que ocurre en Campo Unamuno viola un fallo de la Corte Suprema de 2008 que ordenó el tratamiento de efluentes como parte del plan de saneamiento de la cuenca, explica Giselle Munno Dithurbide, directora legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una organización no gubernamental enfocada en el ambiente.

“El acceso a los derechos básicos está aún siendo vulnerado”, dice Munno Dithurbide.