Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Walter Alancay cosecha sal utilizando un pico en Salinas Grandes, un gran salar en la provincia de Jujuy en Argentina. En 2012, Alancay vio actividad por parte de una empresa minera y eso movilizó a las comunidades locales para firmar un acuerdo que obliga a las autoridades mineras externas a consultar con ellas antes de extraer litio y otros recursos naturales.
JUJUY, ARGENTINA — Aunque el litio se encuentra al fondo de este espeso salar conocido como Salinas Grandes, Walter Alancay cava su vasta superficie en busca de la sal.
Usa un pico para romper la pileta que se esculpió del salar y le saca los cristales. Eso fue lo mismo que estaba haciendo en 2012 cuando llegaron al salar las grandes máquinas de una empresa minera, dice.
“Vimos todo el movimiento, cómo montaban las máquinas que hacían las perforaciones”, dice.
Alancay se acercó a los obreros para averiguar qué estaban haciendo. Le dijeron que le preguntara a su patrón, a quien Alancay no pudo encontrar. Pero, para Alancay, las pruebas estaban claras. Inmediatamente quiso dar a conocer la información de lo que estaba ocurriendo.
Otras personas locales se enteraron de las actividades mineras de maneras igualmente bruscas.
Verónica Chávez, quien representa a la comunidad Santuario de Tres Pozos, dice que recibió huéspedes en su casa, pero después de que se instalaron se dio cuenta de que trabajaban para South American Salars S.A., una empresa minera filial de Orocobre Ltd., con sede en Australia. Los echó y fue inmediatamente al salar para ver los daños que ya se habían causado. Los obreros habían hecho perforaciones en el espeso salar para extraer muestras y analizar las condiciones para la posible exploración de litio.
“La tierra estaba toda rota”, recuerda. “El salar para nosotros es un lugar sagrado, parte de nuestra familia. No lo podemos destrozar, lo vivimos diariamente”.
Salinas Grandes, el salar que se extiende en la línea que divide las provincias de Salta y Jujuy en la punta norte de Argentina, es uno de los múltiples sitios que tienen mucha demanda entre las empresas mineras que buscan no solo litio — un ingrediente clave en las baterías de alta tecnología que les dan vida a los teléfonos celulares, carros eléctricos y otros productos — sino también boro, potasa y otros minerales. Varias empresas mineras del mundo han buscado concesiones aquí para explorar y extraer el litio, en un esfuerzo por sacarle partido al que los expertos dicen podría ser uno de los lugares más ricos en litio de la tierra. Algunas empresas ya han comenzado la exploración de litio en Salinas Grandes, mientras que otras han extraído el mineral de otros salares de la región.
En algunos casos, las comunidades han firmado acuerdos con las empresas que buscan litio, pero han descubierto que esos acuerdos las han dejado con tierras estériles y poco dinero — una experiencia común para grupos rurales e indígenas que viven donde los recursos naturales abundan.
Pero ese no es el caso de 33 comunidades indígenas de la zona de Salinas Grandes, entre ellas las de Alancay y Chávez. Su oposición a una empresa minera en 2012 terminó causando la creación a finales de 2015 de un documento llamado el Kachi Yupi, el cual exige que las empresas que proponen trabajar en la zona consulten con los grupos indígenas y sigan un protocolo que respete su cultura.
Argentina tiene una ley cuyo propósito es proteger los derechos que tienen los grupos indígenas sobre las tierras donde han vivido, pero esa ley no es efectiva porque no se ha implementado completamente, según la Comisión Internacional de Juristas, una organización de derechos humanos con sede en Ginebra.
Según los líderes comunitarios, el Kachi Yupi es un protocolo que explica las maneras en las que las entidades externas, como las empresas mineras, deben buscar acuerdos locales para los proyectos que proponen. Las 33 comunidades que son parte del Kachi Yupi están trabajando con los gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy para formalizar el documento, pero sus directrices ya tienen autoridad. La defensoría del pueblo de la nación reconoció oficialmente el documento en mayo de 2016 y recomendó que los gobiernos locales lo respetaran. Las 33 comunidades están negociando con los gobiernos de Jujuy y Salta para formalizar el proceso que describe el documento.
