Editorial Team
Publication Date
July 27, 2022
LUCILA PELLETTIERI, GPJ ARGENTINA
Vanesa, una profesora de secundaria, trabaja mientras su hija de un año, Itzamara, se sienta en su regazo en su casa en Buenos Aires, Argentina.
BUENOS AIRES, ARGENTINA — Vanesa, una profesora de secundaria, entretiene a su inquieta hija dándole un teclado de computadora viejo para que juegue mientras ella califica trabajos por internet. Itzamara, de un año, quiere ser como su mamá.
Vanesa había planeado volver a trabajar después de que naciera su hija, confiando en que habría cupo para Itzamara en el jardín maternal, ya que la constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que debe brindarse educación gratuita desde los 45 días de vida. Pero meses después de su solicitud, la madre sigue esperando. Vanesa inició acciones legales para exigir a la Ciudad que le diera una vacante a su hija. Mientras espera respuesta, pidió no publicar su apellido ni el de su hija por temor a que eso la perjudique en el proceso.
Itzamara es una entre más de 3800 menores de cinco años que esperan un cupo en los centros de educación pública de la capital argentina. La apremiante situación ha empeorado con la pandemia del coronavirus, dado que más familias han tenido que recortar sus gastos, entre ellos el de la educación privada, ejerciendo más presión sobre las vacantes en las escuelas públicas. La insuficiencia de cupos ha dejado a miles de niñas y niños sin educación temprana fundamental, y muchas madres han tenido que abandonar la fuerza laboral o reducir las horas laborales para quedarse en casa.
En octubre de 2021, Vanesa, profesora de Economía, anotó a su hija en los cinco jardines más cercanos a su hogar y a las escuelas donde da clase, lista para comenzar el nuevo ciclo escolar en marzo. La respuesta fue unánime: “No tenemos vacantes, queda en lista de espera”. Al no tener dónde dejar a su hija mientras trabaja, Vanesa depende de la ayuda de sus familiares y tuvo que resignar horas de trabajo, con lo que sus ingresos se redujeron en un 40%.
En 2007, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una organización defensora de los derechos humanos, presentó una demanda contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en nombre de los y las menores de cinco años que no pudieron acceder a un cupo en los jardines infantiles. La causa tuvo éxito y se le ordenó al gobierno de la Ciudad la construcción de suficientes escuelas para satisfacer la demanda para 2010.
Sin embargo, el gobierno no ha cumplido con el fallo: solo se han construido 30 escuelas de educación temprana, y miles de menores aún no tienen un cupo en los centros de enseñanza, dice Francisco Rodríguez Abinal, abogado y coordinador de un programa de derechos de la niñez en esta asociación.
Según las estimaciones de Rodríguez, faltarían al menos 22 escuelas más para cubrir la lista de espera actual. No obstante, en el último informe oficial de obras proyectadas que recibió la asociación solo figuraba la construcción de una escuela y la ampliación de un aula de un jardín de infantes, dice Rodríguez. “El Gobierno debiera tener un plan de obra que pueda cubrir la falta de vacantes. La realidad es que eso no ocurre”.
El Ministerio de Educación de la ciudad no respondió a los pedidos de comentarios.
La educación durante la primera infancia mejora el desempeño escolar posterior de niños y niñas y es crucial para construir sociedades más justas, dice Verona Batiuk, experta en educación infantil de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Argentina.
“Favorece la reducción de la pobreza, baja los niveles de vulnerabilidad y violencia en el desarrollo posterior. Brinda un piso muy beneficioso para quienes la reciben, sobre todo quienes pertenecen a población en condición de vulneración social; para esos niños eso hace una gran diferencia”, explica Batiuk.
Pero también impacta fuertemente la vida de las madres, sobre quienes recaen principalmente las tareas de cuidado, señala Giselle Furlong Pader, titular de la Secretaría Letrada Derecho en la Educación del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. Este organismo busca garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía y apoya a las familias que no encuentran vacantes en los jardines maternales.
“Cuando pensamos en los derechos vulnerados por la falta de vacantes, una de las situaciones es la de las mujeres que quedan sin trabajar, sin estudiar, sin la posibilidad de compartir la crianza con otros”, dice Furlong.
Aunque la familia de Vanesa puede ayudarla a cuidar de su hija durante el horario laboral, la posibilidad de que no haya un trabajo a tiempo completo al que volver cuando Itzamara comience la escuela es una preocupación constante.
“Yo tengo que salir a trabajar, y quiero salir a trabajar, a ejercer mi profesión, pero tuve que tomar la decisión de reducir mi jornada laboral por esta problemática. Tuve que renunciar a horas cátedra, perdí trabajo que no sé si voy a poder recuperar”, dice Vanesa.
Ante la falta de espacios de educación pública, una opción es pagar por educación preescolar privada, pero este es un costo adicional que está fuera del alcance de muchas familias, incluso más durante la pandemia.
La pandemia golpeó muy fuertemente a los jardines privados, afirma María Teresa Rosendo, presidenta de la Asociación Civil Coherencia, que nuclea a los jardines maternales privados de Argentina. “La matrícula que teníamos en 2019 no se pudo recuperar, quedaron muy devastados”, dice.
Rosendo calcula que, desde 2020, casi 80 jardines privados han cerrado en la Ciudad de Buenos Aires debido a la disminución en la matrícula.
Bárbara Pintor dice que no tuvo más opción que inscribir a su hijo de un año en una guardería privada después de que le dijeron que no había vacantes en los jardines públicos de la ciudad. Pero el costo es una enorme carga económica, explica Pintor, quien trabaja como empleada administrativa.
“Estoy pagando la guardería pero ya no doy más. No llego a fin de mes. Estoy pagando menos de tarjeta [de crédito] hace tres meses, endeudándome”, dice Pintor.
Pintor también inició acciones legales contra la Ciudad para acceder a una vacante. Espera que le den una respuesta pronto, ya que no puede ni quiere dejar de trabajar. Mientras tanto, sus deudas siguen acumulándose.
Lucila Pellettieri es reportera de Global Press Journal, radicada en Buenos Aires, Argentina.
NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.
