BUENOS AIRES, ARGENTINA – Cuando una recepcionista de un centro de salud público le pregunta a qué médico necesita ver, sin decir palabra Ramón Vicente Acuña se remanga un poco los pantalones y le muestra las piernas moradas y con escamas.
Acuña, de 54 años, vive desde hace cerca de un año en un barrio conocido como Villa Inflamable. Su casa queda a orillas del río Matanza-Riachuelo. A los cuatro meses de estar viviendo ahí, se le puso la piel roja y le salió un sarpullido con pus. Nunca entra al agua, pero al igual que muchos de sus vecinos, sí suele tomar de un pozo de agua cercano. Los doctores le dijeron que el sarpullido es una reacción alérgica, mayormente producida por la contaminación del río.
Acuña no es el único que padece estos síntomas. Él dice que se encuentra continuamente con gente que tiene las mismas reacciones en la piel. Y cuenta que, cuando acude una vez por semana al médico con la esperanza de encontrar una solución, ve a otras personas con distintos problemas que para él están relacionados con la contaminación del río. Los niños y los ancianos están sufriendo problemas en la piel, vómitos, diarrea y dolores de cabeza, según señala.
“Acá todo el mundo anda enfermo”, dice. “Es una bomba de tiempo. Si pudiera ir a vivir a otro lado, iría rápido”.
La gente que vive en los barrios que rodean la cuenca del río está al tanto de la contaminación desde al menos 70 años, según afirma Antonio Parodi, miembro de la Asociación de Vecinos La Boca, que toma el nombre de un barrio que bordea la cuenca. Los miembros de la asociación relevan temas de salud vinculados a la contaminación.
Pero, según Parodi y otros activistas, el gobierno no hizo nada al respecto durante años. Mucha gente dice que esperaba que la elección de Mauricio Macri como nuevo presidente trajera algún cambio, pero pasaron meses tras la asunción de Macri hasta que se nombró a un director para la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), la entidad gubernamental a cargo de monitorear la cuenca.
Sobre ACUMAR pesan demandas de la asociación y de los residentes para que sanee los aproximadamente 70 kilómetros de largo de la cuenca Matanza-Riachuelo, de modo tal de evitar una mayor contaminación, y para que reubique a las familias de las áreas más afectadas. Pero fuentes informadas señalan que la gente que vive ahí podría incluso recibir menos apoyo por parte del gobierno en el futuro: las unidades sanitarias móviles que brindan servicio médico a personas con afecciones vinculadas a la contaminación serían cerradas ya en mayo.
La cuenca de río Matanza-Riachuelo es una de las más contaminadas del mundo, según la organización ambientalista Greenpeace.
A lo largo de la cuenca están establecidas unas 20.000 empresas, según datos de 2013 de Greenpeace.
Alrededor de la cuenca viven unos 5 millones de personas, de las cuales el 35 por ciento no tiene acceso a agua potable, mientras que un 55 por ciento carece de cloacas, según la organización.
Verónica Odriozola, bióloga especializada en salud ambiental y ex colaborada de Greenpeace, señala que en la cuenca se han encontrado contaminantes industriales nocivos para la salud humana.
Según la experta, entre estos contaminantes hay hidrocarburos derivados de las refinerías, residuos de plaguicidas, cromo, cianuro, plomo, mercurio y otros metales pesados que pueden provocar problemas dérmicos y respiratorios. Odriozola trabajó como coordinadora de las campañas de Greenpeace contra los tóxicos y la contaminación durante 15 años, a lo largo de los cuales escribió y colaboró en varios informes sobre la contaminación de la cuenca.
“Se vive sobre una mezcla de basura y desechos químicos que no sólo pueden contaminar las napas, sino también emitir gases tóxicos”, dice en entrevista telefónica. “Los chicos juegan con las manos en la tierra, en el piso, y se contaminan”.
Parodi recuerda épocas en las que se podía nadar en el río.
“Después empezaron a llegar barcos grandes y el agua se llenó de petróleo”, dice. “Te metías a nadar y salías con las piernas negras de petróleo”.
La vida cambió muy rápido después de eso, según recuerda.
“Hasta mis 10, 11 años podía nadar”, dice a sus 88 años. “Después, ya no se pudo por la contaminación”.
En 2008, la corte suprema de Argentina emitió un fallo ordenando al gobierno nacional y a los de la provincia y ciudad de Buenos Aires sanear la cuenca del riachuelo e implementar un plan sanitario y de impacto ambiental.
Este plan fue publicado por ACUMAR en 2010. El plan establece que, además de atender las cuestiones medioambientales, los gobiernos debían reconstruir y mejorar las viviendas, además de reubicar a las familias que viven en las zonas afectadas, en el marco de un acuerdo gubernamental de 2006. El plan contiene una lista de más de 30 barrios afectados, incluyendo Villa Inflamable.
Pero los residentes de Villa Inflamable aún no han sido reubicados, según señala Luzmila Ramos, quien vive cerca de la orilla.
“Cuando llegamos al barrio y empezamos a tomar el agua de la canilla, el sabor fue malo. Estuvimos dos meses con diarrea”, dice Ramos, mientras espera ser atendida en el centro de salud público. “Tuvimos que empezar a tomar agua embotellada. Ahora ya volvimos al agua de la canilla, pero tratamos de tomarla lo menos posible. Yo tengo miedo de utilizar esa agua”.
