Editorial Team
Publication Date
July 10, 2018
Lucila Pellettieri, GPJ Argentina
Graciela Ferrari aprendió jardinería en el centro de la Fundación iPNA en la Provincia de Buenos Aires. El centro les ofrece a personas con discapacidades actividades recreativas y les ayuda a ser más autosuficientes, dice Ferrari.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA — En el Centro de Día, un centro administrado por la Fundación IPNA, una organización sin ánimo de lucro local, algunas personas se reúnen en el comedor. El día acaba de comenzar y se está sirviendo el desayuno. Daniel Verdura, de 40 años, come su porción con gusto.
El centro les ofrece actividades recreativas y oportunidades para el desarrollo profesional a personas con discapacidades intelectuales. Verdura viene al centro desde hace cuatro años.
Según una ley de 1997, el estado les debe garantizar asistencia médica, medicinas, educación especial, cuidados en centros especializados y transporte, entre otras provisiones, a las personas con discapacidad que no cuentan con seguridad social.
El Programa Federal Incluir Salud es el esquema público de seguridad social que le permite a Verdura visitar el Centro de Día. Sin el programa, Verdura tendría que pagar unos 24.700 pesos argentinos (885 dólares) cada mes para asistir al centro.
Hasta hace unos meses, el 85 por ciento de quienes llegaban al centro dependían de que el estado cubriera los gastos de sus visitas, dice Jorge Goldman, el director de la Fundación IPNA.
Pero el estado no ha pagado las cuotas de algunas personas.
“Tenemos retrasos en los pagos de cinco meses”, dice Goldman y añade que el centro funciona gracias a las cuotas de los usuarios. “Nos hemos podido mantener gracias a ahorros que tenía la fundación, pero no sabemos cuánto tiempo más vamos a poder seguir”.
Este problema afecta a todo el país. La financiación esporádica del gobierno está impidiendo que las personas con discapacidad (más de dos millones de personas, según una encuesta nacional de 2003) accedan a servicios médicos, medicamentos y los cuidados de rehabilitación que necesitan.
Desde diciembre el gobierno ha dejado de hacer pagos regulares a nombre de algunas personas cubiertas por el Programa Federal Incluir Salud, dice Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CADIS), una asociación de organizaciones locales que se enfoca en los derechos de las personas con discapacidades. Los proveedores de servicio están sucumbiendo ante la presión, dice.
“Se cortaron servicios de transporte. Algunas instituciones cerraron, otras no aceptan nuevos usuarios de Incluir Salud, otras trabajan con grupos de chicos más grandes para ahorrar en profesionales”, explica Ramos. “Se deteriora la calidad de la atención”.
El centro de la Fundación IPNA comenzó el año aceptando a visitantes, incluso si sus cuotas mensuales se habían demorado, dice Andrea Correnti, directora del centro. Que el gobierno autorice y ejecute los pagos puede tomar varias semanas, añade Correnti.
“Hay chicos que están desde principio de año sin actividad porque desde Incluir Salud demoran en darles la autorización. Nosotros antes los recibíamos igual con la autorización en trámite”, dice. Pero, ahora que los recursos de la fundación están bajos, esto ya no es una opción.
Laura Guerrero, la psicóloga del centro, teme que deba cerrar.
“Vivimos con el miedo de no saber hasta cuándo se va a sostener esta institución y la fuente laboral”, dice.
Los usuarios del centro están igual de preocupados.
Graciela Ferrari ha estado viniendo al centro por ocho años. Dice que aprendió a cocinar, a administrar una huerta y a ser autosuficiente a través de las actividades disponibles aquí.
“Si no puedo venir más acá ¿qué hago?”, se pregunta. “Esto para mí es mi vida”.
Ferrari tiene parálisis cerebral y necesita dosis regulares de un medicamento para las convulsiones y de suplementos nutritivos. Desde el fin del año pasado el estado no le ha entregado los medicamentos que antes recibía regular y gratuitamente, dice. La madre de Ferrari, Beatriz Rueco, dice que su hija necesita el medicamento para las convulsiones y los suplementos cada día. Rueco ahora cubre el costo de ambas cosas: 190 pesos (6,80 dólares) por el medicamento para las convulsiones y 460 pesos (16,75 dólares) por los suplementos nutritivos cada mes.
Verdura, quien tiene diabetes, enfrenta un reto similar. Necesita tiras para medir la glucosa, la herramienta fundamental para hacer exámenes de glucosa en la sangre. Sin ellas, es difícil monitorear y controlar su diabetes.
“Antes me las daban gratis en el hospital”, dice. “Ahora ya no las consigo”. Ya han pasado seis meses desde la última vez que Verdura recibió las tiras de su hospital local.
El paro de los pagos es el resultado de una transición entre entidades gubernamentales, dice Pablo Atchabahian, el director nacional del Programa Federal Incluir Salud. En marzo, la Agencia Nacional de Discapacidad se hizo cargo del programa de seguridad social, que antes estaba bajo el Ministerio de Salud.
Atchabahian dice que los funcionarios públicos encargados del tema están trabajando para asegurarse de que los pagos para aquellos que hacen parte del programa se reanuden.
Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