Dajin Resources Corp., una empresa minera con sede en Canadá, quiere explorar el salar Salinas Grandes en busca de litio, pero esos planes se han frenado, dicen los líderes de la empresa, por las directrices del Kachi Yupi.
Las actividades de Dajin en su reclamo de 93 077 hectáreas no se han rechazado, pero no se aprobarán hasta que la empresa no cumpla totalmente con los requisitos del Kachi Yupi, dice Natalia Silvina Sarapura, secretaria de Pueblos Indígenas del gobierno de la provincia de Jujuy.
Esa secretaría, creada en 2015, desestimó un acuerdo previo que Dajin había firmado con las comunidades locales y le ordenó a la empresa buscar aprobación para la exploración minera mediante el proceso del Kachi Yupi.
Catherine Hickson, jefa de operaciones de Dajin, dice que la empresa ha hecho todo lo que se le ha pedido desde 2007, cuando por primera vez notó el potencial de litio que había en Salinas Grandes. Expresó sentirse frustrada con el proceso.
“Hemos estado esperando, y seguimos esperando”, dice. “El Kachi Yupi no tiene un proceso consultivo. Es un documento que dice, ‘Debe consultar con nosotros’, pero no dice cómo hacerlo. Estamos esperando que nos aclaren eso”.
Fernando Muñoz Carmona, geólogo y asesor local de Dajin, dice que las comunidades del Kachi Yupi deben aceptar que las empresas mineras y el estado solicitarán que se modifique el documento.
“Si se establece, acepta y acuerda un protocolo de consulta entre las tres partes, [incluyendo] el estado, las comunidades y las empresas, servirá de prueba piloto para lograr un procedimiento de consulta provincial”, dice.
La comunicación entre todas las partes será necesaria para llegar a una solución con la que estén todos de acuerdo, dice, añadiendo que se siente optimista de que pueda suceder, y de que el Kachi Yupi pueda convertirse en un punto de referencia para todos los acuerdos mineros de Argentina.
A pesar de que Muñoz Carmona asegura que las empresas mineras intervendrán en el Kachi Yupi, no existe ninguna evidencia de que se modificará. En lo que a las personas locales se refiere, el documento es definitivo.
“Ahora que tenemos el Kachi Yupi, un documento escrito, es más fácil que el gobierno nos respete”, dice Chávez.
El “oro blanco” de Argentina
El Kachi Yupi se redactó cuando más empresas mineras empezaron a dirigir su atención a la riqueza de litio que hay en el norte de Argentina. El país tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo, luego de Chile y China. Australia y Chile son los principales productores de litio, y Argentina está en tercer lugar, pero el rápidamente cambiante panorama político del país podría lograr que se abra a un aumento notable de actividades mineras. El Presidente Mauricio Macri, quien asumió el poder a finales de 2015, eliminó rápidamente los controles de capital, una movida que provocó nuevo interés por parte de empresas mineras internacionales.
Deloitte, una firma de consultoría con sede en Estados Unidos, predijo en 2016 que Argentina está preparada para ser líder mundial de la producción de litio, a veces conocido como “oro blanco”. La provincia de Jujuy, localizada al extremo norte de Argentina, es parte de lo que los expertos de minerales llaman el “triángulo del litio”, una zona que se compone de secciones de Argentina, Bolivia y Chile, y que se cree cuenta con grandes depósitos del mineral.
Es difícil verificar los detalles de los proyectos específicos de minería en Argentina, incluyendo el número de empresas que buscan permiso para explorar el litio, porque los gobiernos provinciales administran tanto las concesiones como los acuerdos de supervisión. En Jujuy, el departamento de minería provincial no dio a conocer los registros catastrales — los mapas e información relacionada que detalla las concesiones y actividades mineras — durante un periodo de meses mientras que esos registros se revisaban y organizaban. Esos registros volvieron a estar disponibles en noviembre. Un mapa creado por Global Press, utilizando esos registros públicos catastrales, reveló que algunas de las concesiones de los mapas no especifican cuáles son las empresas mineras que allí operan.