Ramos cuenta que sus hijos, de 12 y 15 años, tuvieron sarpullido y urticaria.
Noemí Isabel Bayón, vecina de Villa Inflamable, dice que es común que la gente tenga dolores de cabeza, sarpullidos, vómitos, diarrea o calambres.
“Supuestamente nos iban a sacar del barrio, pero hasta ahora nunca nos llamaron”, dice. “Si me dieran la oportunidad de mudarme, me voy sin pensarlo”.
Bayón dice que en verano el olor fuerte del río se hace insoportable.
“Por la noche parece que fuera peor. Llega el olor, te arden los ojos y la garganta”, dice. “Y cuando te levantás, ves sobre los autos que hay como un rocío negro”.
Afirma que todavía espera que la reubiquen.
ACUMAR cuenta con unidades de salud móviles –camiones con equipamiento médico- que brindan atención gratuita a personas de los barrios más carenciados de la cuenca, según explica el Dr. Cristian Galeano, quien trabaja en una de esas unidades móviles.
Las enfermedades respiratorias, afecciones en la piel y problemas del aparato digestivo están para él vinculados con la contaminación del río. Dado que estas enfermedades son de rápido desarrollo, es fácil detectarlas en personas que se han mudado recientemente a la zona afectada.
“Las bronquiolitis en los bebés, el asma, el EPOC y la fibrosis pulmonar se dan con mucha frecuencia en la cuenca, porque son zonas con mucha polución”, explica el médico.
Galeano dice que la unidad móvil en la que trabaja también atiende a pacientes con cáncer, pero los médicos no han relacionado esta enfermedad con la contaminación del río porque es de desarrollo lento.
De todas formas, no está claro si estas personas van a seguir recibiendo atención médica a través de las unidades móviles, las cuales han brindado un servicio intermitente a lo largo del año. Las unidades dejaron de funcionar a mediados de febrero y reanudaron sus funciones recién a mediados de marzo, según Galeano. El médico ha recibido informalmente la versión de que el nuevo gobierno no continuaría con el servicio de las unidades móviles más allá de mayo.
Galeano añade que actualmente, sólo están operativas dos de 12 unidades y que sólo se concentran en casos de dengue.
ACUMAR ha sobreestimado su campo de acción en el pasado, según afirma Hernán Seoane, recientemente nombrado director de salud medioambiental en la entidad. En este sentido, dijo que esta dirección llevó a ACUMAR a invertir recursos en proyectos, tales como el de diagnóstico oftalmológico, cuando debería haberse concentrado en la contaminación de la cuenca.
“ACUMAR debe volver a sus roles y funciones primarias, concentrarnos en aquello que concierne a la contaminación”, dice.
Este enfoque –según señala- incluirá evaluar la continuidad de las unidades móviles.
Las unidades móviles seguirán trabajando al menos hasta fines de mayo, según Seoane. El director asegura que no se ha tomado una decisión respecto a si se suspenderá definitivamente el programa, y que el tema se definirá para esa fecha.
Pero Seoane cree que la atención médica a los residentes debería ofrecerse en otros sitios.
“ACUMAR no puede asumir la responsabilidad de asumir la atención de la salud de una familia a lo largo del tiempo”, dice. “Hay que transferir esa responsabilidad a los centros de salud de la zona”.
Seoane señala que no estaba interiorizado sobre los esfuerzos contra la contaminación de la cuenca.
En el pasado, vecinos de la zona han encontrado formas de combatir la inacción del gobierno. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una organización que promueve el desarrollo de políticas en temas de medio ambiente, creó una página web para movilizar a la gente ante la contaminación de la cuenca. El sitio web llamado “¿Qué pasa, Riachuelo?” da acceso a información sobre la cuenca, permite a los usuarios pedir datos sobre el estado del saneamiento y denunciar una zona contaminada, basural o fuente contaminante.
En el sitio están documentados 1.073 industrias declaradas agentes contaminantes, 83 basurales remanentes y 280 asentamientos, según sus organizadores.
Eduardo Abascal, un miembro de FARN que trabaja directamente en la página web, dice que la base de datos también utiliza información proveniente de ACUMAR. Abascal considera que se estaba avanzando con la administración anterior, porque las autoridades de ACUMAR habían respondido rápidamente, incluso hasta diciembre, a las solicitudes de información de la página hechas por el grupo.
Antes de que asumiera el nuevo gobierno, la Asociación de Vecinos de La Boca se reunía con funcionarios de ACUMAR cada dos semanas, según Alfredo Alberti, presidente del grupo. Alberti también vio esto como un avance.
Pero dice no han tenido ninguna reunión con autoridades por seis meses y añade que el gobierno anterior dejó de sostener reuniones con ellos poco antes de las elecciones.
“Teníamos esperanza”, dice Alberti, de 70 años. “Pero ya pasamos tres meses con un ACUMAR parado”.
Dice que, por ahora, la asociación continuará avanzando como pueda.
“Las reuniones nos permiten realizar un seguimiento del trabajo de ACUMAR”, dice. “Mientras más se espera, más gente se enferma y más gente se muere. No podemos seguir esperando”.
Ivonne Jeannot Laens, GPJ, adaptó este artículo de la versión en inglés.