(Haga clic en el menú ubicado en la parte superior izquierda del mapa para ver los diferentes tipos de actividad)
La provincia argentina de Jujuy es un destino codiciado para las empresas mineras que buscan litio, oro, bórax y otros recursos naturales. Gran parte de la provincia es reclamada de alguna forma por las compañías mineras, como se muestra en este mapa. Casi todas las 33 comunidades que firmaron el Kachi Yupi, un acuerdo que establece la forma en que las empresas que proponen trabajar en la zona deben consultar a los grupos indígenas, se ubican en la provincia de Jujuy. Las otras comunidades se ubican en la provincia vecina, Salta. Secretaría de Minería e Hidrocarburos, Gobierno de Jujuy
Funcionarios del departamento de minería de Jujuy le dijeron a Global Press que solo dos empresas se encuentran extrayendo litio activamente en la actualidad. Una de ellas es Sales de Jujuy, la filial de Orocobre que, juntamente con Toyota Tsusho Corporation de Japón, abrió oficialmente la mina Salar de Olaroz en el salar Olaroz-Cauchari a finales de 2014, y comenzó a producir el mineral a principios de 2015.
La otra, Lithium Americas, que opera localmente como Minera Exar, tiene intereses en la zona. Ambos proyectos aparecen como que están dirigidos en sociedad con Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), la empresa minera del estado.
Las comunidades de esas zonas se han quejado de los graves efectos medioambientales, incluyendo la escasez de agua. Ni Lithium Americas ni Orocobre respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo.
Las comunidades que son parte del Kachi Yupi están preocupadas por que el proyecto de minería propuesto por Dajin ponga también en peligro sus fuentes de agua, y profane el salar.
Marcelo Sticco, geólogo quien hasta 2013 trabajó como experto en hidrología de la Oficina de Defensoría de la provincia de Jujuy en proyectos de litio, dice que las preocupaciones de las comunidades son bien fundadas.
La extracción de litio requiere hacer perforaciones en el salar para sacar agua con sal del centro y agua fresca de los bordes. Estas perforaciones pueden alterar el régimen de agua de la zona, aumentando la salinización de la poca agua fresca de la cuenca, dice.
Las comunidades tienen vínculos económicos y espirituales con Salinas Grandes, según Clemente Flores, quien representa a las 33 comunidades del Kachi Yupi. Son los nativos de esta zona y sus antepasados quienes durante mucho tiempo han cultivado la sal para utilizarla como medio de subsistencia.
“El agua es vida”
Las empresas mineras tienen historial no solo de generar impactos ambientales, sino también de incumplir sus promesas a las comunidades locales, según Pía Marchegiani, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una organización medioambientalista sin fines de lucro que apoyó a las comunidades durante la creación del Kachi Yupi.
Muchas veces las empresas les prometen buenos empleos a las personas locales, pero esos empleos terminan siendo para hacer tareas como cocinar y limpiar, dice Marchegiani. Además, las empresas se acercan a las comunidades una por una, lo que deteriora el tejido social local.
Hickson, de Dajin, piensa que no tiene por qué ser así. Pone como ejemplo el acuerdo original que su empresa firmó con comunidades de alrededor de Salinas Grandes, lo que le habría permitido a Dajin comenzar la exploración de litio.
“Los íbamos a ayudar a restaurar algunos edificios, los cuales se iban a utilizar para hospedar a las personas que fueran a trabajar con el proyecto”, dice Hickson. “Se le iba a pagar dinero a la comunidad todos los meses…estaban satisfechos”.
Había planes de llevar a las personas de las comunidades de Salinas Grandes a ver la mina de Lithium Americas en el salar Olaroz-Cauchari para mostrarles que no hay nada que temer, dice. Y cuando se le informó a Dajin que tendría que buscar sus permisos mediante el proceso del Kachi Yupi, la empresa obedeció.
“Dijimos, ‘No hay problema con esto, pero sí necesitamos que nos den un marco de tiempo’”, dice Hickson. “Nunca pudieron darnos un marco de tiempo”.
Para muchas personas en las comunidades del Kachi Yupi, ese marco de tiempo no incluye la fecha de cuándo Dajin pueda comenzar su trabajo.
“Los derechos y el futuro no se negocian”, dice Félix Vediae, quien representa a la Comunidad Originaria Aylls, una de las firmantes del Kachi Yupi. “El agua es vida, y queremos dejarles algo a nuestros descendientes”.
Terry Aguayo, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés y tradujo varias entrevistas de inglés a español.
